La salud pública argentina se encuentra en estado crítico, y no por falta de recursos, sino por la corrupción que carcome sus cimientos. Un escándalo de sobreprecios en la compra de medicamentos en hospitales públicos ha destapado una red de sobornos y negociados que dejan a la población desprotegida y a merced de la avaricia de unos pocos. Precios inflados hasta en un 495% sobre el precio de referencia. ¿Cómo es posible que esto suceda? Simplemente, porque la impunidad reina en los pasillos de la administración pública.
Un escándalo de proporciones gigantescas
El Gobierno, en un comunicado tibio y lleno de eufemismos, anunció la detección de sobreprecios en la compra de medicamentos. Sin embargo, los pocos detalles revelados solo confirman la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y extendido.
La investigación señala que una docena de hospitales, algunos totalmente dependientes del gobierno nacional, otros con jurisdicción compartida, han estado realizando compras fraudulentas. Nos encontramos con cifras escalofriantes: en el Hospital Posadas, el Diclofenac se compró a más del triple de su precio real; mientras que en el Hospital Sommer, la Amoxicilina y el Ácido Clavulánico fueron adquiridos con un sobreprecio del 98%. Pero lo peor estaba por llegar: En el Hospital El Cruce, el Omeprazol se compraba a un 495% más de su precio real. ¡Casi cinco veces más caro!
No se trata de casos aislados. Un endocrinólogo jubilado, Héctor Carvallo, ex asesor de hospitales públicos, sentenció sin titubeos: “Hay coimas. Los sobreprecios no son una excepción. Es la moneda corriente en los hospitales públicos.”
Sus palabras son un llamado de atención a la realidad sórdida que corroe nuestro sistema de salud. El silencio cómplice de las autoridades provinciales, que intentaron minimizar el problema culpando a la devaluación y la incertidumbre económica, solo sirve para exacerbar la indignación de los ciudadanos.
Tres vías hacia el enriquecimiento ilícito
La falta de planificación, la contratación de intermediarios corruptos y la sobrefacturación a la seguridad social son las tres patas del banco sobre el que se apoya esta red de corrupción. Primero, la falta de planificación eficiente lleva a compras de urgencia, forzando la adquisición de medicamentos a través de droguerías intermediarias que inflan los precios a voluntad.
Segundo, los acuerdos cerrados con proveedores específicos, los llamados “proveedores amigos”, eliminan la competencia. En este oscuro negocio, se habla de licitaciones amañadas y pliegos restrictivos con requisitos imposibles para los demás competidores. Es una farsa. Un teatro de sombras donde el ganador siempre es el mismo, aquel que alimenta las billeteras de los funcionarios corruptos.
Finalmente, la sobrefacturación a la seguridad social. Clínicas y hospitales privados inflan los costos de los medicamentos facturados a las obras sociales para paliar los largos plazos de pago. Una práctica ilegal, sí, pero que refleja la cultura de la corrupción tan profundamente enraizada en nuestro país.
El gobierno nacional ha tomado medidas paliativas, limitando el precio máximo de los medicamentos al 65% del precio de venta al público. ¿Pero es suficiente? Claramente no. Esto solo tapa, pero no arregla. Es un curita en una herida gangrenosa.
El silencio de los cómplices
Mientras la población se ve obligada a soportar costos de salud imposibles y un sistema público deteriorado, el silencio de los organismos de control y la pasividad de los responsables políticos son un clamor por la impunidad. Las autoridades locales han preferido la cobardía del silencio cómplice, a las molestias de investigar a fondo esta trama de corrupción. Pero no se engañen, la factura la pagamos todos.
El caso paradigmático de la Ciudad de Buenos Aires, que limita sus compras de medicamentos a dos proveedores (Varadero y Comarsa) desde hace más de una década, evidencia un sistema clientelar consolidado. Se venden la mentira de la transparencia, mientras se enriquecen a costa de la salud pública.
La situación requiere una intervención urgente y contundente que vaya más allá de la mera imposición de precios. Necesitamos una auditoría exhaustiva de las compras hospitalarias, procesamientos judiciales a los implicados, reformas legales para transparentar el proceso de compras y, sobre todo, una cultura de transparencia y rendición de cuentas. De lo contrario, este escándalo se repetirá una y otra vez.
Solo así podremos empezar a revertir este panorama desolador y brindar a los argentinos la salud pública de calidad que merecen. Hasta entonces, solo queda el sabor amargo de la impotencia, el vacío de la justicia y el temor de que la próxima víctima de la corrupción sea uno de nuestros seres queridos.
El costo de la impunidad: vidas en juego
Los sobreprecios no son un mero juego de números. Detrás de cada peso robado se esconde el sufrimiento de pacientes que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan. ¿Cuántos enfermos han perdido la oportunidad de curarse, o incluso de vivir, debido a la falta de medicación? El costo de la corrupción en la salud pública no solo se mide en dinero, sino en vidas humanas, en la pérdida irreparable de oportunidades de vivir vidas plenas. El daño no se puede cuantificar y hay que detener esta situación antes de que sea irreparable.
Es tiempo de despertar. Es tiempo de exigir transparencia, es tiempo de luchar contra la impunidad que se ha instalado en el sistema. La salud no puede ser un negocio. Es un derecho fundamental, y debemos defenderlo con todas nuestras fuerzas.
“Es momento de denunciar la corrupción en la salud pública, de defender los derechos de los más vulnerables y de exigir un cambio radical en el sistema para erradicar la impunidad y garantizar la transparencia y la eficiencia de las compras en los hospitales públicos. La salud de la población no puede ser rehén de la avaricia y la corrupción.”
Amarillo “Polémica” Pérez
