Córdoba, Argentina, se encuentra en la vanguardia de una iniciativa que busca abordar la delincuencia juvenil y la violencia de género de una manera innovadora: el uso de tobilleras electrónicas. Esta medida, pionera en el país para adolescentes no punibles, menores de 16 años que no pueden ser judicializados, abre un debate crucial sobre los límites de la responsabilidad penal, la protección de los derechos de los menores y la búsqueda de soluciones efectivas para prevenir la reincidencia.
Un caso emblemático: MSM y el laberinto judicial
El caso de MSM, un adolescente de 15 años con 19 intervenciones policiales y judiciales en su haber, ilustra la complejidad del problema y la necesidad de nuevas herramientas. La jueza Ileana Benedito, tras un exhaustivo análisis del caso, autorizó la colocación de una tobillera electrónica a MSM como medida excepcional para garantizar su alejamiento del barrio Marqués Anexo, un entorno considerado perjudicial para su rehabilitación. Esta decisión, sin precedentes en Córdoba, sienta un precedente importante en el tratamiento de menores no punibles con un historial de comportamiento problemático.
La medida, impulsada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), busca complementar las estrategias de tratamiento existentes, como la justicia restaurativa y los programas de atención temprana. Sin embargo, la autorización del uso de tobilleras electrónicas en menores no punibles también ha generado controversia, planteando interrogantes sobre la proporcionalidad de la medida y la posibilidad de estigmatización.
El debate legal y ético: ¿privación de libertad encubierta?
La decisión de la jueza Benedito se enmarca en un contexto legal complejo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ha ratificado en reiteradas ocasiones que la privación de la libertad para menores de 16 años es inconstitucional. Sin embargo, la Senaf argumenta que la tobillera electrónica no constituye una privación de libertad, sino una medida de control y protección que permite el seguimiento del adolescente y el cumplimiento de las restricciones impuestas por la justicia.
Expertos en derecho penal juvenil coinciden en que la tobillera electrónica debe ser utilizada como último recurso, cuando las demás medidas de contención y tratamiento hayan fracasado. Además, es fundamental garantizar que la aplicación de esta medida no vulnere los derechos fundamentales del menor, como el derecho a la educación, la salud y la integración social. La supervisión judicial y el acompañamiento psicosocial son cruciales para asegurar que la tobillera electrónica sea una herramienta efectiva para la rehabilitación y no un instrumento de castigo.
Justicia restaurativa: una alternativa al encierro
Ante la imposibilidad de recurrir al encierro para menores no punibles, la justicia restaurativa se presenta como una alternativa prometedora. Este enfoque, que prioriza la reparación del daño causado a la víctima y la reintegración del joven a la sociedad, ha demostrado una alta tasa de éxito en la prevención de la reincidencia. En Córdoba, el programa de Justicia Restaurativa del Fuero Penal Juvenil ha logrado resultados alentadores, con una baja tasa de reincidencia entre los jóvenes que han participado en el programa.
La jueza Benedito, defensora de la justicia restaurativa, destaca la importancia de abordar la problemática de la delincuencia juvenil desde una perspectiva integral, que considere las circunstancias personales del menor, su entorno familiar y social, y las causas que lo llevaron a cometer el delito. “Siempre se puede hacer algo”, afirma la magistrada, resaltando la necesidad de buscar soluciones alternativas al encierro que promuevan la rehabilitación y la reinserción social.
Tobilleras electrónicas en casos de violencia de género: una herramienta de protección
El uso de tobilleras electrónicas no se limita a los menores infractores. En Córdoba, también se ha implementado esta tecnología para el control de agresores en casos de violencia de género. La primera pulsera electrónica fue activada recientemente por orden de la Jueza Gabriela Asís, del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores. Este dispositivo permite monitorear en tiempo real la ubicación del agresor y asegurar el cumplimiento de las restricciones perimetrales impuestas por la justicia, brindando mayor seguridad a la víctima.
El sistema de monitoreo, que incluye un dispositivo de geolocalización para la víctima y una pulsera o tobillera electrónica para el agresor, envía alertas a una unidad de monitoreo en caso de que se violen las restricciones. Esta herramienta, que forma parte de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, busca proporcionar una respuesta más efectiva a la problemática de la violencia de género, protegiendo la vida y la integridad de las víctimas.
La implementación de las tobilleras electrónicas en casos de violencia de género representa un avance significativo en la protección de las víctimas, pero también plantea desafíos. Es crucial garantizar la eficacia del sistema de monitoreo, la capacitación adecuada del personal encargado de la vigilancia y la atención integral a las víctimas, que incluye apoyo psicológico, legal y social.
Un camino hacia la prevención y la reinserción
La implementación de tobilleras electrónicas, tanto para adolescentes infractores como para agresores en casos de violencia de género, representa un nuevo enfoque en la búsqueda de soluciones para problemas complejos. Si bien esta herramienta no está exenta de controversias, su uso responsable y regulado, combinado con estrategias de tratamiento y acompañamiento, puede contribuir a la prevención de la reincidencia, la protección de las víctimas y la construcción de una sociedad más segura.
El debate sobre el uso de tobilleras electrónicas en menores no punibles recién comienza. Es fundamental que la sociedad, los legisladores y los operadores judiciales reflexionen sobre las implicancias éticas y legales de esta medida, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de los menores y la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana.
En Córdoba, la experiencia con las tobilleras electrónicas será un caso de estudio para el resto del país. Los resultados de esta iniciativa, tanto en términos de prevención de la reincidencia como de protección de las víctimas, serán clave para evaluar la eficacia de esta herramienta y determinar su futuro en el sistema judicial argentino.
