El presidente Javier Milei, fiel a su promesa de reducir el gasto público, ha implementado un fuerte ajuste que ha impactado de lleno en las organizaciones piqueteras. En Córdoba, la respuesta a este recorte ha sido singular: las cooperativas que antes dependían del financiamiento nacional ahora son sostenidas por la Provincia y el municipio, liderados por Martín Llaryora y Daniel Passerini, respectivamente. Esta estrategia ha generado un escenario político complejo, donde la contención social se ha provincializado y la protesta, aunque latente, no ha estallado con la misma fuerza que en otras ocasiones.
El Ajuste de Milei y la Redefinición del Mapa Social
La decisión de Milei de cortar el financiamiento a las cooperativas administradas por organizaciones piqueteras ha desatado un debate nacional sobre el rol del Estado en la asistencia social. En Córdoba, este debate cobra una dimensión particular debido a la decisión del gobernador Llaryora y del intendente Passerini de absorber parte de ese financiamiento. Este cambio en la distribución de recursos ha reconfigurado el mapa de poder en la provincia, fortaleciendo a las organizaciones sociales alineadas con el oficialismo provincial y generando tensiones con aquellas que mantienen una postura más crítica.
El Movimiento Evita, una de las organizaciones sociales más influyentes en Córdoba, ha consolidado su alianza con el gobierno provincial. Sus cooperativas, ahora financiadas por la Provincia, se han convertido en una herramienta clave para la contención social en los barrios populares. Esta cercanía con el poder ha generado críticas por parte de otras organizaciones, que acusan al Evita de priorizar la estabilidad política por sobre la lucha social.
La Economía Popular en la Encrucijada
En Córdoba, la economía popular abarca a más de 200 mil personas, muchas de las cuales dependen de las cooperativas para su sustento. El recorte de Milei ha puesto en jaque a este sector, obligándolo a buscar nuevas estrategias de supervivencia. La decisión de la Provincia de financiar las cooperativas ha sido un paliativo, pero no ha resuelto la incertidumbre que se cierne sobre el futuro de la economía popular. La falta de alimentos para comedores populares y la incertidumbre sobre la continuidad de los programas sociales provinciales generan preocupación entre los trabajadores informales.
Las organizaciones sociales se enfrentan a un dilema: mantener el diálogo con el gobierno provincial para asegurar la continuidad de los programas sociales, o radicalizar su postura para exigir al gobierno nacional una respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables. Esta tensión se manifiesta en la inminente marcha en contra del gobierno nacional, una movilización que busca expresar el descontento social sin romper los puentes con la Provincia.
Voces Disidentes y la Protesta en Gestación
A pesar de la contención que ofrece el financiamiento provincial, las organizaciones sociales no han abandonado la protesta. El Bloque Piquetero, liderado por el Polo Obrero, se mantiene en una postura crítica frente al gobierno nacional y provincial, denunciando la criminalización de la protesta social y la falta de políticas públicas que garanticen derechos a los sectores populares. Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero en Córdoba, acusa a Milei de estigmatizar a las organizaciones piqueteras y de desatender las necesidades de los más pobres.
Milei estigmatizó a las organizaciones piqueteras… Han criminalizado la protesta social.
Desde el Movimiento Evita, las voces son más conciliadoras. Mariano Lorenzo, legislador provincial y referente del Evita, reconoce la necesidad de una mayor responsabilidad estatal en la asistencia social, pero destaca la importancia del diálogo con la Provincia para garantizar la contención social. Rosalía Cáceres, secretaria de Economía Familiar del Ministerio de Desarrollo Social, defiende la estrategia del gobierno provincial de acompañar a las cooperativas con créditos y capacitación.
El Desafío de la Dignidad en la Economía Popular
Silvia Quevedo, de Barrios de Pie y parte de la agrupación Córdoba Futura, introduce una dimensión crucial en el debate: la necesidad de devolver la dignidad a los trabajadores de la economía popular. Su llamado a una autocrítica por parte de las organizaciones sociales y su planteamiento de ir más allá de la asistencia para garantizar derechos, abre un espacio para repensar las estrategias de contención social en el largo plazo.
Más allá de las diferencias entre las organizaciones, existe un consenso en la necesidad de un cambio de paradigma en la asistencia social. La dependencia de los planes sociales no puede ser la única respuesta a la pobreza. La creación de empleo genuino, la capacitación y el acceso a derechos básicos son cruciales para romper el círculo vicioso de la marginalidad.
La marcha del 11 o 12 de diciembre se perfila como un termómetro del descontento social en Córdoba. Será una prueba para la capacidad de las organizaciones piqueteras de articular una protesta masiva en un contexto de ajuste y contención provincial. La respuesta del gobierno de Milei a esta movilización, y la estrategia de la Provincia para mediar en el conflicto, serán claves para definir el futuro del mapa social cordobés.
