La reciente desregulación de derechos de autor en Argentina, impulsada por el gobierno de Javier Milei, ha desatado una intensa polémica entre la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y los propietarios de salones de fiestas. El Decreto 765/2024 exime del pago de derechos de autor en eventos privados como cumpleaños, casamientos o reuniones familiares. Sin embargo, la interpretación de qué constituye un ‘evento privado’ se ha convertido en un campo de batalla legal y comercial.
La controversia: ¿Eventos privados o públicos?
SADAIC sostiene que los salones de fiestas, aunque privados en su titularidad, no lo son en cuanto a la ejecución de la música. Argumentan que la venta de entradas o la invitación a un gran número de personas transforman el espacio en uno de ejecución pública, sujeto al pago de derechos de autor. Esta postura ha generado fuertes críticas por parte de los dueños de los salones, quienes consideran que el decreto es claro en su intención de liberar de este pago a los espacios privados, independientemente de la cantidad de asistentes.
El Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, ha intentado clarificar la situación a través de redes sociales, afirmando que la ejecución pública se da únicamente en ámbitos de acceso abierto y libre para una pluralidad indeterminada de personas. Según el ministerio, el pago por reproducción privada se da implícitamente en el consumo individual de música, y los eventos en salones privados no deberían estar sujetos al pago adicional a SADAIC.
Sin embargo, la interpretación del decreto no es uniforme en todo el país. En algunas provincias, SADAIC continúa reclamando el pago de derechos de autor en eventos llevados a cabo en salones de fiesta, citando la ambigüedad en la definición de lo ‘privado’. Esto ha generado confusión y malestar entre los propietarios de los salones y los consumidores.
Denuncias de prácticas desleales
María José Oliva, representante de la Cámara de Salones de Fiestas de Córdoba (CA.SA.Fi.C), ha denunciado prácticas desleales por parte de algunos salones de fiestas que, a pesar de no tener obligación de pagar derechos de autor, continúan cobrando a los clientes por este concepto, amparándose en los temores generados por la interpretación confusa del decreto. Oliva ha manifestado que incluso se han detectado casos donde esos salones no transfieren el dinero recaudado a SADAIC, lo que podría ser considerado un enriquecimiento ilícito.
Esta situación ha afectado especialmente a los padres que organizan las fiestas de egresados, quienes se ven presionados por los salones para afrontar este pago adicional. La confusión y los miedos han llevado a muchos a ceder, incrementando el costo de un evento que ya de por sí es una significativa inversión.
Oliva recomienda a los consumidores afectados por estas prácticas desleales acercarse a la Defensoría del Pueblo para presentar denuncias y así recuperar su dinero. La CA.SA.Fi.C está trabajando para asesorar a los dueños de los salones y está a la espera de un comunicado oficial para el 28 de noviembre que clarifique la situación jurídica y termine con las prácticas de cobro que considera ilegítimas.
El rol de la justicia y el futuro de la controversia
La falta de claridad en la interpretación del Decreto 765/2024 crea un vacío legal que está llevando a diferentes interpretaciones y acciones. Si bien SADAIC alega estar amparada por su propia interpretación de la ley, su acción se percibe como una forma de presión para mantener sus ingresos, afectando un sector que, según la Cámara de Salones de Fiestas, está pasando por momentos económicos difíciles. Es importante que la justicia intervenga para dirimir la situación y garantizar la aplicación justa e igualitaria de la ley.
Hasta que se defina un fallo judicial que establezca un precedente legal, la controversia entre SADAIC y los salones de fiestas continuará, creando incertidumbre para los organizadores de eventos, dueños de locales y consumidores. El Ministerio de Desregulación se ha visto acorralado y deberá profundizar en la redacción del decreto o esperar que la justicia se expida. En este contexto, la transparencia y la información clara son fundamentales para evitar malentendidos y abusos. Los dueños de salones deberían informarse adecuadamente sobre sus derechos y los consumidores ser prudentes ante cualquier cobro adicional que no pueda ser justificado legalmente.
Por último, cabe señalar que esta polémica no es exclusiva de Córdoba, sino que se extiende a todo el país, generando un debate generalizado sobre la regulación de los derechos de autor en el contexto de eventos privados y el balance entre la protección de los artistas y la actividad económica de un sector afectado en momentos económicamente difíciles.
Imagen: Manifestación de dueños de salones en Córdoba.
Imagen: Oficinas de SADAIC.
Imagen: Ejemplo de factura de salón con cargo por SADAIC.
