La directora del colegio secundario San José, Candelaria Stancato, recuperó su cargo luego de una tensa semana de conflicto. La medida se tomó tras una reunión de mediación realizada este miércoles con la participación de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza de Córdoba (DGIPE). La restitución de Stancato llega después de que la comunidad educativa del colegio, conformada por estudiantes, padres y docentes, realizara una ocupación del edificio durante 24 horas en señal de protesta por la suspensión de la directora.
El origen del conflicto: sanciones a estudiantes
El conflicto comenzó cuando la directora impuso sanciones a diez estudiantes del colegio. Si bien los detalles específicos de las sanciones no han sido revelados públicamente, se entiende que las medidas disciplinarias afectaron la integridad de una alumna de la institución, generando una ola de críticas y protestas. La gravedad de la situación se hizo evidente cuando esta situación derivó en una toma del colegio y la movilización de la comunidad educativa.
Tras el incidente, las autoridades del colegio instaron a la directora a revertir las sanciones impuestas a los estudiantes. La negativa de la directora llevó a su suspensión sin goce de sueldo, medida que fue considerada injusta e inmerecida por la comunidad educativa, que decidió expresar su disconformidad mediante la ocupación del edificio.
La mediación y la decisión final
La mediación, llevada a cabo por la DGIPE, buscó encontrar una solución consensuada al conflicto. Tras horas de negociaciones entre las partes involucradas -la sociedad propietaria del colegio, la directora, los estudiantes y sus familias, y los docentes-, se logró un acuerdo. Este acuerdo suspende la sanción impuesta a la directora hasta que la sociedad propietaria del colegio realice una revisión exhaustiva del procedimiento.
El colectivo que representa a los estudiantes, docentes y familias emitió un comunicado indicando que “en caso de sostenerse las sanciones aplicadas a Candelaria Stancato, estudiantes, docentes y familias se reservan el derecho de retomar medidas de fuerza”. Esta declaración deja claro que la resolución del conflicto es provisional y que la situación aún está en un punto delicado.
La postura del gobernador y la presión social
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció al respecto del conflicto a través de las redes sociales. El gobernador manifestó en su cuenta de Twitter su firme creencia en el respeto hacia la autoridad de los docentes, pero también hizo hincapié en la necesidad de analizar las responsabilidades individuales de quienes participan en actos que transgreden la convivencia escolar.
Sus declaraciones, aunque no tomando partido explícitamente por ninguna de las partes, indican la necesidad de un abordaje equilibrado del conflicto. La postura pública de Llaryora, sumada a la contundente respuesta de la comunidad educativa, ejercieron una presión considerable sobre las partes involucradas, acelerando el proceso de mediación y llegando a la resolución.
El futuro incierto
La resolución del conflicto es solo un paso intermedio. El caso aún no está cerrado, ya que la revisión por parte de la sociedad propietaria del colegio es fundamental para la confirmación o anulación de la suspensión de la directora. El anuncio del colectivo de estudiantes, docentes y familias de retomar las medidas de fuerza si la sanción se mantiene, revela la fragilidad del acuerdo y la posibilidad de que el conflicto se reavive.
La incertidumbre se cierne sobre el futuro del colegio y sus relaciones internas. Es indispensable que las partes involucradas actúen con responsabilidad y diligencia para evitar nuevos conflictos. El diálogo y la búsqueda del entendimiento serán vitales para restaurar la paz en la comunidad educativa del colegio San José y asegurar un clima de aprendizaje propicio para sus estudiantes.
Reflexiones sobre la disciplina escolar
Este caso pone de manifiesto la complejidad de la disciplina escolar y la necesidad de contar con protocolos claros y justos. La aplicación de sanciones debe basarse siempre en el debido proceso, garantizando los derechos de todos los involucrados y evitando acciones que puedan considerarse desproporcionadas o arbitrarias. Es fundamental que la comunidad educativa colabore en la creación de un ambiente escolar más sano, donde las diferencias se resuelvan con el diálogo y la mediación.
El camino hacia un sistema educativo más eficiente y justo pasa por la revisión de los mecanismos de resolución de conflictos internos. La formación docente en el abordaje de conflictos, la implicación activa de las familias en la gestión del colegio, y la creación de espacios de diálogo que permitan la participación de todos los actores implicados son pasos necesarios para alcanzar ese objetivo. De esta forma se prevenirán conflictos como el ocurrido en el colegio San José.
