Miles de salteños con discapacidad enfrentan una pesadilla burocrática que amenaza con despojarlos de su pensión, mientras la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) implementa una auditoría para asegurar la transparencia en las pensiones por invalidez.
Auditoría de pensiones por discapacidad en Salta: Miles en riesgo por barreras burocráticas
La implementación de esta auditoría en Salta revela una desconexión alarmante con la realidad que viven miles de personas con discapacidad en la provincia. El plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación médica actualizada se convierte en una sentencia para aquellos que enfrentan dificultades económicas, geográficas y burocráticas.
Suspensión temporal en algunos municipios
El Ministerio de Salud Pública de la provincia informó que se ha suspendido la auditoría en ciertos municipios como Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur, debido a las complicaciones provocadas por las recientes inundaciones. Esto beneficia a los habitantes de esos municipios, que no tendrán que presentar los estudios médicos para revalidar sus pensiones, al menos de manera momentánea. Sin embargo, esta medida es un parche insuficiente que no aborda la injusticia estructural que subyace a la auditoría.
Dificultades que enfrentan los beneficiarios
La auditoría en sí no es el problema, sino la implementación en un contexto de dificultades económicas, geográficas y burocráticas. Los beneficiarios se enfrentan a:
- Plazos de 30 días hábiles para presentar la documentación médica actualizada.
- Dificultades burocráticas y falta de infraestructura en algunos parajes de la provincia.
- Lejanía de los turnos médicos otorgados y falta de especialistas.
- Aislamiento de muchas comunidades que carecen de servicios básicos.
- Sobrecarga de los hospitales públicos que dificultan el acceso a los estudios médicos necesarios.
Voces que claman por una prórroga
Miguel Reynaga, presidente de la Asociación Lisiados de Salta (ALSA), alza su voz en defensa de los más vulnerables: “No todas las personas con discapacidad tienen las herramientas necesarias para cumplir con lo solicitado, especialmente aquellas que pertenecen a clases sociales más desprotegidas. Para ellos, cumplir con los requisitos es una tarea sumamente complicada”. Su testimonio es un grito de auxilio que no puede ser ignorado.
Los senadores provinciales también han expresado su preocupación. El senador de Chicoana, Esteban D’Andrea, comenta: “Estamos muy preocupados por la auditoría que lleva a cabo la Agencia de Discapacidad. En el interior de la provincia, hay zonas donde la conectividad es casi nula, y los trámites deben hacerse en línea. Además, muchas personas deben trasladarse grandes distancias para acceder a los hospitales y especialistas”. Su llamado a la ampliación de los plazos es un acto de justicia que debe ser escuchado y atendido.
“Lo que pedimos es una prórroga para que las personas tengan tiempo suficiente para completar los estudios y no pierdan el beneficio que les corresponde por derecho”
Un llamado a la acción
La situación en Salta exige una respuesta inmediata y contundente. No podemos permitir que la auditoría de pensiones por discapacidad se convierta en una herramienta de exclusión y sufrimiento.
¿Qué podemos hacer?
- Difundir esta injusticia: Compartir esta noticia, comentar en redes sociales y hablar con nuestros amigos y familiares.
- Contactar a nuestros representantes políticos: Enviar correos electrónicos, llamar a sus oficinas y exigirles que tomen cartas en el asunto.
- Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad: Donar tiempo, dinero o recursos para que puedan seguir luchando por una sociedad más justa e inclusiva.
Es hora de actuar, de exigir y de luchar por una sociedad donde todos, sin excepción, tengan la oportunidad de vivir con dignidad y justicia.
