El Gobierno de Mendoza, liderado por Alfredo Cornejo, ha adjudicado un contrato millonario a la empresa Surely SA para el monitoreo electrónico de presos. La decisión ha generado controversia debido a que el propietario de Surely SA es Mario Montoto, un empresario con un pasado como miembro de la organización guerrillera Montoneros. Este hecho ha reavivado el debate sobre la reinserción de ex guerrilleros en la sociedad y sus vínculos con el ámbito empresarial y político.
Un contrato millonario bajo la lupa
El contrato, que asciende a casi 4 millones de dólares, implica la provisión de tobilleras y pulseras electrónicas para el seguimiento de personas privadas de libertad. La licitación fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia y se extenderá por 24 meses, con posibilidad de prórroga por un año adicional. La empresa Surely SA, propiedad de Montoto, ya había sido adjudicataria de un contrato similar en 2021 para el monitoreo de detenidos con prisión domiciliaria.
La decisión del gobierno de Cornejo de adjudicar este contrato a Surely SA ha generado críticas de diversos sectores. Algunos cuestionan la transparencia del proceso de licitación, mientras que otros señalan la posible incompatibilidad entre el pasado de Montoto y su rol actual como proveedor del Estado en materia de seguridad. La figura del empresario, que fue miembro de la cúpula de Montoneros en la década del 70, ha sido objeto de controversia a lo largo de su trayectoria.
¿Quién es Mario Montoto?
Mario Montoto, ex mano derecha de Mario Firmenich en Montoneros, es un controvertido empresario que ha logrado construir un imperio en el sector de la seguridad privada. Su empresa, Surely SA, se ha especializado en la provisión de tecnología de vigilancia, incluyendo tobilleras y pulseras electrónicas para el control de personas en situaciones judiciales. Montoto también preside la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y Codesur, una compañía dedicada a proveer tecnología de seguridad a gobiernos e instituciones privadas en América Latina.
Su pasado como guerrillero y su posterior reconversión al mundo empresarial han generado un debate permanente en la sociedad argentina. Sus críticos lo acusan de oportunismo y de haber utilizado sus contactos políticos para obtener beneficios económicos. Montoto ha sido señalado en varias ocasiones por su presunta participación en negocios vinculados al Estado, lo que ha alimentado las sospechas sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos.
Es importante destacar que Montoto es padre de Fernanda Raverta, quien se desempeñó como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante el gobierno de Alberto Fernández. Este vínculo familiar ha sumado un nuevo elemento a la controversia, alimentando las especulaciones sobre la posible influencia política en la adjudicación del contrato en Mendoza.
Implicaciones políticas y económicas
La adjudicación del contrato a Surely SA ha generado un intenso debate político en Mendoza. La oposición ha cuestionado la decisión del gobierno de Cornejo, argumentando que existen otras empresas con igual o mayor capacidad para prestar el servicio de monitoreo electrónico de presos, sin los antecedentes controvertidos de Montoto. La polémica se enmarca en un contexto de creciente polarización política en la provincia, donde el gobierno de Cornejo enfrenta fuertes críticas por sus políticas de seguridad y justicia.
Desde el punto de vista económico, la adjudicación del contrato a Surely SA plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público. Algunos analistas señalan que el monto del contrato es excesivo y que podría haberse destinado a otras áreas prioritarias, como la educación o la salud. La falta de transparencia en el proceso de licitación también ha generado preocupación, ya que no se han dado a conocer los criterios que se utilizaron para seleccionar a la empresa ganadora.
El caso de Surely SA y Mario Montoto en Mendoza reabre el debate sobre los límites entre la actividad empresarial y la política en Argentina. La controversia en torno a la adjudicación del contrato pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de licitación y una discusión más profunda sobre el rol del Estado en la regulación de la actividad empresarial, especialmente en sectores sensibles como la seguridad.
Además, este caso nos invita a reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de aquellos que participaron en la lucha armada en los años 70. ¿Cómo se debe abordar la reinserción de ex guerrilleros en la sociedad? ¿Existen mecanismos para garantizar la transparencia en su actividad empresarial y política? ¿Qué rol deben jugar las instituciones del Estado en la prevención de posibles conflictos de interés?
El debate sobre la reinserción social
La reinserción de ex guerrilleros en la sociedad es un tema complejo que ha generado diferentes enfoques y debates. Algunos sectores promueven la reconciliación y la integración plena de quienes participaron en la lucha armada, mientras que otros mantienen una postura más crítica, exigiendo un mayor esclarecimiento de los hechos y una asunción de responsabilidades por parte de los involucrados.
En el caso de Mario Montoto, su trayectoria empresarial posterior a su paso por Montoneros ha sido objeto de escrutinio público. Sus críticos cuestionan su enriquecimiento y su acceso a contratos con el Estado, argumentando que se ha beneficiado de sus conexiones políticas. Por otro lado, sus defensores sostienen que tiene derecho a desarrollar su actividad empresarial como cualquier otro ciudadano, y que su pasado no debe ser un impedimento para ello.
La controversia en torno a la adjudicación del contrato en Mendoza pone de manifiesto la necesidad de un debate más amplio sobre la reinserción social de ex guerrilleros en Argentina. Es fundamental establecer mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en su actividad empresarial y política, para evitar posibles conflictos de interés y asegurar la confianza de la sociedad.
Este debate debe abordarse con seriedad y responsabilidad, evitando la polarización y la estigmatización. La reinserción social es un proceso complejo que requiere un enfoque integral, que incluya la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Solo de esta manera se podrá construir una sociedad más justa y reconciliada con su pasado.
