Tras intensas negociaciones y un paro de 48 horas que paralizó la actividad en los tribunales santafesinos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) y el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro llegaron a un acuerdo que destrabó el conflicto. La firma de decretos que habilitan nombramientos, ascensos y promociones para cientos de empleados judiciales fue la clave para que el gremio levantara la medida de fuerza. Este acuerdo no solo normaliza el servicio de justicia en Santa Fe, sino que también descomprime la tensión política en la provincia.
Las claves del acuerdo que destrabó el conflicto
El punto central del acuerdo radica en la firma de decretos que oficializan 382 nombramientos, con una distribución equitativa de 191 para la zona norte y 191 para la zona sur de la provincia. Estos nombramientos, largamente reclamados por el SITRAJ, buscan cubrir vacantes y garantizar el normal funcionamiento del Poder Judicial. Además, el acuerdo incluye el compromiso del Ejecutivo provincial de continuar firmando los decretos pendientes durante diciembre, lo que da previsibilidad y tranquilidad a los trabajadores judiciales.
Otro aspecto importante es la regularización de ascensos y promociones. Si bien no se especificó la cantidad exacta, el acuerdo contempla un cronograma para que los empleados judiciales puedan avanzar en sus carreras. Este punto era crucial para el SITRAJ, ya que la falta de promociones generaba frustración y desincentivo entre los trabajadores.
El impacto del paro y la presión de los Colegios de Abogados
El paro de 48 horas tuvo un impacto significativo en el servicio de justicia en Santa Fe. Se suspendieron audiencias, se postergaron juicios y se acumularon expedientes, generando demoras y perjuicios para la ciudadanía. La medida de fuerza también generó malestar entre los abogados, quienes veían afectada su labor profesional.
Los Colegios de Abogados de la provincia emitieron un comunicado en el que criticaron duramente el paro, calificándolo de “desproporcionado” y de “dudosa legalidad”. Si bien reconocieron el derecho a huelga, los abogados argumentaron que el paro generaba “graves perjuicios” a la sociedad y que el Ejecutivo ya había dado respuesta a los reclamos salariales. Esta presión de los Colegios de Abogados también contribuyó a la búsqueda de una solución rápida al conflicto.
Un conflicto con trasfondo político
El conflicto judicial se desarrolló en un contexto político complejo en Santa Fe. La discusión por la renovación de la Corte Suprema provincial y las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial agregaron un condimento extra a las negociaciones. Algunos analistas interpretaron el paro como una forma de presión del SITRAJ hacia el gobierno en medio de esta puja política.
Con la firma del acuerdo, se descomprime la tensión política y se abre un espacio para el diálogo entre las partes. Sin embargo, el conflicto dejó en evidencia la fragilidad del sistema judicial santafesino y la necesidad de encontrar soluciones a largo plazo para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
Las consecuencias del acuerdo y el futuro del Poder Judicial en Santa Fe
El acuerdo entre el SITRAJ y el gobierno provincial permite normalizar la actividad judicial en Santa Fe y garantizar el acceso a la justicia para la ciudadanía. La incorporación de nuevos empleados, los ascensos y las promociones fortalecerán el Poder Judicial y mejorarán la calidad del servicio.
Sin embargo, persisten desafíos a largo plazo. La reforma previsional, rechazada por los trabajadores judiciales, sigue siendo un tema pendiente. Además, es necesario abordar la falta de infraestructura y recursos en algunos tribunales de la provincia. El acuerdo alcanzado es un paso importante, pero no resuelve todos los problemas del Poder Judicial en Santa Fe.
El diálogo y la negociación entre el gobierno, los trabajadores judiciales y los Colegios de Abogados serán fundamentales para construir un sistema judicial más eficiente y accesible para todos los santafesinos.
