La llegada de Javier Milei a la presidencia ha generado una serie de acciones contra Cristina Kirchner, generando un intenso debate sobre si se trata de una persecución política o del debido proceso. Este artículo analiza la situación a la luz de los hechos, buscando identificar posibles indicios de lawfare o justicia.
El Fallo de la Cámara de Casación y sus Implicancias
La confirmación de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad abrió un nuevo capítulo en el conflicto político argentino. La sentencia, que incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ha sido celebrada por la oposición y repudiada por el kirchnerismo. La intensidad del debate radica en la celeridad de la decisión judicial, generando interrogantes sobre la imparcialidad del proceso.
Analizando el fallo, surgen ciertas incongruencias. Incluso figuras como el ex integrante de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, criticaron la falta de pruebas sólidas y la reiteración de adverbios como “obviamente” o “indudablemente”, sugiriendo una falta de sustento argumentativo.
La Quita de la Asignación Vitalicia: Un Acto Político?
La decisión del gobierno de Milei de suprimir la asignación vitalicia a Cristina Kirchner, tanto por haber ejercido la presidencia como por ser viuda de un ex presidente, ha sido considerada por muchos como un acto de clara persecución política. La medida, tomada sin el debido proceso legal y sin notificación previa, ha generado fuertes críticas, pues se considera que vulnera el derecho a la defensa y los procedimientos administrativos básicos. La cuestión legal giraría sobre la naturaleza de la asignación: ¿es una prestación por el cargo, o una asignación personal? Según las leyes y la práctica internacional, la primera opción se sostiene en la mayor parte de los casos, excluyendo solo a mandatarios removidos por juicio político.
Esta acción se suma a otras medidas simbólicas, como la remoción del busto de Néstor Kirchner de la ANSES o el cambio de nombre del gasoducto de Vaca Muerta, que buscan borrar la impronta kirchnerista del país. Estas acciones podrían interpretarse como un intento deliberado de silenciar la figura de Cristina Kirchner, más allá de los aspectos legales.
El Proyecto de Ley “Ficha Limpia”: ¿Proscripción o Transparencia?
El proyecto de ley “Ficha Limpia”, impulsado por diputados de la Coalición Cívica y el PRO, tiene como objetivo inhabilitar para ocupar cargos públicos a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción. Si bien la intención podría parecer legítima, la aplicación de esta ley a Cristina Kirchner, en el contexto de su reciente condena, genera sospechas de que se busca su proscripción política. La falta de precedentes similares, en particular al compararse con el caso Menem, abre espacio al debate. Mientras el caso Menem demostró que la aplicación de una ley similar implicaría un quiebre del principio de presunción de inocencia, la ley de Ficha Limpia implicaría la misma problemática legal.
La implementación de dicha ley enfrenta varios desafíos legales. La Corte Suprema ha establecido precedentes claros sobre el principio de inocencia, por lo que su aprobación podría resultar inconstitucional, en base al argumento legal de que la sentencia debe tener firmeza legal antes de afectar la participación política de una persona. Esto abría espacio a que la oposición acuse la arbitrariedad en la actuación política, pero también otorga armas jurídicas a Cristina Kirchner para resistir los posibles intentos de proscripción.
Lawfare o Justicia?
Las acciones emprendidas por el gobierno de Milei contra Cristina Kirchner constituyen un escenario complejo. Mientras que algunos argumentan que estas acciones representan el cumplimiento de la ley y la lucha contra la corrupción, otros las perciben como una estrategia de lawfare, una práctica mediante la cual se utiliza el sistema judicial para perseguir a opositores políticos. La falta de transparencia, la rapidez de algunos procesos y la ausencia de debido proceso legal en algunas instancias generan inquietud. Si bien el fallo de la Cámara de Casación requiere de un análisis profundo y separado, la suma de medidas adoptadas por el gobierno genera suficientes dudas como para concluir que la intencionalidad podría estar más allá de la justicia.
En definitiva, la situación exige un análisis cuidadoso y objetivo, valorando tanto los argumentos legales como los posibles indicios de persecución política. La aplicación de la ley debe ser equitativa e imparcial, respetando el debido proceso legal y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. De no ser así, la situación seguirá propiciando un clima de polarización e inestabilidad política.
