La madrugada del lunes, la tranquilidad del recorrido habitual de la línea 338 se vio interrumpida por un acto de violencia que ha dejado a un chofer herido y a una comunidad conmocionada. En Ciudad Evita, partido de La Matanza, un pasajero agredió brutalmente al conductor, Kevin Godoy, con un botellazo en la cabeza. Este hecho, que ha derivado en un paro por tiempo indeterminado de las líneas 338 y 406, vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público y la necesidad urgente de implementar medidas que garanticen su seguridad.
Un ataque que exige respuestas
El ataque a Kevin Godoy no es un hecho aislado. Se suma a una larga lista de agresiones y robos que sufren a diario los choferes de colectivo en el Conurbano bonaerense. La violencia, que parece haberse naturalizado en la sociedad, encuentra en los trabajadores del transporte un blanco fácil. La falta de seguridad en las unidades, la escasa presencia policial en horarios nocturnos y la impunidad con la que actúan los agresores contribuyen a crear un clima de miedo e incertidumbre que afecta la vida de miles de personas.
Según relatan los compañeros de Godoy, el pasajero habría tocado el timbre para descender, pero el chofer, siguiendo el protocolo de seguridad, se detuvo en la parada siguiente. Este simple hecho desencadenó la furia del agresor, quien sin mediar palabra, golpeó al conductor con una botella, causándole heridas cortantes en la frente que requirieron cinco puntos de sutura. El agresor, cobardemente, se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido detenido.
La indignación y el hartazgo de los choferes se hicieron sentir de inmediato. En solidaridad con su compañero agredido, los trabajadores de las líneas 338 y 406, pertenecientes a la empresa Transporte Automotores La Plata (TALP), iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Exigen medidas concretas que garanticen su seguridad, como la instalación de cabinas de protección, cámaras de seguridad en las unidades y mayor presencia policial en las zonas de mayor riesgo.
La inseguridad, un problema estructural
El reclamo de los choferes trasciende el caso puntual de Kevin Godoy. Pone de manifiesto un problema estructural que afecta a toda la sociedad: la inseguridad. La falta de políticas públicas efectivas, la ineficiencia del sistema judicial y la naturalización de la violencia han creado un círculo vicioso que se cobra víctimas a diario. Los trabajadores del transporte, por la naturaleza de su trabajo, están expuestos de manera constante a situaciones de riesgo, convirtiéndose en un blanco fácil para la delincuencia.
Ramón, delegado de la empresa TALP, expresó la angustia y la preocupación que viven los choferes: “Seguridad es el tema, queremos poder trabajar, terminar e irnos sin temor a que nos pase algo. Hoy el tema inseguridad es un montón. Robos continuos a mano armada arriba de las unidades y agresiones varias”. Sus palabras reflejan el clamor de un sector que se siente desprotegido y abandonado por las autoridades.
La falta de cámaras de seguridad en muchas unidades, la insuficiente iluminación en las paradas y la ausencia de botones antipánico son solo algunos de los factores que contribuyen a la inseguridad. A esto se suma la precariedad laboral que sufren muchos choferes, con extensas jornadas de trabajo, bajos salarios y la presión constante por cumplir con los horarios.
Más allá del paro: la necesidad de un cambio profundo
El paro de las líneas 338 y 406 es un llamado de atención a la sociedad y a las autoridades. No se trata solo de un reclamo sectorial, sino de una demanda por el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras. La violencia contra los choferes de colectivo es un síntoma de una sociedad que ha perdido el rumbo, donde la vida humana parece no tener valor.
Es necesario un cambio profundo que aborde las causas estructurales de la inseguridad. Se requieren políticas públicas integrales que incluyan la prevención del delito, la mejora del sistema judicial, la creación de empleos genuinos y la promoción de una cultura de paz. La seguridad no es un problema que pueda resolverse con parches o medidas aisladas, sino con un compromiso a largo plazo de toda la sociedad.
Mientras tanto, los choferes de colectivo continúan esperando respuestas. Su lucha no es solo por su propia seguridad, sino por la de todos los usuarios del transporte público. Un servicio esencial para la vida de miles de personas que no puede seguir funcionando bajo el manto de la violencia y el miedo.
La reunión entre los representantes de la empresa y las autoridades policiales es un primer paso, pero no suficiente. Se necesitan medidas urgentes y concretas que permitan a los choferes trabajar con tranquilidad y a los pasajeros viajar seguros. La violencia no puede ser la respuesta a la frustración, ni la inseguridad el pan de cada día. Es hora de que la sociedad en su conjunto se involucre en la búsqueda de soluciones, para que el transporte público deje de ser un escenario de violencia y se convierta en un espacio de encuentro y convivencia pacífica.
