En el corazón de la costa argentina, donde el Atlántico Sur besa la tierra, se libra una batalla silenciosa. No es una guerra de barcos ni de armas, sino una lucha por la supervivencia de un sector que ha alimentado a generaciones: la industria pesquera. Familias enteras ven cómo su sustento se desvanece ante un convenio laboral obsoleto y una presión fiscal que asfixia cualquier intento de prosperidad. Es inaceptable que, en un país bendecido con la riqueza de sus mares, permitamos que la desidia arrastre a la ruina a quienes dedican su vida a extraer sus frutos.
Cementerio de Barcos: La Flota Detenida es Sinónimo de Desesperación
Imagina un cementerio de barcos, más de 100 buques convertidos en esqueletos de metal oxidado, amarrados en los puertos de Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado. La flota tangonera congeladora argentina, alguna vez símbolo de pujanza, yace paralizada, víctima de una inacción imperdonable. Las pérdidas ya superan los 100 millones de dólares, una cifra que representa mucho más que números: significa familias sin ingresos, sueños rotos y un futuro incierto. Es hora de señalar a los responsables de este desastre económico y social, quienes con su inacción están condenando a la deriva a todo un sector.
El principal culpable de esta agonía es un convenio colectivo de trabajo firmado en 2005, un fósil legal que regula las condiciones laborales del sector. Este acuerdo, anacrónico e insensible a la realidad actual, impone un esquema salarial insostenible para las empresas. Es inaudito que sigamos atados a reglas de juego de hace dos décadas, en un mundo donde la única constante es el cambio. Este convenio se ha transformado en una soga al cuello para los empresarios, mientras que los trabajadores ven cómo sus salarios se diluyen ante la inflación y la incertidumbre.
El caso del langostino, la joya de las exportaciones pesqueras argentinas, es un ejemplo flagrante de esta distorsión. En 2005, el kilo de langostino se cotizaba a 12 dólares, mientras que hoy apenas alcanza los 5,5 dólares. A pesar de esta caída estrepitosa, los salarios de los tripulantes permanecen anclados a aquel valor histórico, inflando el costo laboral a niveles absurdos. Es inaceptable que se mantengan estas condiciones.
Esta desactualización condena a las empresas a pagar hasta 16 millones de pesos mensuales por cada marinero, mientras que su rentabilidad se desploma a un -21% por marea. Es inaudito que se obligue a los trabajadores a pagar las consecuencias de una gestión negligente y una falta de visión de futuro. La pregunta que resuena en cada rincón de la costa es: ¿hasta cuándo vamos a permitir este atropello?
“El impacto de esta situación parece encaminarse indefectiblemente hacia un quebranto o parate definitivo del sector”. No podemos permitir que esto suceda, porque significaría el fin de una tradición, de una forma de vida, de un legado que hemos recibido de nuestros antepasados.
La Carga Fiscal: Una Losa que Aplasta a la Industria
Pero el convenio laboral obsoleto es solo una pieza de este rompecabezas macabro. La carga fiscal, como una losa de cemento, aplasta a las empresas pesqueras. Retenciones del 6% a las exportaciones y Derechos Únicos de Extracción (DUE) aumentados en un 210% sin contemplaciones, castigan a un sector que genera divisas y empleo. Es inaceptable que el Gobierno le dé la espalda a quienes contribuyen al desarrollo del país.
La inflación en dólares de insumos esenciales como combustibles, repuestos y servicios portuarios, asesta otro golpe mortal a las empresas, dejándolas sin aliento para competir en el mercado internacional. Es indignante que se espere que las empresas puedan sobrevivir en un contexto tan hostil, donde cada día se libra una batalla contra la adversidad.
Mientras tanto, el sector fresquero, proveedor del mercado interno, se desangra en una crisis silenciosa desde fines de 2023. El precio del kilo de merluza fresca en banquina permanece congelado en 650 pesos, mientras que los costos se elevan sin freno. Es condenable que se permita que los precios de los productos básicos se estanquen, mientras la inflación devora el poder adquisitivo de los ciudadanos. El Estado debe garantizar un precio justo para los productos esenciales y un ingreso digno para los trabajadores.
