El Gobierno de Javier Milei ha decidido priorizar la reforma electoral por sobre la aprobación del Presupuesto 2025, convocando a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar este tema. La decisión, que deja al país sin un presupuesto nuevo por segundo año consecutivo, ha generado controversia y fuertes críticas por parte de la oposición, que acusa al oficialismo de querer imponer su agenda política sin tener en cuenta las necesidades económicas del país. Milei, por su parte, se muestra inflexible y asegura que no negociará los puntos centrales de su propuesta.
La reforma electoral, el plato fuerte de las extraordinarias
El oficialismo busca avanzar con dos leyes clave: la eliminación de las PASO y la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos. La primera medida, según el Gobierno, busca agilizar el proceso electoral y reducir costos. Para la oposición, sin embargo, se trata de una maniobra para debilitarla, ya que las PASO funcionan como un termómetro electoral que permite a las diferentes fuerzas medir sus posibilidades y definir sus candidaturas. Eliminarlas, argumentan, favorecería al oficialismo, que cuenta con una estructura partidaria más consolidada.
En cuanto al financiamiento de los partidos, el Gobierno pretende eliminar el aporte estatal y dejarlo en manos privadas. Esta medida también ha generado polémica. Para el oficialismo, se trata de una forma de transparentar el sistema y evitar el uso de fondos públicos para fines partidarios. La oposición, en cambio, sostiene que esta medida beneficiaría a los partidos con mayor acceso a recursos económicos, profundizando la desigualdad en la competencia electoral.
El Presupuesto 2025, la gran ausente
La decisión de dejar fuera del temario de las sesiones extraordinarias el Presupuesto 2025 ha generado una fuerte reacción por parte de los gobernadores, especialmente de la oposición. Estos reclaman al Gobierno que se incluya en el debate la discusión sobre las deudas por cajas previsionales, la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017. Según los cálculos de la administración libertaria, estos pedidos representan un total de 3.700 millones de dólares, una cifra que el Gobierno considera inaceptable en su objetivo de alcanzar el déficit cero.
Los gobernadores argumentan que la falta de un presupuesto actualizado dificulta la planificación de las políticas públicas y genera incertidumbre en las provincias. Además, advierten que la prórroga del presupuesto 2023 por segundo año consecutivo le otorga al Poder Ejecutivo un nivel de discrecionalidad excesivo en el manejo de los fondos públicos.
El oficialismo se mantiene firme en su postura y rechaza de plano los reclamos de las provincias. “No estamos dispuestos a negociar ninguno de los puntos del comunicado. Si ellos quieren presupuesto, tienen que aprobar el que está”, fue la respuesta tajante desde Casa Rosada.
Otras posibles iniciativas en el temario
Además de la reforma electoral, el Gobierno podría incluir en el temario de las sesiones extraordinarias otros proyectos como la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Sin embargo, la inclusión de estos temas dependerá de si el oficialismo logra conseguir los votos necesarios para su aprobación. En el caso de Aerolíneas Argentinas, el proyecto ya cuenta con dictamen en Diputados impulsado por el macrismo. La designación de los jueces para la Corte Suprema, por otro lado, es un tema altamente sensible que podría generar un fuerte debate en el Congreso.
Otro proyecto que podría ser incluido en el temario es el de Ficha Limpia, que busca impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos electivos. Si bien el oficialismo no se muestra muy entusiasmado con esta iniciativa, la podría utilizar como moneda de cambio para conseguir el apoyo de la oposición a la reforma electoral. Tras un nuevo fracaso en la Cámara de Diputados para tratar este proyecto, en el Gobierno ven con buenos ojos la posibilidad de reflotarlo en diciembre.
La convocatoria a sesiones extraordinarias se da en un contexto de alta tensión política, con un Gobierno que busca avanzar con su agenda reformista a pesar de la resistencia de la oposición y los gobernadores. La falta de un presupuesto actualizado y la incertidumbre sobre el temario completo de las sesiones extraordinarias agregan un elemento adicional de inestabilidad a la ya compleja situación económica y política del país. Los próximos días serán claves para definir el rumbo que tomará el debate en el Congreso y las posibles consecuencias de las decisiones que se tomen.
