El Gobierno nacional se prepara para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso, pero la incertidumbre reina sobre qué proyectos serán incluidos en el temario. Mientras que la reforma electoral, que busca eliminar las PASO, parece ser una prioridad para el oficialismo, el Presupuesto 2025 pende de un hilo, en medio de negociaciones tirantes con los gobernadores. Un dato clave a observar es el reparto discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que podría estar funcionando como moneda de cambio para asegurar el apoyo legislativo necesario.
Sesiones extraordinarias: la agenda en disputa
Con el cierre del período ordinario de sesiones el 30 de noviembre, el Gobierno tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias para tratar proyectos de ley que considera urgentes. Si bien aún no se ha oficializado la convocatoria, se espera que se concrete en los próximos días. La incógnita principal reside en el alcance del temario: ¿incluirá el Presupuesto 2025 o se prorrogará el del año anterior?
La reforma electoral, impulsada por el oficialismo y que propone la eliminación de las PASO, la quita de topes para el financiamiento privado de campañas y modificaciones en la ley de partidos políticos, se perfila como un tema central de las sesiones extraordinarias. Esta reforma es crucial para el Gobierno, ya que busca modificar las reglas de juego electoral de cara a los próximos comicios.
El Presupuesto 2025: ¿negociación o imposición?
El proyecto de Presupuesto 2025 es el otro gran tema en discusión. La administración de Javier Milei se debate entre prorrogar el presupuesto actual o insistir en la aprobación de uno nuevo, ajustado a sus políticas económicas. La decisión final dependerá, en gran medida, del acuerdo que logre con los gobernadores, quienes exigen el cumplimiento de compromisos previos, como el pago de deudas y la coparticipación de los ATN.
Las negociaciones con los gobernadores se han vuelto cruciales para destrabar la situación. Mientras algunos mandatarios provinciales, especialmente aquellos alineados con la oposición, reclaman una mayor participación en la distribución de recursos y el pago de las deudas pendientes, el Gobierno se mantiene firme en su política de ajuste fiscal.
Los ATN: ¿herramienta de negociación o discrecionalidad?
En este contexto, el reparto de los ATN cobra una relevancia particular. Estos fondos, que deberían destinarse a provincias con emergencias o desequilibrios financieros, han sido históricamente utilizados de manera discrecional por el Gobierno nacional. El reciente récord de $20.500 millones distribuidos en noviembre, principalmente a provincias que apoyaron al oficialismo en el Congreso, levanta sospechas sobre su utilización como herramienta de negociación política.
La discrecionalidad en el manejo de los ATN ha generado fuertes críticas por parte de la oposición y algunos gobernadores, quienes denuncian un uso político de los fondos públicos. La falta de transparencia en la distribución de estos recursos alimenta la desconfianza y dificulta el diálogo entre el Gobierno y las provincias.
Consecuencias políticas y económicas
La decisión del Gobierno sobre el llamado a sesiones extraordinarias y el temario a tratar tendrá importantes consecuencias políticas y económicas. La aprobación o prórroga del Presupuesto 2025 definirá el rumbo de la política económica del país para el próximo año. La reforma electoral, por su parte, impactará directamente en el escenario político de cara a las futuras elecciones.
La falta de acuerdo en temas clave como el Presupuesto podría generar un escenario de mayor incertidumbre y conflictividad política. La posibilidad de que el Gobierno recurra a la prórroga del presupuesto actual le otorgaría mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, pero también podría generar tensiones con la oposición y las provincias.
El uso discrecional de los ATN como herramienta de negociación política podría profundizar la grieta entre el oficialismo y la oposición, dificultando la búsqueda de consensos necesarios para la gobernabilidad del país. La falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos erosiona la confianza en las instituciones y genera un clima de desconfianza generalizada.
En definitiva, las sesiones extraordinarias se presentan como un escenario de disputa política donde se definirán no solo las leyes que regirán el país en el corto plazo, sino también el futuro del equilibrio de poderes y la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.
