Mendoza está transformando su sistema penitenciario, apostando por la seguridad y la reinserción social de los internos. Un plan integral que moderniza la infraestructura e impulsa programas educativos y laborales, buscando transformar las cárceles en centros de rehabilitación y reducir la reincidencia.
Tecnología al servicio de la seguridad
La incorporación de tecnología de punta es fundamental para mejorar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Cámaras de reconocimiento facial, sistemas biométricos y detectores de metales controlan el ingreso de personas y objetos ilícitos. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, señaló que este sistema “se emula o se emparenta con el sistema de auditoría de los aeropuertos”, destacando su rigurosidad.
Inhibidores de señal móviles y portátiles georreferencian y bloquean celulares utilizados para cometer delitos desde el interior de las cárceles, extendiéndose a la investigación de actividades delictivas en general.
La instalación de 300 cámaras inteligentes con inteligencia artificial y reconocimiento de patentes en todo el servicio penitenciario permite un monitoreo eficiente dentro y fuera de los establecimientos, facilitando la prevención y el esclarecimiento de delitos.
Adiós a los celulares, hola a la telefonía antivandálica
Para combatir el uso de teléfonos celulares por parte de los internos, el Gobierno de Mendoza ha retirado todos los dispositivos móviles de las cárceles, reemplazándolos por 200 teléfonos antivandálicos.
Estos teléfonos pueden ser utilizados por los internos en situaciones de emergencia y bajo un estricto protocolo. La ministra Rus explicó que el objetivo es “combatir el ocio de la persona privada de libertad”, promoviendo la educación y el trabajo en lugar del uso indiscriminado de celulares.
- Control estricto de las comunicaciones.
- Reducción de la posibilidad de cometer delitos desde el interior de la cárcel.
- Fomento de actividades educativas y laborales.
El plan de reforma penitenciaria también incluye medidas para mejorar el control de los penitenciarios, buscando evitar la corrupción y el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles. Se están implementando controles de ingreso similares a los de los aeropuertos, con cámaras de reconocimiento facial, biométricos, detectores de metales y cámaras especiales para la revisión de bolsos.
Educación y trabajo: las claves de la reinserción
La reforma penitenciaria de Mendoza pone un fuerte énfasis en la reinserción social de los internos. Se están implementando programas educativos y laborales para brindarles herramientas que les permitan construir un futuro mejor una vez que recuperen su libertad.
La matrícula universitaria dentro de las cárceles ha aumentado un 130% en el último año, mientras que la secundaria ha crecido un 300%. Además, empresas están instalando maquinaria dentro de las cárceles para generar oportunidades laborales para los internos, permitiéndoles adquirir habilidades y experiencia útiles para conseguir empleo.
La ministra Rus destacó la incorporación de empresas que permiten a los internos fabricar placas para construcción, generando capacidad instalada para el futuro. Esta iniciativa les brinda una oportunidad de trabajo y les permite contribuir a la sociedad.
El debate legislativo y la adaptación a los nuevos tiempos
La reforma penitenciaria de Mendoza culminó con la sanción definitiva de la “Ley Orgánica del Servicio Penitenciario”. Esta normativa busca reorganizar el servicio y adaptarlo a las transformaciones que ha tenido a lo largo de los últimos años, especialmente en lo que respecta al crecimiento de la población penal y la creación de nuevas dependencias.
La ley faculta a la Dirección General del Servicio Penitenciario a clasificar a los internos teniendo en cuenta diversas variables, como el tipo de delito, el sexo, la edad, el nivel de adaptación y la situación procesal. Esto permite establecer prisiones más equilibradas y seguras, y diseñar planes de tratamiento individualizados.
Hacia un sistema penitenciario más humano y eficiente
La reforma penitenciaria de Mendoza representa un avance significativo hacia un sistema más humano y eficiente, que busca equilibrar la seguridad y la reinserción social. Si bien aún quedan desafíos por delante, las medidas implementadas hasta el momento demuestran un compromiso por transformar las cárceles en verdaderos centros de rehabilitación y reducir la reincidencia.
Con la implementación de tecnología de punta, el fortalecimiento de los controles internos, la promoción de la educación y el trabajo, y la adaptación de la legislación a los nuevos tiempos, Mendoza se está posicionando como un ejemplo a seguir en materia de política penitenciaria.
Esta reforma forma parte de un plan integral de seguridad que abarca a toda la provincia. El objetivo final es construir una sociedad más justa y segura, donde los internos tengan la oportunidad de rehabilitarse y reintegrarse a la comunidad.
