El caso de Mirta Greco no solo reabre un debate doloroso, sino que expone las fallas críticas en nuestro sistema de apoyo a la discapacidad y la vejez. Una realidad que se agudiza al considerar que, según datos recientes, el 70% de los cuidadores de personas con discapacidad en Argentina no reciben ningún tipo de apoyo económico o psicológico del Estado, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad.
Esta situación, lejos de ser una simple crónica judicial, invita a reflexionar sobre las grietas de un sistema que a menudo abandona a las familias que enfrentan situaciones límite. Mirta Greco, una madre que dedicó su vida al cuidado de su hijo Vicente, se vio atrapada en una espiral de violencia que culminó en una tragedia. Su historia interpela como sociedad y obliga a cuestionar las respuestas ante el sufrimiento ajeno.
Abandono Estatal: Origen de la Desesperación
El reconocimiento judicial
La jueza Mirna Montaldi, al dictar el sobreseimiento de Mirta Greco, reconoció que la mujer actuó “ante la imposibilidad de contener a Vicente Mazziotti cuando tenía ataques de ira”. Este reconocimiento judicial es fundamental para comprender la dimensión humana de esta tragedia. Mirta no era una criminal despiadada, sino una madre desesperada que había agotado todos sus recursos para protegerse a sí misma y a su hijo. Como declaró la jueza Montaldi: “Se actuó en un contexto de desesperación y falta de alternativas”.
Violencia y Aislamiento
Los testimonios recogidos durante la investigación revelaron un patrón de violencia recurrente por parte de Vicente, agravado por su condición de persona con autismo. Mirta, con su avanzada edad y su propia fragilidad física, se veía cada vez más incapaz de controlar las crisis de su hijo. La falta de apoyo estatal y la ausencia de una red familiar sólida la sumieron en un aislamiento que finalmente la condujo a tomar una decisión trágica.
Fallas en el sistema de salud
En las semanas previas al filicidio, la familia de Vicente había llamado en reiteradas ocasiones a una ambulancia para contener sus ataques. Sin embargo, los médicos solo podían sedarlo y recomendar su internación, una solución que no abordaba el problema de fondo. Esta falta de respuesta efectiva por parte del sistema de salud pública evidencia una falla estructural en la atención de personas con discapacidad y sus familias.
Este caso no es un hecho aislado, sino el síntoma de una sociedad que aún no ha logrado garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La falta de recursos económicos, la escasez de profesionales capacitados y la persistencia de prejuicios y estereotipos dificultan el acceso a una atención integral y personalizada.
Legítima Defensa y Responsabilidad Estatal
Los límites de la legítima defensa
El sobreseimiento plantea interrogantes fundamentales sobre los límites de la legítima defensa en casos de violencia intrafamiliar. ¿Es aceptable que una persona mate a otra para preservar su propia vida, incluso cuando no existe una agresión inminente? La jueza Montaldi argumentó que Mirta actuó “ante la imposibilidad de contener a Vicente Mazziotti cuando tenía ataques de ira”. Esta interpretación abre un debate complejo sobre las circunstancias atenuantes en casos de violencia intrafamiliar. Expertos en derecho penal como el Dr. Carlos Pérez señalan que “la legítima defensa debe analizarse en el contexto de vulnerabilidad de la víctima”.
Obligación del Estado
Es evidente que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto implica no solo brindar asistencia económica y médica, sino también ofrecer apoyo psicológico, legal y social a las familias que enfrentan situaciones de violencia.
Un llamado urgente a la acción
Reflexión social
Este caso interpela como sociedad y obliga a reflexionar sobre las propias respuestas ante el sufrimiento ajeno. ¿Estamos dispuestos a mirar hacia otro lado cuando una persona con discapacidad es víctima de violencia? ¿Qué estamos haciendo para garantizar que los adultos mayores tengan una vejez digna y segura?
Propuestas concretas
- Fortalecer los servicios de atención a personas con discapacidad y adultos mayores.
- Promover la capacitación de profesionales especializados en violencia intrafamiliar.
- Sensibilizar a la población sobre la importancia de la inclusión y el respeto.
- Revisar y actualizar el marco legal vigente para garantizar una protección efectiva a las víctimas de violencia doméstica.
El caso es un llamado a la acción. Invita a construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva, donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida digna y segura, sin importar su edad, su condición física o su situación social. Solo así se podrá evitar que tragedias como esta se repitan y que el amor y el cuidado no se vean desbordados por la desesperación.
Participa en la petición para exigir una mejor atención a personas con discapacidad y adultos mayores. Tu voz puede hacer la diferencia.
