Argentina está atravesando un momento crítico en materia de políticas de género. La llegada del gobierno de Javier Milei ha traído consigo una drástica reducción en el presupuesto destinado a programas y políticas públicas que buscan prevenir y erradicar la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, y proteger a la comunidad LGTBIQ+.
La denuncia ante la CIDH
Cinco organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional y el CELS, presentaron una preocupante denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En dicha denuncia, expusieron la gravedad de la situación y el desmantelamiento sistemático de programas clave para la protección de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+.
Los delegados del gobierno argentino que participaron en la audiencia del 14 de noviembre en Washington solo pudieron alegar falta de atribución presupuestaria como justificación para la drástica reducción de fondos. Se comprometieron a incluir una adenda en el próximo presupuesto, pero esta promesa resulta insuficiente ante la urgencia de la situación.
El impacto en Córdoba: un recorte palpable
Las consecuencias de estos recortes presupuestarios se hacen sentir con especial fuerza en las provincias, y Córdoba no es una excepción. La disminución en el envío de anticonceptivos es alarmante. Si en 2023 se enviaron 1,5 millones de preservativos, en el primer semestre de 2024 la cifra cayó a tan solo 200 mil. La situación es similar con otros métodos anticonceptivos como los tratamientos hormonales y los DIU.
La eliminación de la Dirección de Géneros y Diversidad en Córdoba ha agravado la situación. Esto ha cortado el suministro de tratamientos de hormonización para personas transgénero. Asimismo, desde enero de 2024 no se ha enviado ningún tratamiento de misoprostol y mifepristona (Combipack), dificultando el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo.
El Plan ENIA (Embarazo No Intencional en Adolescentes), si bien creado durante la presidencia de Mauricio Macri, fue suspendido tras la llegada de Milei. Córdoba, que recientemente se había adherido al programa, se encuentra ahora sin el apoyo de la Nación en una problemática de vital importancia. La tasa de embarazos adolescentes en la región es significativamente alta (67 cada 100,000 habitantes), mientras que la de Argentina está relativamente baja (25 cada 100,000 habitantes). El desmantelamiento del Plan ENIA profundiza las desigualdades existentes.
Otro impacto devastador es la suspensión del programa Acompañar, que brindaba ayuda económica equivalente al salario mínimo a mujeres en situación de violencia de género durante seis meses. Este programa, que en el primer trimestre de 2024 registró 2.462 solicitudes en todo el país, dejó de proporcionar apoyo a la gran mayoría de las solicitantes, con apenas 434 mujeres recibiendo asistencia.
La posición de Argentina en la ONU
El retroceso en las políticas de género en Argentina ha generado una condena internacional. En una asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. 170 países votaron a favor, y 13 se abstuvieron. Esta posición aislacionista del gobierno argentino demuestra la falta de compromiso con los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ a nivel global.
un llamado a la acción
La situación expuesta es crítica. El desmantelamiento de políticas de género en Argentina, y particularmente en Córdoba, tiene consecuencias devastadoras para la salud y la seguridad de miles de mujeres y miembros de la comunidad LGTBIQ+. Es necesario que el gobierno revea sus prioridades, garantice el financiamiento adecuado a programas clave y asuma su responsabilidad internacional en la defensa de los derechos humanos.
La denuncia ante la CIDH y la postura de Argentina en la ONU ponen en evidencia la gravedad del problema. Urge una respuesta inmediata y efectiva para revertir este grave retroceso.