Un informe encargado por las cámaras del sector a la consultora INVECQ revela una verdad irrefutable: cada vez que un buque fresquero se adentra en el mar, se pierde un 21% de lo facturado. Las plantas procesadoras en tierra también operan a pérdida, con costos que superan los 3500 dólares por tonelada de filete, mientras que el producto se vende a 2800 dólares. La pregunta que surge es inevitable: ¿quién se beneficia de esta sangría?
El Goteo Silencioso: Cada Día un Barco Menos, Una Planta que Cierra
El sector fresquero, aunque no ha detenido por completo su actividad, se consume en una agonía lenta pero inexorable. En Mar del Plata, cada día se suma un nuevo barco inmovilizado, una planta que baja sus persianas, trabajadores que se ven obligados a aceptar retiros voluntarios. El sector pesquero está al borde del abismo y nadie parece advertirlo. Es una catástrofe anunciada que se cierne sobre las principales economías regionales del país.
Ante este panorama desolador, el sector pesquero alza su voz y reclama medidas urgentes al Poder Ejecutivo Nacional. Exigen una actualización inmediata del convenio colectivo, la inclusión en el esquema de reducción de retenciones, la revisión de los DUE y la carga fiscal, y la coordinación interministerial para evitar un colapso productivo y social de proporciones catastróficas. Es hora de que el Estado escuche el clamor de un sector que se desangra y actúe con determinación para evitar su desaparición.
Mientras tanto, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, se suma al paro general de 36 horas convocado por la CGT. La protesta es una respuesta a las desregulaciones impulsadas por el Gobierno y una defensa de la Marina Mercante, la pesca, la sustentabilidad de los recursos naturales, la Ley de Cabotaje, la fuente laboral argentina de pabellón nacional y el sistema de Obras Sociales Sindicales. Es evidente que los trabajadores han agotado todas las vías de diálogo y se ven obligados a recurrir a la huelga como último recurso para defender sus derechos.
¿Quién Asumirá las Consecuencias de Este Desastre?
La crisis de la industria pesquera argentina trasciende lo meramente económico: es una tragedia social que amenaza el bienestar de miles de familias que dependen de esta actividad. ¿Quién se hará cargo de los trabajadores que pierdan sus empleos? ¿Quién resarcirá a las economías regionales que se vean devastadas por el colapso del sector? Estas preguntas exigen respuestas urgentes y soluciones concretas.
Es imperativo que el Gobierno asuma su responsabilidad y deje de mirar hacia otro lado. La industria pesquera necesita medidas urgentes y contundentes para salir de la terapia intensiva y volver a ser un motor de crecimiento para el país. No podemos seguir permitiendo que la negligencia y la inacción destruyan nuestro patrimonio natural y productivo.
El futuro de la industria pesquera argentina y el destino de miles de familias que hoy ven su sustento amenazado dependen de la respuesta a esta pregunta. No podemos permanecer indiferentes mientras el sector se hunde en el abismo. Es hora de actuar, de exigir soluciones, de comprometernos con un futuro donde la pesca vuelva a ser sinónimo de prosperidad y desarrollo para todos.
Testimonios de la Crisis
“Toda mi vida trabajé en la pesca, mi padre y mi abuelo también. Ahora veo que todo se derrumba y no sé qué voy a hacer. Es una angustia terrible ver cómo se pierde el trabajo de toda una vida”
“Estamos desesperados, no tenemos para comer. El Gobierno no nos escucha, los empresarios no nos dan soluciones. Nos sentimos abandonados por todos”
Propuestas para una solución
- Actualización urgente del convenio colectivo de trabajo, adaptándolo a la realidad económica actual.
- Inclusión del sector pesquero en el esquema de reducción de retenciones.
- Revisión de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) y la carga fiscal que pesa sobre las empresas.
- Coordinación interministerial para implementar políticas integrales que impulsen el desarrollo sostenible del sector.
- Fomento de la innovación tecnológica y la diversificación productiva para agregar valor a los productos pesqueros.
- Promoción del consumo interno de pescado para fortalecer el mercado local y mejorar la alimentación de la población.
