La confianza es el pilar fundamental en la relación médico-paciente. Cuando esa confianza se quiebra, las consecuencias pueden ser devastadoras. Recientemente, un juez argentino sentenció a un médico a prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina por abuso sexual simple. Este caso, ocurrido en Trevelin, Chubut, en 2022, sienta un precedente clave en la lucha contra la violencia sexual en el ámbito de la salud.
Vulnerabilidad y abuso de poder: una problemática invisible
El juez José Luis Ennis, al dictar la sentencia contra Sergio Fabián Cardozo, hizo hincapié en la vulnerabilidad de la víctima en el contexto de una consulta médica. La diferencia de edad, el género y la situación particular de la paciente, que se somete a una revisión física en un estado de desnudez parcial, la colocan en una posición de desventaja frente al profesional. El juez Ennis puntualizó: “… La violencia sexual es una de las formas de violencia contra la mujer expresamente contempladas en la legislación específica…”. Es precisamente esta vulnerabilidad la que agrava la responsabilidad del médico.
El abuso de poder es una constante en los casos de violencia sexual. En este caso, el médico se aprovechó de su posición de autoridad y de la confianza depositada en él para cometer el delito. La inhabilitación perpetua para ejercer la medicina no solo es una pena justa, sino también una medida necesaria para proteger a futuras potenciales víctimas. Como señaló el juez, el paciente abandona “una serie de defensas que normalmente aplicaría para evitar un contacto físico no deseado con un tercero”, lo que evidencia la asimetría de poder inherente a la relación médico-paciente.
La inhabilitación perpetua: un precedente para la protección de los pacientes
El Código Penal argentino prevé la inhabilitación especial perpetua para aquellos casos en los que el autor del delito se haya valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para cometerlo. En este sentido, la sentencia del juez Ennis sienta un precedente fundamental. Al aplicar la inhabilitación perpetua, se envía un mensaje claro: la confianza en la profesión médica no puede ser traicionada impunemente.
La defensa de Cardozo argumentó que la inhabilitación perpetua representaba una ampliación de la acusación pública, pero el juez Ennis desestimó este argumento. El magistrado explicó que, al dividir la audiencia en dos partes –responsabilidad y cesura de pena–, el pedido de inhabilitación podía ser presentado durante el debate sobre la pena. Además, se le otorgó a la defensa el tiempo suficiente para preparar su estrategia frente a esta solicitud.
El juez Ennis fundamentó su decisión en la descripción de los hechos probados, que demostraron que el abuso tuvo lugar en el consultorio médico, durante una revisión en la que Cardozo se aprovechó de su condición de profesional. La relación médico-paciente fue el único vínculo entre ambos, y el imputado la utilizó para cometer el delito. En palabras del juez: “esa relación ocasional de médico paciente era la única que los vinculaba y que el sujeto activo se valió de esas circunstancias para realizar una conducta (…) que importó un ejercicio abusivo de la profesión médica”.
Un fallo que trasciende las fronteras de Chubut
Este caso no es un hecho aislado. En Córdoba, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 4° Nominación impuso una inhabilitación especial perpetua a un médico condenado por abuso sexual simple contra una paciente de 15 años. El hecho ocurrió en 2020 en el Hospital Misericordia, donde el médico se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la adolescente y del contexto de la consulta para cometer el delito.
En este caso, el camarista Enrique Berger argumentó que la inhabilitación perpetua era necesaria para proteger a la comunidad, ya que la confianza en los médicos es fundamental. El magistrado sostuvo que “cualquier persona deposita una confianza por demás extrema en los médicos; ya que estos están destinados a cuidar nada más y nada menos que la vida de las personal”. Berger añadió que el médico había violado el juramento hipocrático y que no debía seguir ejerciendo la profesión.
Ambos casos sientan un precedente importante en la jurisprudencia argentina y envían un mensaje claro a la sociedad: el abuso sexual en el ámbito de la salud no será tolerado. La inhabilitación perpetua para ejercer la medicina se presenta como una herramienta fundamental para proteger a los pacientes y sancionar a los profesionales que abusan de su poder.
Estos fallos judiciales, además de sancionar a los culpables, buscan generar conciencia sobre la problemática del abuso sexual en el contexto médico. Es fundamental que las víctimas se sientan seguras para denunciar estos hechos y que la sociedad en su conjunto repudie este tipo de conductas. El camino hacia la erradicación de la violencia sexual requiere un compromiso colectivo que involucre a instituciones, profesionales y ciudadanos.
Es necesario que los colegios médicos y las instituciones de salud implementen protocolos de actuación para prevenir y abordar situaciones de abuso sexual. La formación ética de los profesionales de la salud también es crucial para evitar que estos casos se repitan. La justicia, por su parte, debe actuar con celeridad y firmeza para garantizar que los responsables sean sancionados y que las víctimas reciban la atención y el apoyo que necesitan.
