El nuevo año trae consigo un incremento en las cuotas de las prepagas, un anuncio que llega en medio de la controversia por la imputación de siete empresas del sector por presunta cartelización. Mientras los afiliados se preparan para afrontar nuevos costos, el debate sobre la regulación del sector y la transparencia en la formación de precios se reaviva.
Aumentos en enero y la sombra de la cartelización
Las empresas de medicina prepaga han comenzado a notificar a sus afiliados los aumentos en las cuotas para enero de 2025, que oscilarán entre el 3% y el 3,9%, según la compañía y el plan. Este incremento se produce en un contexto delicado, ya que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ha imputado a siete importantes prepagas por presunta cartelización en la fijación de precios. Las empresas acusadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, junto con la Unión Argentina de Salud (UAS) y su presidente, Claudio Belocopitt.
La imputación se basa en una investigación iniciada en enero de 2024, que analizó los aumentos de precios entre diciembre de 2023 y abril de 2024. La CNDC argumenta que las empresas habrían coordinado los incrementos, violando la ley de defensa de la competencia. Las compañías tienen 20 días hábiles para presentar sus descargos. Este proceso legal añade incertidumbre al panorama de las prepagas, ya que de confirmarse la cartelización, las empresas podrían enfrentar multas millonarias.
Mientras tanto, los usuarios deberán afrontar un nuevo aumento en sus cuotas, que se suma al incremento acumulado del 121% en 2024. Las empresas justifican las subas por la necesidad de “garantizar el servicio”, argumentando que los costos en la prestación de salud han aumentado considerablemente.
El impacto de la desregulación y la inflación
La desregulación de los precios de las prepagas, establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 a fines de 2023, ha generado un fuerte debate sobre el rol del Estado en la regulación del sector. La decisión del gobierno de Javier Milei de liberalizar los precios generó fuertes aumentos a principios de 2024, llegando algunos casos hasta un 40%. Esta situación llevó a la presentación de denuncias por cartelización y a un acuerdo judicial en mayo, que incluyó la devolución de un monto en cuotas a los afiliados.
Sin embargo, el acuerdo judicial no resolvió el problema de fondo: la falta de un marco regulatorio claro que proteja los derechos de los usuarios y garantice la transparencia en la formación de precios. La inflación, que acumula un 166% hasta noviembre de 2024, también presiona sobre los costos del sector, pero los aumentos de las prepagas han superado ampliamente los índices inflacionarios.
La libertad para fijar los incrementos, vigente desde julio de 2024 tras la salida del esquema temporario de aumentos que seguían el índice general de precios, deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad ante posibles abusos de las empresas. La ausencia de una regulación efectiva que equilibre la libertad de mercado con la protección de los consumidores es un tema pendiente que el gobierno deberá abordar.
El futuro del sistema de salud privado
El caso de las prepagas pone de manifiesto la necesidad de un debate profundo sobre el futuro del sistema de salud privado en Argentina. La falta de transparencia en la formación de precios, la desregulación del sector y el aumento constante de las cuotas generan preocupación entre los usuarios, que buscan alternativas más accesibles.
La creciente judicialización del conflicto entre el Gobierno, las empresas y los usuarios evidencia la necesidad de un nuevo marco regulatorio que garantice la sostenibilidad del sistema, la competencia entre las empresas y la protección de los derechos de los afiliados.
El debate sobre la regulación del sector salud debe ir más allá de la discusión sobre los precios. Es necesario abordar temas como la calidad de la atención, la cobertura de los planes y el acceso a la salud para todos los sectores de la sociedad. El desafío es encontrar un equilibrio entre la eficiencia del mercado y la justicia social, garantizando un sistema de salud equitativo y accesible para todos los argentinos.
