En un giro inesperado que sacude los cimientos de la Policía de Córdoba, un robo millonario se ve opacado por una nueva trama de corrupción policial. La investigación por el golpe comando a la distribuidora “Simple Distribuciones”, donde se robaron dos cajas fuertes con nueve millones de pesos, ha dado un giro sorprendente: la desaparición de dos celulares de la escena del crimen, y las sospechas que apuntan directamente a los mismos uniformados encargados de la investigación inicial.
El robo que desató el escándalo
El lunes a la madrugada, bajo la lluvia torrencial, una banda delictiva perpetró un golpe comando en la distribuidora “Simple Distribuciones”, ubicada en un punto estratégico de la ciudad de Córdoba. Con información privilegiada, sortearon las medidas de seguridad, inutilizaron las cámaras y alarmas, y se alzaron con un botín millonario: dos cajas fuertes repletas de dinero en efectivo.
La escena del crimen, un claro testimonio de la eficiencia criminal de la banda, se convirtió luego en un escenario de sospechas y acusaciones internas a la institución policial. Minutos después del descubrimiento del robo, un comerciante se presentó en su local y luego revisó las oficinas. Fue entonces que descubrió algo espeluznante: la ausencia de dos celulares viejos, propiedad de la empresa, no registrados en la lista del robo inicial. Estos celulares no fueron arrebatados por la banda de delincuentes; esto abrió el camino hacia una macabra nueva investigación, otra que mancharía el nombre de la institución.
La sospecha y la evidencia
Las sospechas sobre la implicación policial se hicieron notar desde ese instante. Según fuentes de la investigación, el empresario alertó inmediatamente a sus superiores policiales. El alto grado de organización en el robo inicial, junto con la sospechosa desaparición de los celulares, alimentaron las especulaciones sobre la posibilidad de una complicidad interna dentro de la fuerza.
En la madrugada, un alto oficial de la Dirección Bomberos llegó a la escena y ordenó a los ocho uniformados presentes realizar una exhaustiva búsqueda de los artefactos extraviados. Uno de los móviles fue encontrado, abandonado misteriosamente en una bolsita a pocos metros del local. Sin embargo, el segundo celular permaneció desaparecido durante horas, generando aún más incertidumbre y sospechas.
El Fiscal de Instrucción Andrés Godoy, a cargo del caso, está trabajando ahora en una doble investigación judicial. Mientras avanza en la búsqueda de los ladrones que cometieron el robo inicial, de forma paralela, centra su atención en los policías involucrados en la desaparición de los celulares. Varios efectivos se encuentran bajo sospecha. El hecho es preocupante: la posibilidad de que ladrones comunes hayan también robado celulares en el mismo predio tras la operación policial original se descarta totalmente.
Un comisario en la mira
El comisario Raúl Monje, jefe del Distrito 8 de la Policía de Córdoba, se encuentra en el centro de la controversia. Fue puesto en situación pasiva por el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, una medida cautelar que indica que es investigado formalmente por este caso. La medida afecta también a siete policías de menor rango que participaron en el procedimiento. Su abogado defensor, Julio Herrera Martínez, asegura la inocencia de su cliente, defendiéndolo y explicando que participó activamente en la búsqueda de los celulares, incluso ordenando un registro exhaustivo de los policías involucrados en el caso.
Martínez argumenta que la trayectoria intachable de Monje dentro de la fuerza policial respalda su versión de los hechos. A pesar de estas afirmaciones, las dudas persisten. Se espera con ansiedad el avance de la investigación y que las imputaciones, o incluso las detenciones, despejen las dudas y revelen la verdad sobre este caso alarmante.
La Policía de Córdoba en el ojo del huracán
Este nuevo escándalo se suma a una serie de controversias que han afectado a la Policía de Córdoba en los últimos tiempos. El hecho pone de manifiesto la necesidad de realizar una reforma profunda para mejorar la transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución. Es imperante el cambio hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, evitando que este tipo de hechos empañen la imagen y el trabajo de los efectivos comprometidos con la ley y el orden. La impunidad en los casos de corrupción policial, como se demuestra claramente aquí, destruye la credibilidad de los cuerpos de seguridad ante la población.
El caso de “Simple Distribuciones” es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede infiltrarse en los niveles más altos de la institución, socavando la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad. El resultado de este nuevo escándalo repercutirá directamente en la imagen de la Policía y del Gobierno provincial, que tendrá que responder por el estado de sus instituciones.
Este es un caso abierto, y a medida que avanzan las investigaciones se esperan nuevas revelaciones. El pueblo se merece saber la verdad, y exige que se investigue hasta llegar a las últimas consecuencias. El desenlace de este drama servirá para dictar el rumbo a seguir en el campo de la reforma policial y de la lucha contra la corrupción en la institución policial.
El futuro de la investigación
En este contexto tenso y lleno de interrogantes, la opinión pública espera con ansiedad el desenlace del caso. Las futuras imputaciones y detenciones serán clave para entender hasta qué punto llegaba la trama delictiva interna. La presión sobre el fiscal Godoy es inmensa y solo una investigación meticulosa y justa podrá devolver la tranquilidad y confianza que el pueblo cordobés demanda.
