Estudiantes del Colegio San José de barrio Alto Alberdi, en Córdoba Capital, levantaron una toma del establecimiento tras más de 24 horas de protestas. La medida de fuerza se originó por la suspensión de la directora del nivel secundario, impuesta por la sociedad propietaria del colegio.
La controversia comenzó cuando la directora decidió amonestar a un grupo de alumnos por su presunta participación en la observación de fotos íntimas de una compañera. Esta decisión, considerada desmedida por los propietarios, desencadenó la actual crisis.
Los hechos: Diferentes versiones de un mismo suceso
Según la versión de la directora, el grupo de adolescentes participó en la difusión de imágenes privadas de una estudiante. Sin embargo, los padres de los alumnos sancionados afirman que sus hijos solo visualizaron las fotografías y que, tras la amonestación, sufrieron hostigamiento.
Esta discrepancia en los hechos es central para entender el conflicto. La percepción de una sanción injusta e incluso de una falta de debida diligencia en la investigación interna por parte de la dirección del colegio, según la visión de los padres y de los estudiantes, fue el detonante de la toma del colegio.
Las sanciones y sus consecuencias
Ante la protesta de los padres, quienes solicitaron mediante una carta que la directora pidiera disculpas a los alumnos y aclarara información considerada errónea, además de revocar las sanciones, la sociedad propietaria intervino. En lugar de mediar entre las partes, decidieron anular las amonestaciones impuestas a los alumnos y suspender a la directora por 15 días sin goce de sueldo, argumentando que no se presentó a una reunión convocada para tratar el tema.
La suspensión de la directora, a ojos de los alumnos y parte del cuerpo docente, fue percibida como una sanción desproporcionada e injusta. La falta de un proceso interno de investigación adecuado, con audiencias de partes, sumarios previos, y un tratamiento acorde al peso de las acusaciones, según los testimonios recabados, es considerado un acto de injusticia dentro del marco del colegio.
La toma del colegio: una protesta en busca de soluciones
La toma del colegio fue la respuesta estudiantil a lo que percibieron como una falta de justicia. El apoyo del profesorado fue explícito, señalando la arbitrariedad de la sanción a la directora y demandando su inmediata restitución.
La intervención de los gremios docentes, y el accionar del Ministerio de Educación, ha sido crucial en el desenlace del conflicto. La presión de diferentes sectores en busca de un acuerdo, más la búsqueda activa por parte del Ministerio de Educación de vías para garantizar la continuidad de la educación de los estudiantes afectados por el conflicto, contribuyeron a la resolución final del mismo.
El fin de la toma y las perspectivas futuras
Tras más de 24 horas, la toma del colegio finalizó luego de que la sociedad propietaria accediera al diálogo. Aunque no se revirtió la suspensión de la directora, la apertura al diálogo mediado por las autoridades educativas permitió un camino hacia la resolución pacífica del conflicto.
El caso del Colegio San José destaca la complejidad de abordar temas delicados como el ciberacoso y la difusión de imágenes íntimas entre menores. Además, resalta la necesidad de contar con protocolos claros y justos para abordar conflictos al interior de las instituciones educativas, garantizando los derechos tanto de los alumnos como de los docentes.
Voces involucradas: Docentes, padres y autoridades
Paula Schialer, delegada docente, calificó la sanción como arbitraria, injusta y desmedida, reclamando su inmediata reversión. Señaló la ausencia de advertencias o procesos internos previos a la sanción, resaltando el hecho de que las amonestaciones a los estudiantes ocurrieron luego de la intervención de la dirección en un caso complejo, situación esta que fue considerada como injusta y arbitraria por parte del cuerpo docente.
Desde la perspectiva de los padres, la suspensión de la directora es vista también como un desequilibrio en la forma en la que se resolvió la problemática inicial. Ellos expresan preocupación por un posible silenciamiento de la problemática del acoso y la circulación de fotos íntimas.
El Ministerio de Educación, representado por Darío Ramos, titular de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza de Córdoba (DGIPE), hizo hincapié en la importancia de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, facilitando el diálogo para alcanzar un acuerdo. Esto deja abierta la interrogante sobre el futuro de la directora, si bien la toma fue levantada, los reclamos persisten.
La imagen muestra a estudiantes reunidos frente al colegio, en señal de protesta.
