En un giro inesperado en el caso de la agresión en el campo de golf de Pinamar, la justicia ordenó la liberación de Celeste Lorena López, la mujer acusada de atacar a Silvia Lo’Presti mientras esta tomaba mate con una amiga. La decisión, tomada por el juez Mariano Cazeaux, subrogante del Juzgado de Garantías 6 de Dolores, se basa en la recaratulación del expediente de “intento de homicidio” a “lesiones leves”, un delito excarcelable.
De la prisión a la libertad: un cambio de carátula que genera controversia
La liberación de López se produce tras una semana de detención en una comisaría de Madariaga. El juez Cazeaux argumentó que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación por parte de la acusada, justificando así su decisión. Sin embargo, la medida ha generado controversia, especialmente considerando la imputación inicial por “homicidio en grado de tentativa” realizada por el fiscal Juan Pablo Calderón.
Calderón basó su acusación en la gravedad de las lesiones de Lo’Presti, quien recibió golpes en zonas vitales con un palo de golf. El fiscal argumentó que, de no ser por la intervención de un testigo, la agresión podría haber resultado fatal. La decisión del juez Cazeaux de modificar la carátula a “lesiones leves” contradice la evaluación inicial del fiscal y plantea interrogantes sobre la interpretación de las evidencias del caso.
Dos versiones encontradas: la agresión según la víctima y la acusada
El caso se complica aún más por las versiones contradictorias de los involucrados. Silvia Lo’Presti relató que ella y su amiga fueron agredidas verbalmente con insultos racistas y clasistas por López y su pareja, Mariano Girini, antes de ser atacada físicamente. Según Lo’Presti, López la golpeó repetidamente en la cabeza con un palo de golf, causándole lesiones que requirieron atención médica.
Por su parte, Celeste López ofreció una versión diferente de los hechos en su declaración indagatoria. Aseguró que fue Lo’Presti quien inició la confrontación con insultos y agresiones verbales, y que ella solo se defendió con movimientos defensivos con el palo de golf, negando haber golpeado intencionalmente a la víctima. López también afirmó que el palo se rompió accidentalmente al golpear el carro de golf, y no contra el cuerpo de Lo’Presti.
El marido de López, Mariano Girini, también prestará declaración testimonial en los próximos días, lo que podría aportar nuevos elementos a la investigación. Sin embargo, al ser familiar directo de la acusada, su testimonio será evaluado con cautela por la justicia.
Restricciones y medidas cautelares para la acusada
A pesar de ser liberada, Celeste López deberá cumplir con una serie de medidas cautelares impuestas por el juez Cazeaux. Estas incluyen la obligación de asistir a entrevistas con psicólogos para evaluar su nivel de agresividad social, presentarse regularmente en el patronato de liberados y mantener una restricción perimetral que le impide acercarse a la víctima, Silvia Lo’Presti.
La imposición de estas medidas sugiere que, si bien el juez no consideró la agresión como un intento de homicidio, reconoce la necesidad de controlar el comportamiento de la acusada y proteger a la víctima de posibles represalias o nuevos incidentes. La evaluación psicológica será crucial para determinar si López representa un peligro para la sociedad y si requiere algún tipo de tratamiento o terapia.
El caso continúa bajo investigación, y el fiscal Calderón mantiene la imputación por intento de homicidio, lo que indica que no está de acuerdo con la decisión del juez Cazeaux y que buscará llevar el caso a juicio con la carátula original. La discrepancia entre el fiscal y el juez agrega otra capa de complejidad al caso y anticipa un proceso judicial que promete ser largo y controvertido.
Un caso que expone las tensiones sociales y la violencia en Argentina
Más allá de los detalles específicos del caso, la agresión en el campo de golf de Pinamar ha resonado en la sociedad argentina como un ejemplo de la violencia y la discriminación que aún persisten en el país. El incidente ha generado un debate público sobre la desigualdad social, el racismo y la cultura de la violencia, especialmente en contextos de recreación y esparcimiento.
Las declaraciones de la víctima sobre los insultos racistas y clasistas que recibió antes de la agresión física han conmocionado a la opinión pública y han reavivado el debate sobre la necesidad de combatir la discriminación en todas sus formas. Organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado su solidaridad con Lo’Presti y han exigido que se investigue a fondo el caso, incluyendo la posible motivación discriminatoria del ataque.
El caso también ha puesto en evidencia la importancia de contar con testigos que puedan documentar y denunciar actos de violencia. La grabación del incidente por parte de un vecino fue fundamental para que el caso tomara estado público y se iniciara la investigación judicial. Sin embargo, también ha generado preocupación sobre la necesidad de proteger a los testigos de posibles represalias por parte de los agresores.
Finalmente, el caso de Pinamar plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino y su capacidad para garantizar justicia en casos de violencia. La decisión del juez Cazeaux de liberar a la acusada y modificar la carátula del delito ha generado críticas y dudas sobre la imparcialidad de la justicia y su compromiso con la protección de las víctimas de violencia. La evolución del caso en los próximos meses será crucial para determinar si se logra hacer justicia y si se envían señales claras de que la violencia y la discriminación no serán toleradas en la sociedad argentina.
En definitiva, la agresión en el campo de golf de Pinamar ha trascendido los límites de un simple incidente policial para convertirse en un símbolo de las tensiones sociales y los desafíos que enfrenta la Argentina en su camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. El desenlace del caso será observado con atención por la sociedad, no solo para determinar la responsabilidad de los involucrados, sino también para evaluar la capacidad del sistema judicial para responder a las demandas de justicia y protección de los ciudadanos.
