El Puente Carretero, arteria vital que une Santa Fe y Santo Tomé, ha sido escenario de una verdadera tragedia anunciada. Luego de ocho meses de cierre por reparaciones en una grieta que, según las autoridades, ponía en riesgo la seguridad de conductores y peatones, la reapertura del puente se ha convertido en un símbolo del desastre. A tan solo 48 horas de su reinauguración, el asfalto se desmorona, dejando al descubierto pozos que parecen cráteres lunares, chapones sueltos que amenazan con convertirse en proyectiles y una red de grietas que insinúan una catástrofe aún mayor.
Un motociclista, víctima del desastre
El peor presagio se confirmó este martes. Un motociclista, que circulaba con total normalidad por el Puente Carretero, cayó en uno de estos espantosos pozos, perdiendo el control de su vehículo y sufriendo graves heridas. ¿Fue un accidente? O,
¿fue una consecuencia predecible de la chapuza que se hizo pasar por reparación? Las imágenes muestran la magnitud de lo sucedido. No era solo una grieta lo que amenazaba el puente, era la negligencia de un trabajo hecho a las apuradas, un trabajo de mala calidad que se ha pagado con la salud de este motociclista.
Responsabilidades: ¿quién paga los platos rotos?
Desde Vialidad Nacional se lanzan dardos envenenados hacia la empresa contratista. ¡Culpable! gritan, tratando de deslindarse de toda responsabilidad. Sin embargo, las sospechas sobre la presión política para acelerar la reapertura del puente, antes de las fechas de las fiestas, hacen flotar un manto de duda sobre las intenciones de las autoridades. La reapertura apresurada, dicen las fuentes, llevó a la ejecución de trabajos incompletos e improvisados. Los responsables deben ser puestos en el banquillo de los acusados. Y ese banquillo debe estar en los juzgados. Por una cuestion de transparencia. Por una cuestión de justicia. Y por el respeto a las personas. Especialmente a este motociclista.
Mientras tanto, el movilero de AIRE, Manuel Olcese, nos ofrece un testimonio escalofriante desde la escena del crimen. “El daño más grande está en la junta número 27”, afirma Manuel, dibujando un cuadro que no necesita retoques: un enorme agujero se abre en el asfalto como si fuera la boca misma del infierno, dispuesta a tragarse a un nuevo automovilista. Esto ocurre días después del accidente. Un pozo. Como un volcán. Ya no es necesario mirar los mapas. Ya no es necesario analizar los datos. Lo que se necesita es que alguien haga algo.
Un nuevo cierre: ¿un futuro previsible?
La situación es aún más alarmante. Se rumorea que, en los próximos días, posiblemente dentro de quince a veinte días, se deberá realizar un nuevo cierre del puente. ¡Un nuevo cierre! para completar lo que no se pudo en la primera ronda. Y lo peor: en plena temporada de fiestas, cuando el flujo de vehículos se duplica. No es sólo mala gestión: es un desprecio criminal por el pueblo. Estos señores deben dar la cara. Deben pagar por su indolencia. Y, claro, para colmo de males, la junta número 24, que fue responsable del accidente del motociclista, sigue ahí, expuesta, llena de grietas que parecen esperar el momento exacto de volver a engullir a otra víctima.
Pero hay más: los materiales utilizados no cumplían con los estándares mínimos de calidad. Las lluvias se encargaron de revelar la verdad. La evidencia es contundente. ¿Inspecciones? ¿Certificaciones? Todos fueron borrados con una goma mágica. Un silencio de complicidad que deja tras de si victimas.
En el Puente Carretero, cada surco, cada grieta, cada chapon suelto es una evidencia innegable de la corrupción. Un peligro inminente para todos. Lo vemos en el accidente. Lo sentimos en las imágenes. Lo percibimos en las palabras del movilero de Aire.
La lucha por respuestas
La pregunta clave es: ¿quién se hace responsable de todo esto? El accionar de Vialidad Nacional deja mucho que desear. La empresa contratista tiene su parte de culpabilidad. Pero sobre todo, existe una clase política indolente, corrupta, dispuesta a poner los intereses particulares por encima del bien público y la seguridad de los ciudadanos. Los responsables de este atropello deben responder. El silencio cómplice, el juego político de culpas no servirá para tapar un hecho tan terrible. Esto es negligencia, inoperancia, e incluso podríamos decirlo: un delito. La corrupción de las autoridades implica la pérdida de una persona. En este caso, un motociclista.
Es necesario generar una presión social contundente. Es necesario que las autoridades competentes actúen en consecuencia, que se realicen las reparaciones correspondientes de manera correcta, que se investigue en profundidad las causas de este escandaloso hecho. Solo con un esfuerzo conjunto podremos evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.
Las imágenes hablan por sí solas
Las fotos obtenidas en el Puente Carretero muestran, con una crudeza impactante, la magnitud del desastre. Cada imagen es un llamado de atención para la clase política indolente. Cada grieta es una condena. Cada surco es una acusación. Cada chapon suelto una sentencia que espera ser cumplida. El juicio por estos hechos debe ser expeditivo. Rápido. Y justo.