La discusión en torno al Presupuesto 2025 en Argentina se ha intensificado, generando un enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales. El Ejecutivo, con una postura cada vez más firme, ha advertido que no aceptará modificaciones que comprometan el equilibrio fiscal, mientras que los mandatarios provinciales presionan por cambios que beneficien a sus jurisdicciones. Este tira y afloja político no solo afecta la aprobación del presupuesto, sino que también pone en evidencia la complejidad de la gobernabilidad en un contexto de alta polarización política.
El Gobierno endurece su postura: el equilibrio fiscal como línea roja
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha sido el encargado de comunicar la postura inamovible del Gobierno. En declaraciones a medios nacionales, Francos dejó en claro que el equilibrio fiscal es una condición innegociable, advirtiendo que cualquier modificación que lo ponga en riesgo generará un fuerte rechazo por parte del Poder Ejecutivo. Esta postura busca evitar un desajuste en las cuentas públicas, argumentando que es esencial para la estabilidad económica del país y el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal. La línea roja trazada por el gobierno está impidiendo un diálogo fluido con los mandatarios provinciales que buscan un mayor grado de consenso en el contenido del Presupuesto.
La estrategia del Gobierno se centra en presionar para que el Presupuesto sea aprobado tal como fue presentado. De esta forma, el Ejecutivo busca demostrar su determinación en la gestión de las finanzas públicas y enviar una señal de confianza a los inversores internacionales. Sin embargo, esta postura rígida corre el riesgo de profundizar el conflicto con los gobernadores, generando tensiones que podrían afectar otras áreas de la agenda legislativa.
Gobernadores presionan por modificaciones claves
Los gobernadores, por su parte, plantean una serie de reclamos con el fin de obtener más recursos para sus provincias. Entre los puntos más relevantes de la negociación se encuentran la resolución de deudas de la ANSES con las cajas previsionales provinciales, la baja de la alícuota que la ex AFIP retiene de las recaudaciones, una mayor distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el pago de deudas pendientes del Consenso Fiscal de 2017, y una mayor participación en la coparticipación del impuesto a los combustibles.
Estos reclamos reflejan la profunda dependencia financiera de las provincias respecto al Gobierno nacional. Los gobernadores argumentan que la falta de recursos dificulta la prestación de servicios públicos esenciales y el desarrollo económico de sus provincias. En la búsqueda de una solución, los gobernadores insistieron en reunirse directamente con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, con el objetivo de conseguir una negociación más directa y eficaz que las mantenidas hasta ahora.
El desafío del Gobierno radica en encontrar un punto de equilibrio entre el mantenimiento del equilibrio fiscal y las necesidades financieras de las provincias. Una excesiva flexibilidad podría comprometer la sostenibilidad fiscal, mientras que una postura rígida podría generar un bloqueo legislativo y agravar las tensiones políticas.
El futuro de la Corte Suprema en la mira
En paralelo a la discusión presupuestaria, se encuentra el tema de la designación de nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. El inminente retiro del juez Juan Carlos Maqueda por llegar a la edad límite genera incertidumbre sobre el futuro del máximo tribunal, sumando una nueva variable de tensión en el panorama político. El presidente Milei ha presentado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, pero su tratamiento en el Senado ha sido un proceso demorado, por lo que se habla de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo los designe por decreto, como una opción ante la creciente presión para contar con una Corte Suprema integrada completamente.
Esta situación agrava aún más el escenario político, pues añade un foco de conflicto que podría tensar aún más las negociaciones en torno al Presupuesto. La posible designación por decreto de los jueces para la Corte Suprema podría ser interpretada como una maniobra autoritaria que genere una crisis institucional, añadiendo más complejidad al ya tenso contexto político.
La discusión sobre la conformación de la Corte no es un asunto menor. Las posibles consecuencias políticas de una crisis judicial podrían afectar significativamente el clima político y económico del país, desestabilizando aun más el contexto.
En síntesis, la negociación por el Presupuesto 2025 se presenta como un desafío complejo para el Gobierno. La firme postura en torno al equilibrio fiscal, la presión de los gobernadores por mayores recursos y el escenario abierto en torno a la Corte Suprema, confluyen en un escenario con riesgos para la gobernabilidad.
Posibles desenlaces y sus consecuencias
Existen varios escenarios posibles para el desenlace de esta tensión. El primero y más óptimo sería un acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores que permita la aprobación del Presupuesto con algunas modificaciones que contemplen las necesidades de las provincias, sin comprometer el equilibrio fiscal. Esto demandaría una mayor predisposición al diálogo y a la búsqueda de consensos por parte de todas las fuerzas políticas involucradas. Sin embargo, un posible estancamiento llevaría a un escenario donde el Presupuesto 2023 deba extenderse más allá de lo previsto, lo cual generaría incertidumbre económica y dificultades para la planificación de los proyectos de obras públicas a nivel provincial y nacional.
Un segundo escenario implicaría la aprobación del Presupuesto sin modificaciones, lo cual podría agravar la tensión con los gobernadores y generar un clima político adverso. Por otro lado, el escenario de una aprobación forzada del Presupuesto podría llevar a la judicialización de los temas, especialmente en torno a los reclamos provinciales, retrasando aun más el acuerdo político deseado por el ejecutivo y dificultando una gestión eficiente del próximo año.
Finalmente, la posibilidad de que el Gobierno recurra a la designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema para completar el máximo tribunal, se presenta como una alternativa arriesgada con consecuencias políticas impredecibles. Esta maniobra, aunque podría destrabar un punto de conflicto, también podría generar una mayor crisis política e institucional, dificultando cualquier intento posterior de construir consensos, pues se consolidaría la idea de una gestión de gobierno autoritaria y antidemocrática. La clave para destrabar este complejo escenario político es la construcción del dialogo y la negociación para resolver cada punto sin dejar que la tensión se agrave aun más.
