La provincia de Córdoba se encuentra en vilo ante la creciente tensión entre el gobierno provincial, encabezado por Juan Schiaretti, y los sindicatos estatales, que reclaman un ajuste salarial ante la galopante inflación. Las negociaciones se han estancado, lo que ha derivado en una serie de medidas de fuerza que culminarán con un paro general el próximo miércoles.
El Paro del Miércoles y las Medidas Previas
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), junto a otros gremios, ha confirmado una marcha hacia el Centro Cívico el miércoles. Previo a este paro, se llevarán a cabo asambleas durante la semana y cortes de calles, escalando la presión sobre el gobierno.
Sergio Castro, titular del SEP, ha declarado que las medidas se intensificaron por decisión de los afiliados. Estas incluyen asambleas este jueves, tres piquetes simultáneos el viernes y el paro con movilización del miércoles. En esta movilización participarán otros sindicatos estatales.
Reclamos Salariales y Otras Demandas
El reclamo central es por una recomposición salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación. Pero la problemática se extiende más allá de los sueldos, pues se reclama mayor personal para hospitales, la revisión de los descuentos al Apross (el sistema de salud de la provincia) y la eliminación del diferimiento en el pago de las jubilaciones.
“Con esta inflación, el poder adquisitivo se deteriora semana a semana”, señaló Castro, reflejando la preocupación generalizada de los trabajadores estatales.
La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y la Ley 10.889
La UTS, un sindicato con fuerte presencia en los hospitales provinciales, realizará una huelga el mismo día que el SEP. Además, el jueves realizarán protestas en los semáforos del Polo Sanitario y del centro de la ciudad. La UTS se ha mostrado especialmente crítica por la oferta gubernamental, calificándola como “miserable”.
La UTS también reclama la urgente reglamentación de la Ley 10.889, sancionada en mayo de 2023 durante la gestión de Juan Schiaretti. Los profesionales de la salud consideran esta ley fundamental para mejorar sus condiciones laborales.
Acuerdo Parcial y Negociaciones en Curso
La Unión de Personal Superior (UPS) es el único gremio del Estado provincial que ha llegado a un acuerdo salarial. Este acuerdo establece aumentos mensuales para el período de octubre de 2023 a marzo de 2024, indexados a la inflación provincial. Posteriormente, se le aplicó a Policía y Servicio Penitenciario un aumento del 3,65%.
Mientras tanto, las negociaciones entre el Suoem (sindicato de empleados municipales) y la Municipalidad de Córdoba continúan, aunque sin avances significativos luego de la segunda audiencia de conciliación. Las negociaciones entre ambas partes continúan, enmarcadas en una conciliación obligatoria, por lo cual el Suoem no realiza protestas ni afecta los servicios municipales.
Impacto en la Provincia y Perspectivas Futuras
La intensificación del conflicto genera incertidumbre en la provincia, pues afecta el normal funcionamiento de diversos servicios públicos. La falta de acuerdo entre el gobierno y los sindicatos incrementa la preocupación por las posibles consecuencias de un conflicto prolongado, especialmente considerando el impacto en la prestación de servicios esenciales para la población.
Las próximas horas serán cruciales para observar la evolución del conflicto. Si las negociaciones no avanzan, es posible que se tomen nuevas medidas de fuerza, elevando aún más la tensión social y política de Córdoba. Se espera que la postura del gobierno frente a las demandas sindicales marque el curso de los acontecimientos.
Contexto Económico y Social
El contexto inflacionario actual agrava las tensiones salariales. El incremento constante de los precios afecta el poder adquisitivo de los sueldos y genera reclamos por parte de distintos sectores. El caso de los estatales cordobeses se inscribe en este contexto generalizado, reflejando las presiones socioeconómicas que vive la población.
Además del impacto directo en los trabajadores y sus familias, el conflicto tiene implicaciones en la economía provincial. Las medidas de fuerza, como los paros y movilizaciones, pueden afectar la actividad económica y dificultar la prestación de servicios públicos.
Perspectivas a Futuro
El desenlace de este conflicto dependerá en gran medida de la voluntad de diálogo del gobierno y de su capacidad para ofrecer soluciones que satisfagan las demandas sindicales. Si se mantiene la postura actual, las medidas de fuerza podrían intensificarse con consecuencias aún más complejas.
Por lo pronto, la provincia observa con atención cada movimiento en esta compleja negociación que pone a prueba la capacidad de diálogo y la búsqueda de soluciones equitativas entre el gobierno y los trabajadores estatales.
