La controversia sobre la tenencia de teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza ha estallado con una fuerza inusitada. Tras una semana de intensos debates y una decisión judicial que suspendía la quita de estos dispositivos, el gobierno provincial ha logrado recuperar el control sobre la situación. ¿Qué implicaciones tiene este giro para la seguridad pública y los derechos humanos de los internos? Este episodio, marcado por la recusación de un juez y una fuerte presión política, plantea interrogantes fundamentales sobre el equilibrio entre la seguridad, los derechos humanos y la administración de la justicia en el sistema penitenciario.
La decisión inicial del juez Sebastián Sarmiento de suspender la quita de celulares, argumentando la falta de garantías para la comunicación de los internos, provocó una tormenta política y mediática. El gobierno provincial, liderado por la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, respondió con contundencia, criticando la medida e incluso amenazando con un jury de enjuiciamiento contra el magistrado. Ante esta presión, Sarmiento optó por apartarse del caso, alegando que la repercusión pública podría afectar la percepción de su imparcialidad. ¿Fue esta una decisión sabia o una claudicación ante la presión política?
El Fallo de Sarmiento: Derecho a la Comunicación vs. Seguridad Pública
El juez Sarmiento fundamentó su resolución en un hábeas corpus presentado por organismos de Derechos Humanos y representantes de los internos de los complejos penitenciarios de Boulogne Sur Mer y San Felipe. En esencia, Sarmiento argumentó que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) no estaba cumpliendo con la orden judicial de garantizar una terminal de comunicación cada 200 personas privadas de libertad, en el marco del proceso de retiro de los celulares.
Para Sarmiento, esta falta de garantías vulneraba el derecho a la comunicación de los internos, un derecho fundamental reconocido en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El juez consideró que la suspensión de la quita de celulares era una medida necesaria para asegurar que los presos no quedaran completamente incomunicados. Tal como lo expresó el juez Sarmiento en su resolución: “El derecho a la comunicación es un pilar fundamental para la reinserción social de las personas privadas de libertad”.
La decisión provocó una fuerte reacción por parte del gobierno provincial, que desde el inicio de su gestión ha mantenido una postura firme en contra de la tenencia de celulares en las cárceles. Las autoridades argumentan que estos dispositivos facilitan la comisión de delitos desde el interior de los penales y comprometen la seguridad pública. La vicegobernadora Casado recordó que la Corte ya se había expedido sobre este tema, indicando que las condiciones de pandemia que justificaban el uso de celulares intramuros ya no existían. En palabras de la vicegobernadora Hebe Casado: “No vamos a permitir que las cárceles se conviertan en centros de operaciones delictivas gracias a los teléfonos celulares”.
La Respuesta del Gobierno: Prioridad a la Seguridad Pública
Debido a la creciente polémica y las críticas del gobierno, el juez Sarmiento tomó una decisión drástica: inhibirse de seguir actuando en el caso. En una nota, el magistrado argumentó que la repercusión pública y el tenor de las manifestaciones realizadas por altas autoridades del Poder Ejecutivo Provincial podrían afectar la percepción de su imparcialidad.
Sarmiento señaló que, si bien el debate entre los distintos poderes del Estado es natural y saludable en un régimen democrático, es necesario preservar la serenidad del proceso judicial y garantizar las condiciones objetivas para el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional. En este sentido, consideró que las condiciones institucionales actuales, generadas a raíz del impacto mediático y político del caso, podrían razonablemente afectar la percepción de su imparcialidad. ¿Fue esta una jugada estratégica para evitar un conflicto mayor?
La recusación de Sarmiento abrió la puerta para que otro juez tomara las riendas del caso. El juez Juan Manuel Pina, a cargo de la Unidad de Control de Privación de Libertad del Juzgado Penal Colegiado N°1, aceptó la apelación presentada por el director del Servicio Penitenciario y resolvió avalar la quita de los teléfonos a los presos.
En su fallo, Pina suspendió lo ordenado por Sarmiento, argumentando que la medida cautelar dictada por su par afectaba la política de seguridad del gobierno provincial y ponía en riesgo la integridad de la población carcelaria y de la sociedad en general. De esta manera, el gobierno recuperó el control sobre la situación y pudo retomar la quita de celulares en las cárceles de Mendoza. ¿Significa esto un triunfo de la seguridad sobre los derechos humanos?
¿Seguridad versus Derechos Humanos? El Debate que Divide a la Sociedad
Más allá de la resolución judicial, este episodio ha puesto de manifiesto un debate de fondo sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos en el sistema penitenciario. Por un lado, el gobierno provincial defiende la necesidad de restringir el uso de celulares en las cárceles para evitar la comisión de delitos y garantizar la seguridad pública. Por otro lado, los organismos de Derechos Humanos y los representantes de los internos argumentan que el derecho a la comunicación es fundamental para la resocialización de los presos y que la falta de garantías en este sentido vulnera sus derechos fundamentales.
Este debate no es nuevo ni exclusivo de Mendoza. En muchos países, la tenencia de celulares en las cárceles es un tema controvertido que genera fuertes tensiones entre las autoridades penitenciarias, los jueces y los defensores de los derechos humanos. La dificultad radica en encontrar un punto medio que permita garantizar la seguridad sin sacrificar los derechos fundamentales de los presos. ¿Existe una solución que satisfaga a ambas partes?
El Futuro del Sistema Penitenciario Mendocino: ¿Un Nuevo Modelo?
Tras este revés judicial, el gobierno provincial ha reafirmado su compromiso de avanzar con la política de quita de celulares en las cárceles. Sin embargo, las autoridades han reconocido la necesidad de mejorar las garantías para la comunicación de los internos, cumpliendo con la orden judicial de instalar terminales de comunicación en los complejos penitenciarios.
El desafío para el sistema penitenciario mendocino es encontrar un modelo que permita garantizar la seguridad, promover la resocialización de los presos y respetar sus derechos fundamentales. Esto exige un enfoque integral que combine medidas de control y seguridad con programas de educación, trabajo y asistencia psicológica. ¿Podrá Mendoza convertirse en un ejemplo de equilibrio entre seguridad y derechos humanos en el sistema penitenciario?
La controversia sobre la quita de celulares en las cárceles de Mendoza ha dejado al descubierto las tensiones y desafíos que enfrenta el sistema penitenciario. La búsqueda de un equilibrio entre la seguridad, los derechos humanos y la administración de la justicia es un camino complejo que exige diálogo, compromiso y una visión de largo plazo. ¿Estamos dispuestos a enfrentar este desafío como sociedad?
