El proceso de aprobación del Presupuesto 2025 en Argentina se encuentra en un punto crítico, con el Gobierno Nacional y los gobernadores provinciales enfrentados en una tensa batalla fiscal. Las negociaciones, que llevan semanas, han llegado a un punto muerto, con el oficialismo rechazando las demandas de los mandatarios provinciales. Este impasse pone en riesgo la aprobación del presupuesto a tiempo, generando incertidumbre económica y política.
Puntos de Conflicto: Un Abismo de Millones
Las diferencias se centran en un considerable monto económico. Los gobernadores reclaman una serie de ajustes que totalizan aproximadamente $3.700 millones de pesos. Los principales puntos de fricción incluyen: Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos por un valor cercano a $293.000 millones; financiamiento para las cajas jubilatorias provinciales, estimado en $322.000 millones; y una compensación por la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que ronda los $221.000 millones. A esto se suman compensaciones pendientes del consenso fiscal de 2017 por $1.000 millones y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos por $1.700 millones.
La magnitud de estos reclamos evidencia la profunda necesidad de financiamiento que enfrentan las provincias. Sin embargo, el Gobierno sostiene que acceder a estas demandas implicaría un profundo desequilibrio fiscal, comprometiendo la estabilidad económica del país. La falta de consenso podría generar graves consecuencias en la ejecución de los programas provinciales y municipales, dejando sin recursos a sectores claves de la economía y la sociedad.
Posturas Irreconciliables: El Gobierno y los Gobernadores
El Gobierno, a través de su equipo económico, mantiene una postura firme: no habrá modificaciones en el presupuesto que comprometan el equilibrio fiscal. La Casa Rosada ha asegurado que solo convocará a sesiones extraordinarias si existe un acuerdo previo con los gobernadores que garantice el acompañamiento al proyecto. Se evalúan medidas alternativas para cubrir las necesidades fiscales en caso de no aprobarse el presupuesto en el Congreso. Esta posición deja en evidencia la preocupación del gobierno por las consecuencias que generaría para la confianza de los mercados una modificación drástica en la planificación económica.
Por otro lado, los gobernadores presionan para obtener mayores recursos, argumentando la necesidad de cubrir sus compromisos financieros y realizar las obras públicas previstas. Aunque mantienen una línea de silencio pública para evitar fricciones con el gobierno nacional, se sabe que algunos buscan alternativas para obtener financiación y recursos externos para enfrentar los desafíos financieros de sus provincias.
El Rol de La Libertad Avanza y las Sesiones Extraordinarias
La suspensión de la reunión de la comisión de Presupuesto, anunciada por el diputado José Luis Espert de La Libertad Avanza, ha elevado aún más la tensión. Este partido, que integra el oficialismo, se ha mostrado firme en su posición de no alterar el equilibrio fiscal. Si bien no se descarta la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, esta medida solo se tomará si hay un acuerdo previo con los gobernadores.
La participación de Espert y de otros funcionarios del gobierno en reuniones con el asesor presidencial Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, demuestra la importancia que se le da a encontrar una solución al conflicto. Sin embargo, el endurecimiento de la postura del oficialismo reduce las posibilidades de un acercamiento rápido. La alternativa que plantea el Gobierno en caso de no llegar a un acuerdo consiste en la ampliación de partidas presupuestarias a través de decretos, lo que podría ser una solución temporal pero que presenta problemas desde la perspectiva legal y política.
Posibles Consecuencias de un Acuerdo o Desacuerdo
Un eventual acuerdo entre el gobierno y los gobernadores generaría estabilidad política y económica. Sin embargo, las posibilidades son mínimas a menos que los gobernadores acepten una fuerte reducción en sus pretensiones económicas. Si las provincias no logran un acuerdo satisfactoria para obtener mayores recursos, la situación se agravará para varios sectores, incluyendo las provincias que ya tienen serios problemas de recaudación de recursos. La incertidumbre generaría dificultades para el inicio de nuevas obras, problemas en la financiación de políticas sociales, una escalada en la deuda pública y tensiones entre el gobierno nacional y las provincias.
Por otro lado, la falta de acuerdo podría provocar un retraso en la aprobación del presupuesto, generando incertidumbre en los mercados y afectando la inversión. La gestión del gobierno se vería perjudicada, teniendo que gestionar mediante decretos la situación de la deuda y la ejecución del presupuesto. El impacto se sentiría en la planificación de gastos e inversiones a largo plazo y la aprobación de proyectos relacionados con la obra pública y la inversión extranjera.
Un Juego de Poder y Equilibrio Fiscal
La actual situación refleja una lucha de poder entre el gobierno y los gobernadores por los recursos fiscales. El gobierno defiende el equilibrio fiscal y la estabilidad económica, mientras que los gobernadores presionan por mayores recursos para atender las necesidades de sus provincias. El desenlace de esta batalla fiscal definirá no solo el futuro del presupuesto 2025, sino también la estabilidad política y económica del país en el corto y mediano plazo. Los próximos días serán decisivos para determinar si se llegará a un acuerdo que permita aprobar el presupuesto a tiempo o si, por el contrario, el conflicto escalará, con consecuencias imprevisibles.
