En un caso que conmocionó a la comunidad de Santa Rosa, Claudio Crispín Obejero (48) y su hijo Enrique Obejero (26) fueron condenados a prisión perpetua por el brutal homicidio de Fabio Bazán (24). El joven Bazán estuvo desaparecido durante varios días antes de que su cuerpo fuera encontrado incinerado en un pozo en el relleno sanitario de la ciudad, en la intersección de las calles Asunción del Paraguay y Pilcomayo. La sentencia fue dictada el viernes 13 por el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, compuesto por los jueces Gastón Boulenaz, Carlos Besi y Alejandra Ongaro.
La acusación y el pedido de prisión perpetua
El fiscal Oscar Alfredo Cazenave, a cargo de la investigación, presentó una acusación contundente contra los Obejero. Según la reconstrucción del hecho, el 27 de marzo de 2023, padre e hijo atacaron a Bazán con un objeto contundente, causándole al menos dos golpes en el cráneo. Además, lo agredieron con un cuchillo, provocándole una herida en el tórax derecho. Tras el asesinato, arrojaron el cuerpo a un pozo en el relleno sanitario e intentaron incinerarlo para ocultar el crimen.
El fiscal Cazenave encuadró el delito como “homicidio calificado por alevosía, en carácter de coautores”, argumentando que los acusados actuaron con premeditación y ensañamiento. La alevosía se configura cuando el agresor se aprovecha de la indefensión de la víctima para asegurar la ejecución del delito sin riesgo para sí mismo. En este caso, la brutalidad del ataque y el intento de ocultar el cuerpo demuestran la intención de los acusados de evitar cualquier posibilidad de defensa por parte de Bazán. Por lo tanto, solicitó la pena máxima: prisión perpetua.
La abogada Antonella Marchisio, representante de la querella, adhirió completamente a la solicitud del fiscal, coincidiendo en la calificación del delito y en el pedido de prisión perpetua para ambos acusados. Marchisio enfatizó el dolor y sufrimiento de la familia de la víctima, quienes durante días buscaron desesperadamente a Fabio sin saber su paradero.
Para la querella, la incineración del cuerpo representó un agravante del delito, demostrando no solo la intención de ocultar el crimen, sino también una profunda falta de respeto por la vida humana y el dolor de los familiares de Bazán. La querella presentó pruebas adicionales que reforzaban la acusación del fiscal, incluyendo testimonios de personas que habían visto a Bazán con los acusados poco antes de su desaparición.
Las estrategias de la defensa
Las estrategias de la defensa de los acusados fueron divergentes. María Silvina Blanco Gómez, defensora de Enrique Obejero, solicitó la absolución de su cliente argumentando que no existían pruebas suficientes para demostrar su participación en el homicidio. Cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía, especialmente en relación a la herida de arma blanca en el tórax de Bazán. Argumentó que no se había demostrado fehacientemente que esa lesión se hubiera producido mientras la víctima estaba con vida.
Blanco Gómez planteó la posibilidad de que solo una persona hubiera cometido el crimen y que, en caso de que el Tribunal considerara probada la participación de Enrique, se debería aplicar el principio de “in dubio pro reo”, absolviéndolo por la existencia de dudas razonables. Subsidiariamente, solicitó que se considere la posibilidad de un exceso en la legítima defensa, lo que implicaría una pena menor.
Por su parte, María Alejandra Moyano, defensora oficial de Claudio Obejero, también solicitó la absolución de su cliente alegando falta de pruebas concluyentes y la posible vulneración del principio de inocencia. Al igual que la defensa de Enrique, Moyano argumentó que las pruebas presentadas no eran suficientes para condenar a su cliente más allá de toda duda razonable. Hizo hincapié en la vulnerabilidad de Obejero padre, quien no tenía antecedentes penales.
En caso de que el Tribunal no lo absolviera, Moyano solicitó que se considerara la posibilidad de que el homicidio se hubiera cometido en un exceso de legítima defensa, pidiendo que se le aplicara el mínimo de la pena posible en caso de ser hallado culpable. La defensa se basó en el argumento de que no se había podido establecer con certeza la dinámica de los hechos y que existía la posibilidad de que los acusados hubieran actuado en defensa propia.
El veredicto: Prisión perpetua
La jueza Alejandra Ongaro, quien emitió el primer voto del fallo, realizó un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas, incluyendo las declaraciones de los acusados, los informes periciales y los testimonios de testigos. Desestimó los planteos de las defensas y coincidió con la acusación del fiscal. Consideró probada la participación de ambos acusados en el homicidio calificado por alevosía de Fabio Bazán.
La jueza Ongaro destacó que la declaración de Enrique Obejero, en la que acusaba a su padre de ser el único autor del crimen, no resultaba creíble a la luz de las evidencias. Además, señaló que no había surgido durante el proceso ninguna prueba que respaldara la hipótesis de la legítima defensa. Por el contrario, las circunstancias del crimen, la brutalidad del ataque y el intento de incineración del cuerpo, apuntaban a un homicidio premeditado y ejecutado con alevosía.
Los jueces Carlos Besi y Gastón Boulenaz adhirieron al voto de la jueza Ongaro, confirmando la condena de prisión perpetua para ambos acusados por ser coautores del delito de homicidio calificado por alevosía. La sentencia se basó en la contundencia de las pruebas presentadas por la fiscalía y la querella, que lograron demostrar la responsabilidad penal de Claudio y Enrique Obejero en el brutal asesinato de Fabio Bazán. El Tribunal también ordenó mantener la prisión preventiva de los condenados hasta que la sentencia quede firme.
El caso del homicidio de Fabio Bazán y la posterior condena a prisión perpetua de sus asesinos ha generado un profundo impacto en la sociedad de Santa Rosa. La sentencia, que se conoció tras un largo proceso judicial, ha traído algo de alivio a la familia de la víctima, que buscaba justicia por el brutal crimen. El caso pone de manifiesto la importancia de un sistema judicial que funcione con eficiencia y transparencia para garantizar que los responsables de delitos graves rindan cuentas ante la ley. Asimismo, la condena sirve como un recordatorio de la necesidad de trabajar como sociedad para prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica.
