La reciente revocación de la pensión vitalicia a Amado Boudou por parte de ANSES ha desatado un debate sobre los privilegios en la política argentina y el uso del poder. La decisión, basada en la condena definitiva por corrupción, ha generado reacciones encontradas y resalta la tensión entre la justicia, el poder político y el descontento social.
El caso Boudou: un precedente legal
La resolución 1103/2024, publicada en el Boletín Oficial, fundamenta la revocación de la asignación mensual vitalicia en la Ley 24.018. Esta ley establece que la condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública descalifica al beneficiario para recibir beneficios graciables. ANSES argumenta que la asignación vitalicia es una ‘gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor’, valores que fueron claramente violados por las acciones corruptas de Boudou.
La resolución destaca que el beneficio no es inalienable ni irrevocable, y que se encuentra supeditado al buen desempeño en el cargo público. El mal desempeño, se señala, es jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa determinada con fuerza de verdad legal. ANSES busca sentar un precedente de ejemplaridad, señalando que la pérdida de estos privilegios tiene un significado ejemplarizante para la sociedad y la clase política.
El contexto político: un juego de poder
La decisión sobre Boudou se inserta en un contexto político más amplio, marcado por la tensión entre el gobierno de Javier Milei y la oposición. La medida tomada respecto de la pensión de Boudou, al igual que la decisión previa de revocar la pensión de privilegio de Cristina Kirchner, ha sido interpretada por algunos como una estrategia de desgaste político. En este sentido, hay un cruce de mensajes entre ambos sectores, y lo que se define como un mensaje de transparencia o lucha contra la corrupción por un sector, para el otro es una medida persecutoria o un acto de revanchismo.
El caso de Cristina Kirchner, quien perdió su doble jubilación de privilegio, ilustra esta dinámica. Su reacción, con fuertes críticas al gobierno, revela una respuesta anticipada a las medidas que el actual gobierno impulsa y que se pueden considerar una parte de una guerra política. Se configura así una situación en la que las acciones tomadas en el ámbito de la justicia y la administración se reinterpretan de manera política.
La amenaza de la violencia política: un fantasma latente
El artículo hace referencia a manifestaciones de violencia política en el pasado reciente. Se menciona el caso de los “soldados del Pingüino” en 2022, quienes manifestaron su intención de generar un “quilombo” en caso de que se atacara a Cristina Kirchner. Similarmente, el grupo “Los Irrompibles”, liderado por Leandro Santoro, mostraba una intención similar respecto a Raúl Alfonsín. Estas referencias al pasado ayudan a poner en perspectiva el contexto y la preocupación que existe respecto al desarrollo de discursos e incluso actos que manifiestan una posible escalada en la violencia política.
El artículo destaca la preocupante utilización de una retórica belicista o que llama a confrontaciones físicas por parte de sectores políticos. El surgimiento de grupos que promueven un discurso de la fuerza y que buscan legitimar formas de actuar violentas para imponer una agenda política es un fenómeno preocupante que necesita ser analizado y abordado, para evitar que estas situaciones deriven en situaciones de violencia.
Claridad vs. Confrontación
La revocación de la pensión a Boudou, más allá de su justificación legal, se presenta como un episodio más dentro de un escenario político polarizado. La tensión entre la búsqueda de justicia y el uso del poder para dirimir conflictos políticos es preocupante. Es importante que en Argentina se avance en la construcción de mecanismos que promuevan el debate respetuoso, el respeto por las instituciones y el pleno ejercicio de la justicia, mientras se mantienen firmes los sistemas democráticos.
La nitidez y transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción son cruciales. Sin embargo, la necesidad de construir un ambiente donde el debate político y la disidencia se puedan expresar sin caer en la violencia o la incitación a la misma, es un desafío para todos los actores políticos. El camino hacia una sociedad más justa y democrática pasa por fortalecer el diálogo y el consenso, dejando de lado las narrativas polarizadas y las amenazas de violencia.
