Una nueva controversia sacude la escena política argentina. El diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia que lo vincula con propiedades millonarias en Miami a nombre de su esposa, Romina Aldana Diago. La investigación periodística realizada por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) destapó un entramado de sociedades offshore y fideicomisos que conducen a la adquisición de inmuebles valuados en US$2.6 millones. Este escándalo reaviva el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política, especialmente en un contexto de crisis económica y ajuste.
El entramado societario: una madeja de empresas y fideicomisos
Según la investigación, Diago figura como manager de Goformore LLC, una sociedad creada en Florida en 2012. Esta empresa adquirió un departamento en Miami Beach por US$580.000 en 2013, cuando Ritondo era vicepresidente de la Legislatura porteña. La operación se realizó con Harbour House 1533 Corp, presidida por Juan Alberto Pazo, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y cercano a Mauricio Macri y Luis “Toto” Caputo. Diago fue reemplazada luego por una agente inmobiliaria, María José Pérez-Millán, quien a su vez figura como representante de Ilustre LLC, otra sociedad dueña de tres departamentos en Miami y vinculada a Bonita Holdings 39, integrada por Diago.
La complejidad del esquema se profundiza con la creación del fideicomiso Warwick Trust y la sociedad Sunstar Point en las Islas Vírgenes Británicas, maniobras que expertos legales consideran como una estrategia para ocultar al beneficiario final de los activos. En total, se identificaron al menos siete propiedades en Miami vinculadas a este entramado, lo que genera interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para su adquisición.
El hermetismo de Ritondo y su equipo ante la denuncia ha alimentado las sospechas. El diputado se limitó a declarar a través del diario Clarín que las operaciones son antiguas y que la información está “mezclada”, sin brindar mayores precisiones. Esta falta de transparencia contrasta con la vehemencia con la que Ritondo suele criticar la corrupción en la política.
De la política a los negocios: la trayectoria de Ritondo
La carrera política de Ritondo comenzó en 2003 como diputado, apadrinado por Miguel Ángel Toma, figura del menemismo y duhaldismo. Su cercanía con el peronismo de derecha lo llevó a formar parte del PRO desde sus inicios, acompañando a Mauricio Macri en la gestión porteña y luego como Ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, preside el PRO bonaerense y aspira a la gobernación.
Su paso por la función pública estuvo marcado por decisiones controvertidas y un estilo de gestión que algunos califican como autoritario. Como Ministro de Seguridad, se le atribuye un manejo discrecional de fondos y una política de seguridad de “mano dura” que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos. Sus vínculos con el poder económico también han sido objeto de escrutinio, especialmente su relación con el empresario Nicolás Caputo, amigo personal de Macri.
En el ámbito legislativo, Ritondo se ha caracterizado por una postura ambigua, oscilando entre la oposición y la colaboración con el gobierno de Milei. Si bien inicialmente buscó presidir la Cámara de Diputados, finalmente se conformó con la jefatura del bloque PRO, desde donde ha negociado apoyos clave para el oficialismo en votaciones estratégicas.
Implicancias políticas y judiciales: ¿qué le espera a Ritondo?
La denuncia contra Ritondo podría tener serias consecuencias tanto en el ámbito político como judicial. En el plano político, el escándalo erosiona la imagen del PRO y de Juntos por el Cambio, que se presentan como adalides de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La situación de Ritondo también debilita su aspiración a la gobernación bonaerense, ya que la denuncia pone en tela de juicio su integridad y su capacidad de liderazgo.
En el ámbito judicial, la causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. Si la investigación avanza, Ritondo podría ser imputado por enriquecimiento ilícito, encubrimiento y otros delitos. La justicia deberá determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de las propiedades en Miami y si existe una conexión entre estas operaciones y la actividad política de Ritondo.
El caso Ritondo se suma a una larga lista de escándalos de corrupción que han salpicado a la clase política argentina en los últimos años. Este nuevo episodio reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, así como la importancia de una justicia independiente que investigue y sancione a los responsables de delitos económicos.
