El Poder Judicial de Santa Fe se encuentra paralizado por una medida de fuerza llevada a cabo por los trabajadores del sector. Dos paros de 48 horas cada uno, programados para esta semana y la próxima, han detenido la actividad en tribunales de varias ciudades, incluyendo Santa Fe, Rosario y Reconquista. El conflicto se centra en la falta de nombramientos y ascensos, una situación que, según el sindicato, afecta a más de 500 empleados.
El origen del conflicto: una promesa incumplida
La raíz del problema reside en la falta de concreción de nombramientos y ascensos que fueron acordados previamente con el gobierno provincial. Los trabajadores judiciales denuncian que el gobernador Maximiliano Pullaro no ha cumplido con el compromiso de firmar los decretos necesarios para efectivizar estos cargos, algunos de los cuales están pendientes desde 2023. Esta demora ha generado una creciente frustración entre los empleados, que ven postergadas sus carreras y sus expectativas de estabilidad laboral.
Según fuentes del sindicato, la falta de personal debido a la demora en los nombramientos está impactando directamente en el servicio de justicia. La acumulación de expedientes sin resolver y la postergación de audiencias son algunas de las consecuencias que se evidencian en la práctica. “No hay diálogo, los expedientes siguen sin firmarse, los juramentos no pueden realizarse”, expresaron los trabajadores en un comunicado, remarcando la necesidad de una pronta solución al conflicto.
Desde el gobierno provincial, se argumenta que el proceso de análisis y firma de los decretos es complejo y requiere tiempo. Si bien reconocen la existencia de un compromiso asumido, las autoridades aseguran que “todos los casos están siendo analizados” y que “la firma de los decretos lleva su tiempo porque son expedientes complejos”. Sin embargo, esta explicación no convence a los trabajadores, quienes consideran que la demora es excesiva e injustificada.
Consecuencias del paro: el acceso a la justicia en jaque
El paro de actividades en el Poder Judicial de Santa Fe tiene un impacto directo en el acceso a la justicia de los ciudadanos. La suspensión de audiencias, la demora en la resolución de causas y la paralización de trámites administrativos afectan a miles de personas que buscan una respuesta del sistema judicial.
Los Colegios de Abogados de la provincia han expresado su preocupación por la situación y han solicitado a la Corte Suprema de Justicia que garantice el normal funcionamiento del servicio. En un comunicado, advirtieron que “estas medidas de fuerza afectan el acceso a la justicia para los ciudadanos y quebrantan la convivencia social”. El reclamo de los abogados pone de manifiesto la necesidad de encontrar una solución que no solo satisfaga a los trabajadores judiciales, sino que también preserve el derecho fundamental de acceso a la justicia.
Perspectivas de futuro: ¿diálogo o confrontación?
El sindicato de trabajadores judiciales ha instado al diálogo entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y el gremio para encontrar una salida al conflicto. “Instamos al diálogo para encontrar de inmediato una solución al problema en beneficio del pueblo santafesino”, expresaron en un comunicado. Sin embargo, también han advertido que, de no obtener respuestas satisfactorias, el plan de lucha se intensificará con una movilización provincial hacia la Casa de Gobierno.
La posibilidad de una solución al conflicto dependerá de la voluntad de las partes involucradas para sentarse a negociar y encontrar puntos de acuerdo. La presión ejercida por el paro y las movilizaciones, sumada a la preocupación expresada por los colegios de abogados, podría contribuir a generar un clima propicio para el diálogo. Sin embargo, si las posiciones se mantienen inflexibles, el conflicto podría prolongarse, con consecuencias negativas para el servicio de justicia y para la sociedad en su conjunto.
Más allá de la cuestión específica de los nombramientos y ascensos, el conflicto judicial en Santa Fe pone de manifiesto una tensión más profunda entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo provincial. Algunos analistas señalan que el conflicto por los nombramientos judiciales se enmarca en un contexto de disputas políticas que involucran el presupuesto del Poder Judicial y el proceso de selección y designación de jueces.
En este sentido, la resolución del conflicto actual dependerá no solo de la capacidad de negociación de las partes, sino también de la posibilidad de construir un marco de relaciones institucionales más sólido y transparente entre los diferentes poderes del Estado. El futuro del Poder Judicial en Santa Fe, y la garantía de un servicio de justicia eficiente e independiente, dependen de la capacidad del gobierno y de los actores judiciales para superar la actual coyuntura de confrontación y avanzar hacia un diálogo constructivo.
Mientras tanto, la ciudadanía santafesina observa con preocupación el desarrollo del conflicto, consciente de que la paralización del Poder Judicial afecta directamente sus derechos y garantías. La incertidumbre sobre la duración del paro y las consecuencias que este pueda tener en la resolución de causas judiciales genera un clima de inquietud y desconfianza en las instituciones.
