Las playas de Santa Fe, un oasis de recreación para sus habitantes durante los meses de calor, se convierten en un escenario de riesgo ante la falta de una regulación clara en materia de seguridad. A pesar de las reiteradas promesas de las autoridades, la norma que establecería los criterios para la habilitación de balnearios y la presencia de guardavidas aún no se ha concretado. Esta situación, que se repite año tras año, expone a los bañistas a peligros innecesarios y genera una profunda preocupación en la comunidad.
Un vacío legal que pone en peligro a los bañistas
La ausencia de una normativa específica para la seguridad en las playas de Santa Fe crea un vacío legal que dificulta la tarea de las autoridades y deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad. Si bien existen ordenanzas municipales que regulan algunos aspectos de la actividad recreativa en las costas, estas no abordan de manera integral la problemática de la seguridad acuática. La falta de criterios claros para la habilitación de balnearios, la cantidad de guardavidas necesarios por playa y la delimitación de zonas de baño seguras son solo algunos de los puntos que aún no han sido definidos con precisión.
Esta situación se agrava aún más si se considera que la ciudad de Santa Fe cuenta con una extensa costanera y una creciente afluencia de turistas durante la temporada estival. La Playa Este, única habilitada como balneario en la ciudad, se ve desbordada por la cantidad de visitantes, lo que dificulta la labor de los guardavidas y aumenta el riesgo de accidentes. La falta de personal capacitado para la vigilancia y el rescate acuático, sumado a la ausencia de señalización adecuada y de equipamiento de emergencia, crea un cóctel peligroso que podría tener consecuencias fatales.
El bache de la indignación: Barrio Escalante y la desidia municipal
A pocos kilómetros de la costanera, en el corazón de Barrio Escalante, un bache de considerables dimensiones se ha convertido en un símbolo de la desidia municipal y el abandono de los espacios públicos. Ubicado en la calle 9 de Julio al 5400, a metros de la plaza principal del barrio, este cráter en el asfalto no solo representa un peligro para la seguridad vial, sino también un foco de acumulación de basura y malezas, que deterioran la calidad de vida de los vecinos.
Según testimonios de los frentistas, el bache lleva años sin ser reparado, a pesar de los reiterados reclamos presentados ante las autoridades municipales. “Pasan los años y no vienen a repararlo”, se lamenta un vecino de la cuadra, quien asegura haber realizado innumerables denuncias sin obtener respuesta alguna. La situación se ha vuelto tan crítica que los propios vecinos han tenido que improvisar medidas para señalizar el bache y evitar accidentes, colocando ramas, piedras e incluso cubiertas viejas alrededor del mismo.
La persistencia de este bache, en una zona tan transitada del barrio, pone en evidencia la falta de inversión en infraestructura y la ineficacia de los mecanismos de control y mantenimiento de la vía pública. La desidia del gobierno local no solo afecta la seguridad de los vecinos, sino que también genera un profundo sentimiento de abandono e indignación en la comunidad.
Más allá de la anécdota del bache custodiado irónicamente por la GSI, se esconde una realidad preocupante: la falta de respuesta del municipio ante las necesidades básicas de los ciudadanos. Este bache, al igual que la falta de regulación en las playas, es un síntoma de un problema mayor: la desconexión entre las autoridades y la realidad que viven los santafesinos a diario. ¿Hasta cuándo los ciudadanos deberán convivir con la desidia y la falta de soluciones por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestionar la ciudad?
¿Responsabilidad ciudadana o desidia gubernamental?
Ante la falta de acción por parte del gobierno local, algunos sectores plantean la necesidad de una mayor responsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios públicos. Si bien la participación ciudadana es fundamental para la construcción de una sociedad mejor, no puede utilizarse como excusa para justificar la inacción del Estado. La responsabilidad primaria en la provisión de servicios básicos, como la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura, recae en el gobierno local.
Es necesario que las autoridades asuman su rol y destinen los recursos necesarios para garantizar la seguridad en las playas y la reparación de la infraestructura vial en los barrios. La creación de una normativa clara para la habilitación de balnearios, la contratación de guardavidas capacitados y la implementación de un plan de mantenimiento preventivo de las calles son medidas urgentes que no pueden seguir postergándose. La seguridad y el bienestar de los ciudadanos deben ser la prioridad.
