En una revelación que sacude los cimientos de la justicia argentina, el fiscal Diego Luciani, quien lideró la acusación contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, ha denunciado haber sido víctima de una campaña sistemática de presiones y “operaciones siniestras” durante el proceso judicial. Estas acusaciones, realizadas durante un encuentro con colegas fiscales y el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, pintan un panorama sombrío sobre la independencia judicial y el estado de derecho en el país. Luciani describió un entramado de espionaje, hostigamiento mediático y ataques personales orquestados desde las más altas esferas del poder político, con el objetivo de desestabilizar la investigación y silenciar a quienes buscaban justicia en el caso Vialidad.
Espionaje, hostigamiento y ataques: el calvario de los fiscales
Luciani relató cómo él y su equipo fueron sometidos a un “verdadero espionaje” que abarcó todos los ámbitos de sus vidas: social, académico, personal y familiar. “Se desató un verdadero espionaje de las actividades sociales, académicas, personal, familiares, de todos los magistrados”, afirmó el fiscal, dejando en claro que la vigilancia no se limitó a él, sino que se extendió a otros jueces y fiscales involucrados en el caso. Detalló cómo un diputado oficialista solicitó sus declaraciones juradas de bienes apenas comenzado el alegato, en una clara maniobra de intimidación. Además, denunció el robo de declaraciones juradas de jueces, el hackeo de teléfonos de magistrados y fiscales, y la apertura de un “juicio bochornoso” contra los jueces de la Corte, acciones que calificó como “ataques graves” contra el Poder Judicial.
El fiscal también se refirió a la “hostilidad” del gobierno anterior contra la prensa independiente, alertando sobre el peligro que representa para la democracia un gobierno que ataca a la justicia y a la prensa. Organismos internacionales, según Luciani, se hicieron eco de esta preocupante situación. Las presiones, según su testimonio, se intensificaron durante los alegatos, cuando él y su familia fueron objeto de una campaña mediática destinada a desprestigiarlos y desestabilizarlos emocionalmente.
Uno de los episodios más alarmantes relatados por Luciani fue la elaboración y distribución por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de un “folletín” o “pasquín” destinado a desprestigiar la investigación y las condenas por corrupción. “Esto se trató ni más ni menos de una propaganda financiada por el Estado para defender a los corruptos. Algo nefasto. Todo el Estado todo puesto al servicio de la corrupción”, sentenció el fiscal.
La corrupción como atentado contra la democracia
Luciani no solo denunció las presiones sufridas, sino que también contextualizó el caso Vialidad dentro de un problema mayor: la “gran corrupción” que, según él, “es uno de los grandes flagelos que sufre la Argentina, que erosionan instituciones democráticas desde hace por lo menos treinta años”. El fiscal fue contundente al afirmar que “la gran corrupción es un atentado contra la democracia”, y que los gobernantes corruptos se enriquecen “a costa del sacrificio de las sociedades”. Enfatizó que el caso Vialidad, por su magnitud y por la posición de poder que ocupaba la principal acusada, representó un desafío sin precedentes para el sistema judicial argentino.
El fiscal describió cómo la estructura de corrupción montada durante 12 años se valió de mecanismos de manipulación de la contratación pública para beneficiar al empresario Lázaro Báez, amigo personal de los Kirchner. “Quedó demostrado que los condenados crearon un sistema de corrupción institucional [… ] en la que se resquebrajaron y se violentaron todos los principios esenciales de la contratación pública”, afirmó Luciani, recordando que la sentencia del tribunal oral y la confirmación de la Casación respaldaron la acusación de la fiscalía.
Luciani destacó la importancia de que la sociedad comprenda la magnitud del caso Vialidad, cuyo perjuicio económico para el Estado se calculó en más de 84 mil millones de pesos. Para ilustrar la dimensión del saqueo, el fiscal señaló que Lázaro Báez, quien al inicio de la gestión Kirchner era monotributista, acumuló durante ese período 420.000 hectáreas de tierras –”veinte veces la Ciudad de Buenos Aires, siete ciudades de Madrid”–, más de mil bienes muebles, aviones, camiones, y más de trescientos inmuebles.
Las declaraciones de Luciani no solo exponen la vulnerabilidad del sistema judicial frente a las presiones políticas, sino que también interpelan a la sociedad argentina a reflexionar sobre la corrupción y la impunidad. Su llamado a la transparencia y a la defensa del estado de derecho resuena con fuerza en un país hastiado de los escándalos de corrupción. El caso Vialidad, con sus ramificaciones y sus consecuencias, se configura como un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Argentina.
La denuncia de Luciani abre un nuevo capítulo en la historia del caso Vialidad, y plantea la necesidad de investigar a fondo las acusaciones de espionaje y hostigamiento. ¿Se permitirá que estas prácticas queden impunes? ¿Qué medidas se tomarán para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los fiscales y jueces que investigan casos de corrupción? El futuro de la justicia argentina depende de las respuestas a estas preguntas.
Mientras tanto, las palabras de Luciani resuenan como un llamado a la conciencia: “con mi equipo de trabajo nunca dudamos de lo que debíamos hacer. Nos mantuvimos firmes en nuestros principios, en nuestras convicciones, nos aferramos a la prueba, nos aferramos a la ley, nos aferramos a la Constitución Nacional y no pudieron doblegarnos”. Este mensaje de resistencia frente a la adversidad debería inspirar a todos los argentinos a defender la justicia y la verdad.
El caso Vialidad, más allá de sus implicaciones legales y políticas, nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde la corrupción sea la regla o una sociedad donde la justicia y la transparencia prevalezcan. La decisión está en manos de cada uno de nosotros.
