Este miércoles, se llevó a cabo una movilización nacional de prestadores de servicios para personas con discapacidad, bajo el lema #DiscapacidadBastadeQuitas. La protesta, que se replicó en diversas ciudades del país, se centró en la exigencia de ajustes urgentes en el sector, incluyendo la recomposición de aranceles, la derogación del Decreto 843/24 y un aumento en los recursos destinados a las pensiones no contributivas.
Reclamos Principales: Un Llamado a la Acción
Los manifestantes presentaron un conjunto de reclamos cruciales para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la sustentabilidad de los servicios que los asisten. Entre ellos, se destaca la eliminación del Decreto 843/24. Este decreto, según denuncian, impone criterios de “Pensión por Invalidez Laboral” para la asignación de Pensiones No Contributivas, dejando de lado las necesidades específicas de las personas con discapacidad y resultando en la posible pérdida de este recurso esencial para miles de beneficiarios.
Otro punto central del reclamo gira en torno al recorte presupuestario. El proyecto de Presupuesto Nacional para 2025 prevé una drástica reducción de 177.740 pensiones no contributivas. Este recorte, realizado sin auditorías previas, pone en una situación de vulnerabilidad a quienes dependen de esta ayuda económica para cubrir sus necesidades básicas y acceder a la atención médica necesaria. Acompañando esto, los prestadores exigen un aumento significativo de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025.
Situación de los Aranceles: Una Crisis Económica
La protesta también puso en evidencia la preocupante situación de los aranceles actuales para los servicios prestados a personas con discapacidad. Los prestadores denuncian que los aranceles cubren, según la prestación, apenas entre el 50% y el 61% de los costos operativos. Esto genera una profunda crisis económica para quienes brindan estos servicios, obligándolos a reducir la calidad o incluso a suspender su actividad, con el consecuente impacto negativo en las personas que reciben la atención.
En la Provincia de Córdoba, esta problemática se agrava aún más. A pesar de la Ley 8.811, la agencia provincial Apross mantiene aranceles que solo cubren entre el 60% y el 70% de los costos, exacerbando la situación crítica ya existente a nivel nacional. Esta disparidad entre los costos reales y los pagos recibidos pone en riesgo la continuidad de la asistencia y el acceso a servicios de vital importancia para la población con discapacidad de la provincia.
Más Allá de las Pensiones: Otros Reclamos Fundamentales
La movilización nacional abarcó una serie de demandas que trascienden la cuestión de las pensiones y los aranceles, apuntando a una mejora integral de la situación de las personas con discapacidad. Los manifestantes reclaman una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para asegurar el cumplimiento de las normativas sobre acceso a pasajes para personas con discapacidad. Esta medida busca garantizar la movilidad y el acceso a oportunidades fuera de su ámbito inmediato.
Otra demanda crucial es la implementación de una Asignación Universal por Discapacidad (AUD). Esta asignación se plantea como una herramienta indispensable para brindar un soporte económico y social que garantice los derechos y la independencia de las personas con discapacidad. Finalmente, el reclamo incluye el cumplimiento efectivo del Cupo Laboral en el Estado, destinado a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad y brindarles oportunidades equitativas en el mercado laboral.
Testimonios y Perspectivas
Diversos testimonios de familiares, profesionales y representantes de las personas con discapacidad expusieron la angustia y la incertidumbre que genera esta situación de ajuste. La actriz Valentina Bassi, madre de una persona con discapacidad, expresó su preocupación, enfatizando la falta de recursos y el impacto en la calidad de vida. El integrante del Foro Permanente por la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Daniel Ramos, aportó datos estadísticos, resaltando la crítica situación que viven millones de personas con discapacidad en el país.
La movilización refleja la necesidad urgente de políticas públicas inclusivas, que aseguren el acceso a una vida digna para las personas con discapacidad. El reclamo se extiende a la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos, brindar apoyo económico adecuado y promover la inclusión social de este grupo vulnerable de la población. La situación demanda respuestas inmediatas y acciones concretas por parte del gobierno para evitar un mayor deterioro en la calidad de vida de las personas con discapacidad y quienes los asisten.
Organizaciones Participantes: Una Movilización Unida
- Colegio de Profesionales de Psicología
- Colegio de Psicólogos
- Asociación Civil de Terapistas Ocupacionales de Córdoba
- Asamblea de Trabajadores de Inclusión
- Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba
- Colegio de Profesionales Kinesiólogos y Fisiatras de Córdoba
- Colegio de Fonoaudiólogos
- COMUS
- Asociaciones de Transportistas UTCOR, TADIS y ACTDis
- Federación Converger
- Asociación Civil de Profesionales de la Salud
La amplia participación de organizaciones en la movilización nacional subraya la gravedad de la situación y la necesidad urgente de abordar la problemática de manera integral. La unión de estas diversas entidades, que representan a profesionales, trabajadores y transportistas involucrados en la atención a personas con discapacidad, refleja un llamado a la acción conjunto y la búsqueda de soluciones para este sector vulnerable.
