Elon Musk y Vivek Ramaswamy, dos figuras prominentes del mundo empresarial, han propuesto un ambicioso plan para reformar la estructura gubernamental de Estados Unidos. Su propuesta, detallado en un artículo conjunto publicado en The Wall Street Journal, busca desmantelar una parte significativa del aparato estatal, enfocándose en la reducción de regulaciones, personal y gastos.
El nacimiento del DOGE: Departamento de Eficiencia Gubernamental
El plan se centra en la creación de un nuevo departamento gubernamental, el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), que funcionará como un organismo externo al gobierno, liderado por Musk y Ramaswamy como voluntarios. Su objetivo principal es identificar y eliminar ineficiencias dentro del sistema federal.
Esta iniciativa, concebida como una audacia emprendedora, no como una movida puramente política, pretende implementar medidas de corte radical para mejorar la eficiencia y reducir el tamaño del Estado. La inspiración puede rastrearse, según algunas interpretaciones, a experimentos similares llevados a cabo en Argentina, pero adaptados a la realidad del contexto americano.
Los tres pilares del DOGE
El plan del DOGE se apoya en tres pilares fundamentales: la rescisión de regulaciones innecesarias, la reducción del personal administrativo y el ahorro de gastos federales.
Rescisión de regulaciones
El DOGE propone una revisión exhaustiva de las regulaciones federales, identificando aquellas consideradas inconstitucionales a la luz de recientes fallos de la Corte Suprema. Se invocan sentencias como West Virginia v. EPA (2022) y Loper Bright v. Raimondo (2024) como precedentes para cuestionar la legalidad de numerosas regulaciones existentes.
El objetivo es eliminar regulaciones que exceden la autoridad legislativa otorgada por el Congreso, devolviendo el poder decisorio a las instancias democráticamente elegidas y reduciendo la influencia burocrática en la política económica y social.
Reducción de personal administrativo
Una reducción significativa del número de empleados federales es otro objetivo central del DOGE. Se busca determinar el número mínimo de empleados necesarios para que cada agencia cumpla con sus funciones constitucionales y legales. Esta reducción estaría correlacionada con la cantidad de regulaciones anuladas, lo que refleja una estrategia de reingeniería del aparato estatal.
Para mitigar el impacto social de los despidos, el DOGE propone incentivos para la jubilación anticipada y pagos de indemnización para facilitar la transición de los empleados al sector privado. Esta iniciativa destaca la intención de gestionar el proceso de manera justa y socialmente responsable.
Ahorro en gastos federales
El DOGE pretende identificar y eliminar gastos considerados no autorizados por el Congreso. Algunos ejemplos son los 535 millones de dólares anuales destinados a la Corporación de Radiodifusión Pública y 1.500 millones de dólares en subvenciones a organizaciones internacionales. Además, se realizará una auditoría de contratos federales para identificar potenciales ahorros.
Se propone una auditoría exhaustiva del gasto federal, un proceso que ha sido criticado por su falta de rigor y transparencia en instancias como el Pentágono, el cual ha fallado siete auditorías consecutivas, a pesar de manejar un presupuesto de más de 800.000 millones de dólares.
Herramientas y estrategia: órdenes ejecutivas y precedentes judiciales
El DOGE se basa en el uso estratégico de las órdenes ejecutivas presidenciales y los precedentes judiciales para implementar su plan. Se planea trabajar en conjunto con expertos legales para aplicar los fallos de la Corte Suprema a las regulaciones existentes. Se prevé que el presidente pueda pausar inmediatamente la aplicación de las regulaciones identificadas por el DOGE y comenzar su revisión y posible rescisión.
La defensa del uso de órdenes ejecutivas para revertir lo que se considera un “exceso ejecutivo” de regulaciones emitidas sin la aprobación del Congreso es una parte esencial de la estrategia. Para Musk y Ramaswamy, el poder ejecutivo debe privilegiar la deferencia legislativa al Congreso, no a la burocracia.
Más allá de la reducción: Reubicación, presencialidad y transparencia
El plan del DOGE se extiende más allá de la reducción de regulaciones y personal. Se propone la reubicación de agencias fuera de Washington, D.C., buscando una mejor distribución geográfica y reducción de costos. Además, se impulsa la obligatoriedad de la asistencia presencial en las oficinas durante cinco días a la semana.
La transparencia fiscal es un eje fundamental. Se buscan mecanismos para auditar exhaustivamente el gasto federal, buscando una mejor rendición de cuentas y la eliminación de prácticas corruptas o ineficientes. La meta, según los impulsores, es lograr una administración más eficiente y que responda a las necesidades reales de los ciudadanos.
Un plazo definido: un regalo para el aniversario de Estados Unidos
El DOGE se ha autoimpuesto un plazo definido para su existencia: el 4 de julio de 2026, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El objetivo final es eliminar la propia necesidad de su existencia, logrando una administración pública tan eficiente que el DOGE se vuelva superfluo.
Esta declaración, aunque ambiciosa, evidencia la voluntad de generar un cambio estructural y duradero, convirtiendo al DOGE no en una solución permanente, sino en un catalizador de un cambio profundo en la administración pública estadounidense.
Una propuesta disruptiva con consecuencias impredecibles
El plan de Musk y Ramaswamy es una propuesta profundamente disruptiva, que busca una transformación radical en el funcionamiento del Estado Americano. Sus impulsores defienden el modelo, argumentando una profunda necesidad de rectificar las ineeficiencias y el excesivo tamaño del aparato estatal, pero la propuesta presenta grandes desafíos y riesgos inherentes. La implementación implicará un enfrentamiento con intereses establecidos y podría tener consecuencias significativas para la economía y la sociedad estadounidense.
La propuesta genera controversia, incluso entre quienes comparten una filosofía de gobierno pequeño. La efectividad del plan dependerá, en gran parte, de su capacidad de implementar cambios de forma eficiente y transparente, sin generar un caos en la administración pública y sin provocar una respuesta negativa generalizada.
