La designación de los nuevos jueces de la Corte Suprema se ha convertido en un campo de batalla político, donde la negociación y la amenaza de un decreto presidencial se enfrentan. El Gobierno, liderado por Javier Milei, impulsa las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Sin embargo, la falta de consenso en el Senado ha abierto la posibilidad de un nombramiento por decreto, una medida que genera controversias y tensiones institucionales.
La estrategia del Gobierno: ¿Negociación o decreto?
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió públicamente que la posibilidad de nombrar a Lijo y García Mansilla por decreto está bajo análisis. Esta declaración confirma las crecientes especulaciones sobre la voluntad del Gobierno de recurrir a esta vía si no se logra el consenso en el Senado antes del receso parlamentario. La estrategia busca evitar que la Corte Suprema continúe con su actual composición, generando un vacío de poder en el máximo tribunal.
Esta alternativa no es solo una medida de presión política. Francos expresó abiertamente las dificultades que enfrenta el oficialismo al ser minoría en el Senado. La vía del decreto, habilitada por el artículo 19 de la Constitución Nacional, se presenta como una alternativa para sortear los obstáculos parlamentarios. Esto representa un desafío significativo al sistema de control y equilibrio de poderes.
La postura del kirchnerismo y la oferta rechazada
El kirchnerismo, por su parte, ha enviado señales contradictorias. Si bien algunos senadores han mostrado una mayor apertura a la candidatura de Lijo, la figura de García Mansilla es considerada inaceptable. La semana en que la justicia confirmó la condena contra Cristina Kirchner, se realizó una propuesta desde el kirchnerismo: apoyo a Lijo a cambio del retiro de la candidatura de García Mansilla y el nombramiento de María de los Ángeles Sacnun en su lugar.
La propuesta incluía también el apoyo al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, para ocupar el cargo de Procurador General. Sin embargo, esta oferta fue rechazada por el Gobierno, que insiste en el nombramiento simultáneo de ambos jueces. Esto revela una profunda grieta en las negociaciones.
Esta decisión podría ser interpretada como un signo de intransigencia por parte del gobierno. Pero, por otro lado, refleja la estrategia de mantener la unidad de su propuesta original. El Gobierno considera a ambos jueces indispensables para lograr la recomposición de la Corte y darle un nuevo equilibrio.
Las consecuencias de un decreto presidencial
El nombramiento por decreto de los jueces generaría un fuerte impacto político e institucional. Esto podría desatar una fuerte crisis política con posibles recursos judiciales y una mayor polarización del debate público. La legitimidad de los nuevos jueces quedaría en entredicho, lo que afectaría la confianza en el sistema judicial.
Además, el peronismo ya advirtió que intentaría anular la designación por decreto apenas tenga oportunidad en el Senado. Expertos en derecho constitucional coinciden en que la vía del decreto no garantizaria legitimidad suficiente a largo plazo, y su pliego no podría volver a ser tratado en el futuro, poniendo aún más en riesgo la composición de la Corte.
La presión sobre el Gobierno para lograr una negociación antes de que culminen las sesiones ordinarias del Congreso es significativa. La falta de acuerdos podría generar un escenario de inestabilidad política de dimensiones difíciles de calcular.
El Presupuesto 2025 y la relación Milei-Villarruel
Francos, además de abordar la situación en la Corte, se refirió a la compleja relación entre el Presidente, Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Si bien reconoció diferencias de opiniones entre ambos, aseguró que el Presidente es quien define y ejecuta la política del país, minimizando el impacto de las controversias públicas entre la fórmula presidencial.
El debate en torno al Presupuesto 2025 también añade complejidad al escenario político. Francos adelantó que el Gobierno no aceptará modificaciones que comprometan el equilibrio fiscal, sugiriendo que las negociaciones sobre el mismo serán complejas, y potencialmente, complicadas.
Un escenario complejo e incierto
La decisión sobre los nombramientos a la Corte Suprema se encuentra en un punto crítico. El Gobierno mantiene su opción por un nombramiento simultáneo de Lijo y García Mansilla, manteniendo la opción del decreto como alternativa de ultima instancia. La negociación política en curso parece compleja y el tiempo se agota. El escenario político-judicial argentino se mantiene tenso e incierto.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar si se alcanza un acuerdo en el Senado o si el Gobierno finalmente recurre al controvertido nombramiento por decreto. Las consecuencias de ambas opciones se proyectan en la estabilidad institucional y el debate político de cara al futuro.
