La pérdida de poder adquisitivo en Córdoba es alarmante. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela una brecha significativa entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica alimentaria, dejando a muchas familias en una situación económica crítica.
El Salario Mínimo vs. La Canasta Básica
Según el informe de octubre de 2024, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) cubrió apenas el 66,45% del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esto significa que un salario mínimo solo alcanza para cubrir menos de dos tercios de las necesidades alimentarias básicas de una familia tipo en Córdoba.
La situación es aún más preocupante si consideramos la Canasta Básica Total (CBT), que incluye gastos esenciales como vivienda, transporte y educación. En este caso, el SMVM apenas cubre el 29,53% del costo total de la CBT. En otras palabras, se necesitan más de tres salarios mínimos para cubrir los gastos mensuales de una familia promedio en la provincia.
Un Deterioro Progresivo
Este desequilibrio no es un fenómeno reciente. El informe analiza la situación en los últimos cinco años, mostrando un progresivo deterioro del poder adquisitivo. Mientras que entre octubre de 2019 y octubre de 2024, la CBA aumentó un 3011% y la CBT un 2700%, el SMVM solo aumentó un 1509%.
Si analizamos los incrementos anuales, la disparidad se hace aún más evidente: entre octubre de 2023 y octubre de 2024, la CBA aumentó un 183%, la CBT un 195%, mientras que el SMVM solo lo hizo en un 105%. Esta significativa brecha genera una profunda incertidumbre e inseguridad económica para los hogares cordobeses con menores ingresos.
El Impacto en las Familias
La dificultad para cubrir las necesidades básicas afecta directamente la calidad de vida de las familias. La falta de recursos suficientes para alimentación adecuada, vivienda digna, transporte, educación y salud tiene consecuencias graves en la salud física y mental de las personas, especialmente en niños y ancianos.
Esta situación obliga a muchas familias a tomar decisiones difíciles, muchas veces sacrificando elementos básicos como la alimentación o la atención médica para poder hacer frente a otros gastos impostergables. Se genera un círculo vicioso de pobreza que dificulta el acceso a la movilidad social ascendente.
Declaraciones de la Defensoría del Pueblo
Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto, alertó sobre la insostenibilidad de la situación económica de los hogares cordobeses. El monitoreo mensual de precios que realiza la Defensoría permite visualizar la creciente brecha entre ingresos y gastos, una herramienta crucial para comprender la realidad económica actual.
Galoppo enfatizó la alarmante diferencia entre la inflación y los aumentos salariales. La actualización del salario mínimo no ha logrado compensar el aumento desproporcionado del costo de las canastas básica y total, agravando significativamente la situación de las familias con ingresos mínimos.
Perspectivas y Acciones Futuras
La situación requiere una acción urgente por parte de las autoridades. Se necesitan políticas económicas que protejan el poder adquisitivo de los salarios, asegurando que los aumentos del SMVM reflejen la realidad inflacionaria. También es fundamental el desarrollo de programas sociales que brinden apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad económica.
Se hace necesario un diálogo abierto y un compromiso conjunto entre el gobierno, los sectores empresariales y las organizaciones sociales para encontrar soluciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos que menos tienen. El objetivo debe ser generar un sistema económico más justo e inclusivo, que garantice el acceso a una vida digna para todos los cordobeses.
Urgencia de Soluciones
En definitiva, el informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba revela una situación de extrema gravedad. El salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias básicas de una familia, una situación que se agrava año tras año y afecta severamente la calidad de vida de miles de cordobeses. Urge la implementación de medidas económicas y sociales concretas que permitan paliar esta situación de creciente desigualdad.