Comienza el año nuevo y, como un ritual repetitivo e indeseado, llega el anuncio del aumento en las cuotas de las prepagas. Un 4% se suma a la ya abultada factura de los servicios de salud, mientras el gobierno investiga una posible cartelización de las empresas. ¿Coincidencia? Lo dudo. Este nuevo golpe al bolsillo de los argentinos no solo impacta en la economía familiar, sino que también siembra dudas sobre la transparencia y la competencia en el sector de la salud privada.
Un Aumento que no Sorprende, pero Indigna
El aumento del 4% en las cuotas de las prepagas para enero de 2025 no es una sorpresa. Se suma a la larga lista de incrementos que, sistemáticamente, superan la inflación. Las empresas justifican estos ajustes argumentando el alza en los costos de la salud, pero la falta de transparencia en sus balances y la simultaneidad de los anuncios levantan sospechas. ¿Es realmente necesario un aumento tan significativo o estamos frente a una práctica coordinada para maximizar ganancias?
Mientras los argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, las prepagas parecen vivir en una realidad paralela. La salud, un derecho fundamental, se convierte en un negocio lucrativo donde los pacientes son rehenes de un sistema que prioriza el beneficio económico por sobre el bienestar de las personas.
Recordemos que en 2024, las cuotas acumularon un alza cercano al 121%, muy por encima de la inflación anual. ¿Cómo es posible que los costos de la salud se disparen de esta manera sin que exista una explicación clara y convincente para los usuarios?
La respuesta, quizás, se encuentre en la investigación que lleva adelante el Gobierno por presunta cartelización de las empresas de medicina prepaga.
La Sombra de la Cartelización
Siete empresas de medicina prepaga (Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE), junto con la Unión Argentina de Salud (UAS) y su presidente, Claudio Belocopitt, están bajo la lupa de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). La sospecha de cartelización, es decir, de un acuerdo entre competidores para fijar precios y repartirse el mercado, no es un tema menor. De confirmarse, estaríamos frente a una violación flagrante de la ley y un atentado contra los derechos de los consumidores.
El Gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, ha tomado cartas en el asunto, imputando a las empresas y dando inicio a un proceso de investigación que podría derivar en sanciones millonarias. Sin embargo, la justicia es lenta y, mientras tanto, los usuarios siguen pagando el pato.
Es crucial que la CNDC actúe con celeridad y transparencia para determinar si existe o no cartelización. La salud de los argentinos no puede ser rehén de los intereses económicos de un puñado de empresas.
El artículo 2 de la Ley de Cartelización es claro: los acuerdos para fijar precios o repartirse el mercado son prácticas “absolutamente restrictivas de la competencia”. De comprobarse la culpabilidad de las prepagas, las sanciones deben ser ejemplares para desalentar este tipo de conductas abusivas.
Pero más allá de las sanciones, es necesario un cambio profundo en el sistema de salud que garantice el acceso a la atención médica para todos los argentinos, sin importar su capacidad económica. La salud no puede ser un privilegio, sino un derecho.
Mientras la investigación avanza, los usuarios seguimos pagando. Pagamos el aumento del 4%, pagamos la falta de transparencia, pagamos la incertidumbre. ¿Hasta cuándo?
La situación actual exige una respuesta contundente por parte del gobierno. No basta con investigar, es necesario implementar medidas que protejan a los consumidores y promuevan la competencia en el sector. La salud de los argentinos está en juego.
Es hora de que las prepagas rindan cuentas. La salud no puede ser un negocio a costa de la gente.
