La provincia de Santa Fe se encuentra en un momento crucial de debate político y social en torno a la posible reforma de su Constitución. El gobierno provincial, liderado por Maximiliano Pullaro, ha puesto el foco en la necesidad de modernizar el texto constitucional, que data de 1962, para adaptarlo a las realidades del siglo XXI. En este contexto, la seguridad y la justicia se han erigido como ejes centrales de la discusión, impulsados en parte por el controvertido caso del policía Luciano Nocelli, absuelto por la Corte Suprema tras una condena por doble homicidio.
El Caso Nocelli: Un punto de inflexión en el debate sobre seguridad y justicia
El caso Nocelli, que conmocionó a la opinión pública santafesina, ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un símbolo de la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y el respeto irrestricto a los derechos humanos. La absolución de Nocelli por parte de la Corte Suprema, tras una condena por doble homicidio en un confuso episodio ocurrido en 2020, generó un intenso debate sobre los límites del accionar policial, la legítima defensa y la valoración de la prueba en casos que involucran a las fuerzas de seguridad. Este fallo ha tenido un impacto directo en la agenda política, impulsando al gobierno de Pullaro a proponer la inclusión de la seguridad y la justicia como temas centrales en la reforma constitucional.
La decisión de la Corte Suprema se basó en un análisis técnico de la prueba, cuestionando la forma en que los jueces de instancia inferior habían valorado la evidencia, incluyendo las imágenes de una cámara de seguridad. El fallo abrió un debate jurídico sobre la interpretación de las secuencias temporales y la posibilidad de fragmentar una acción continua para analizarla desde diferentes perspectivas. Más allá de las cuestiones técnicas, la absolución de Nocelli generó una fuerte reacción en la sociedad santafesina, dividida entre quienes apoyan el accionar policial en situaciones de riesgo y quienes denuncian la existencia de casos de gatillo fácil.
La propuesta del gobierno: Modernizar la Constitución para fortalecer la seguridad
El gobernador Pullaro ha insistido en que la reforma constitucional no busca su reelección, sino modernizar el Estado provincial. Sin embargo, la inclusión de la seguridad y la justicia en el debate constitucional no puede desligarse del contexto político actual, marcado por una creciente preocupación por la inseguridad en Santa Fe. La propuesta del gobierno apunta a fortalecer las herramientas legales para combatir el delito, incluyendo la posibilidad de modificar el sistema de enjuiciamiento de jueces y la capacitación de magistrados en temas de seguridad.
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es la creación de la “Ley Luciano”, impulsada por Pullaro en respuesta al caso Nocelli. Esta ley busca formar a funcionarios judiciales en la evaluación de casos que involucran a policías en situaciones de alto estrés. La iniciativa ha sido criticada por algunos sectores que la consideran una forma de justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Otro aspecto relevante del debate es la inclusión en el juicio por jurados de casos que involucren a personal policial o penitenciario en situaciones de enfrentamiento. Esta medida, impulsada por el Ejecutivo santafesino, busca que la ciudadanía tenga una mayor participación en la evaluación de este tipo de casos, aunque también genera controversia sobre la imparcialidad de los jurados en un contexto de alta sensibilidad social.
Las voces críticas y la necesidad de un debate amplio
La propuesta de reforma constitucional ha generado un amplio debate en la sociedad santafesina. Organizaciones de derechos humanos, sectores de la oposición y algunos especialistas en derecho constitucional han expresado su preocupación por la posibilidad de que la reforma se utilice para restringir derechos y garantías fundamentales. Señalan la necesidad de un debate profundo y participativo que involucre a todos los sectores de la sociedad.
Las críticas se centran en la posibilidad de que la reforma constitucional se utilice para avanzar en una agenda de “mano dura” que priorice la seguridad por sobre los derechos individuales. También se cuestiona la falta de un diagnóstico preciso sobre los problemas de la justicia y la necesidad de abordar la reforma de manera integral, incluyendo la modernización del sistema penitenciario y la lucha contra la corrupción.
El futuro de la reforma: Un camino incierto
El proceso de reforma constitucional en Santa Fe se encuentra en una etapa inicial. La Legislatura provincial deberá debatir y aprobar la necesidad de la reforma, para luego convocar a una Convención Constituyente que se encargará de redactar el nuevo texto. El camino hacia una nueva Constitución es largo y complejo, y su resultado dependerá del consenso político y social que se logre alcanzar. El “efecto Nocelli” y el debate sobre seguridad y justicia sin duda marcarán el rumbo de este proceso.
La reforma constitucional en Santa Fe se presenta como un desafío para la sociedad y la clase política. La necesidad de modernizar el Estado, la creciente preocupación por la inseguridad y el debate sobre el rol de la justicia en la democracia son temas que requieren un análisis profundo y un diálogo constructivo. El caso Nocelli, con sus implicaciones legales y políticas, ha puesto de manifiesto la complejidad de estos temas y la necesidad de encontrar soluciones que garanticen la seguridad y la justicia para todos los santafesinos.
