El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha propuesto a la Dra. Jessica Raquel Valentini para ocupar un puesto como vocal en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia. La propuesta, que ya ha sido enviada a la Legislatura para su consideración, busca cubrir la vacante dejada por Mercedes Blanc de Arabel, quien renunció en febrero pasado.
Una trayectoria marcada por el servicio público y la defensa de los derechos sociales
Jessica Raquel Valentini, de 62 años, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública. Ha desempeñado funciones en los gobiernos de Eduardo César Angeloz, Ramón Mestre, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, lo que demuestra su amplia experiencia y conocimiento del ámbito público.
Su currículum se destaca por su orientación hacia la docencia y los derechos sociales, particularmente en áreas como la defensa del consumidor y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta dedicación a la justicia social la llevó a ser miembro fundadora del Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ) y a participar activamente en Cáritas.
Actualmente se desempeña como Oficial Mayor de la Municipalidad de Córdoba, y entre sus antecedentes laborales figura su rol como Defensora Adjunta a cargo de la Defensoría del Pueblo. Con este nombramiento, Llaryora no solo busca cubrir una vacante en el TSJ, sino también mantener la paridad de género en el máximo órgano judicial de la provincia.
Más allá de Valentini: otros nombramientos propuestos
Junto con la propuesta de Valentini, el gobernador Llaryora también envió a la Legislatura los pliegos para la designación de Pablo Alfredo Bustos Fierro como Defensor General del Ministerio Público de la Defensa, y de Pablo Damián Pupich como Defensor Adjunto del mismo organismo.
Bustos Fierro, abogado egresado de la UNC, actualmente se desempeña como Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal. Su trayectoria incluye la docencia universitaria, distinciones académicas y participación en numerosos congresos y jornadas en su especialidad. Además, cuenta con experiencia en el Tribunal Oral Federal y en la Cámara Federal de Apelaciones.
Por su parte, Pablo Damián Pupich, también abogado egresado de la UNC, es el actual Defensor Público Penal y director general de las Unidades de la Defensa de la Provincia de Córdoba. Pupich es especialista en Derecho Penal Económico y cuenta con un diplomado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Ingresó al Poder Judicial en 1997 y ha ocupado diversos cargos a lo largo de su carrera.
El Ministro de Justicia defiende las designaciones
El Ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, ha respaldado públicamente la propuesta de Llaryora, destacando la extensa trayectoria de Valentini en la docencia, los derechos sociales y los derechos humanos. López enfatizó que la experiencia de Valentini la conecta con las problemáticas cotidianas de los ciudadanos y que su nombramiento refuerza la participación femenina en las instituciones.
Ante las preguntas sobre la afiliación política de Valentini a la Unión Cívica Radical, López aseguró que lo primordial es su formación y capacidad para contribuir al Tribunal Superior de Justicia. Además, resaltó que la trayectoria de Valentini ha sido reconocida por diversos gobernadores, lo que avala su idoneidad para el cargo.
El ministro también defendió la designación de Luis Eugenio Angulo, otro miembro del Tribunal Superior, afirmando que no existen impedimentos para su nombramiento y destacando el amplio apoyo que recibió en la Legislatura. López concluyó afirmando que el TSJ de Córdoba ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y que la prioridad es contar con personas capaces de interpretar las necesidades del sistema judicial.
“Lo que se prioriza es contar con hombres y mujeres que estén a la altura de interpretar lo que se necesita desde un máximo órgano judicial”, Julián López, Ministro de Justicia de Córdoba.
Importancia de la independencia judicial y la idoneidad en el TSJ
La designación de jueces para el Tribunal Superior de Justicia es un proceso crucial para garantizar la independencia del poder judicial y la correcta administración de justicia. La idoneidad, la experiencia y la imparcialidad de los candidatos son factores esenciales que deben ser considerados para asegurar la confianza de la ciudadanía en el sistema.
En este sentido, la propuesta de Llaryora de nombrar a Valentini, Bustos Fierro y Pupich ha generado un debate público sobre la importancia de la trayectoria profesional, la formación académica y la afinidad política en la selección de los magistrados. La Legislatura provincial tendrá la responsabilidad de evaluar cuidadosamente los antecedentes de los candidatos y tomar una decisión que garantice la integridad y la eficiencia del TSJ.
La sociedad cordobesa espera que el proceso de selección se lleve a cabo con transparencia y que los nuevos miembros del TSJ contribuyan a fortalecer el Estado de derecho y la justicia en la provincia. El debate en torno a estas designaciones pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en el control del poder público y la necesidad de asegurar la independencia de la justicia como pilar fundamental de la democracia.
La decisión final de la Legislatura marcará un precedente importante para futuras designaciones judiciales y tendrá un impacto significativo en el funcionamiento del sistema judicial cordobés. Es fundamental que se priorice la selección de candidatos con un sólido compromiso con la justicia, la ética y la defensa de los derechos fundamentales, para asegurar un poder judicial independiente y al servicio de todos los ciudadanos.
El nombramiento de Valentini, con su experiencia en derechos sociales, podría aportar una perspectiva diferente a las decisiones del TSJ, especialmente en casos relacionados con la defensa de los sectores más vulnerables. Sin embargo, su pasado político en la UCR también genera interrogantes sobre su imparcialidad en ciertos casos.
En el caso de Bustos Fierro y Pupich, su experiencia en la fiscalía y la defensa pública respectivamente, sugiere un conocimiento profundo del sistema judicial y sus complejidades. La combinación de estas perspectivas en el Ministerio Público de la Defensa podría contribuir a un mejor equilibrio en la administración de justicia.
