En un caso que ha generado un intenso debate sobre los derechos de los padres y el interés superior del niño, la Justicia de San Francisco, Córdoba, ordenó la vacunación obligatoria de un recién nacido cuyos progenitores se habían negado a someterlo al calendario de vacunación nacional. La decisión judicial, que se tomó con carácter de urgencia, resalta la importancia de la inmunización para la salud pública y la protección de los más vulnerables.
La negativa de los padres y la intervención judicial
El conflicto comenzó cuando los padres del recién nacido se negaron a permitir que el bebé recibiera las vacunas incluidas en el calendario nacional. Ante esta situación, el pediatra de la Clínica San Justo, donde nació el niño, siguió los protocolos establecidos y notificó inmediatamente a la Unidad de Desarrollo Regional de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. La urgencia del caso radicaba en que la aplicación de las vacunas de la primera infancia debe hacerse dentro de las primeras 12 horas de vida, como lo indican los estándares médicos internacionales.
La notificación al organismo provincial dio paso a la intervención del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco. El juez, ante la evidencia de la negativa parental, tomó la decisión de ordenar la vacunación obligatoria del bebé, basándose en la Ley N° 27.491, que establece la obligatoriedad de la vacunación para menores en Argentina.
El interés superior del niño: fundamento de la decisión
En su resolución, el juez Andrés Peretti hizo hincapié en el principio del ‘interés superior del niño’, un concepto fundamental en el derecho de la infancia que prima por sobre cualquier otro interés, incluyendo la autonomía de la voluntad de los progenitores. Peretti argumentó que, al tratarse de un recién nacido, la vulnerabilidad del menor es máxima, justificando la intervención judicial para proteger su salud.
La decisión del juez fue tajante en su defensa del interés superior del niño, priorizando su bienestar físico y su acceso a la atención médica necesaria. Este principio legal se fundamenta en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, y establece que las autoridades deben actuar para prevenir cualquier daño que pueda afectar su desarrollo y crecimiento.
Peretti explicó que, ante la evidencia de la negativa a la vacunación, prevalecía el deber del Estado de proteger al niño y asegurar su derecho a la salud. Esta obligación no se limita a prevenir enfermedades individualmente, sino que también se extiende a la protección colectiva, ya que la vacunación masiva es fundamental para disminuir la propagación de enfermedades transmisibles y reforzar la inmunidad de la población.
La importancia de la vacunación para la salud pública
La vacunación es una medida preventiva esencial contra numerosas enfermedades que pueden resultar mortales o causar discapacidades permanentes. Las vacunas han reducido dramáticamente la incidencia de enfermedades como la polio, el sarampión, la rubéola y la difteria, entre otras. La cobertura vacunal es vital para mantener estos logros y prevenir nuevos brotes.
Sin embargo, el fenómeno del antivacunismo ha provocado una disminución en la cobertura vacunal en algunos países, generando riesgos crecientes de resurgencia de enfermedades que se creían erradicadas. Las consecuencias de una baja cobertura vacunal pueden ser graves, no solo para las personas no vacunadas, sino para toda la comunidad, ya que se pone en peligro la ‘inmunidad de rebaño’ , es decir la capacidad de la comunidad de resistir la propagación de enfermedades infecciosas.
Esta decisión judicial en Córdoba demuestra la firme postura de las autoridades ante el antivacunismo y la importancia de priorizar el bienestar de los niños sobre los argumentos ideológicos de los padres. El caso deja en evidencia la necesidad de una educación pública eficaz sobre la importancia de la vacunación y la protección de la salud pública.
El debate sobre la autonomía parental y el interés superior del niño
Este caso ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la autonomía de los padres para decidir sobre la crianza de sus hijos y el interés superior del niño. Mientras que los padres tienen derecho a participar activamente en la educación y la salud de sus hijos, este derecho tiene límites cuando entra en conflicto con el bienestar y la seguridad del menor. La Ley N° 27.491 que regula el calendario de vacunación obligatoria define claramente los límites legales de la autonomía parental en estos casos, dando prioridad al interés superior del niño.
En este sentido, la resolución del juez Andrés Peretti sienta un precedente crucial al establecer un límite claro a la autonomía parental cuando se trata de la vacunación de menores. Esta decisión judicial confirma que la protección del menor y su derecho a una vida saludable deben prevalecer por encima de las creencias o preferencias de los padres, sobre todo cuando existen disposiciones legales que establecen la obligatoriedad de estas vacunas para proteger su salud.
La decisión no busca restringir los derechos de los padres sino, por el contrario, proteger los derechos fundamentales del niño a la salud. Es fundamental destacar que este tipo de intervención judicial busca únicamente la protección de la salud del menor, actuando como garante del cumplimiento de sus derechos básicos.
En conclusión, el caso de la vacunación obligatoria del bebé en Córdoba ha puesto en el centro del debate la importancia de la inmunización para la salud pública y la protección del interés superior del niño. La resolución judicial destaca la necesidad de un equilibrio entre los derechos de los padres y las responsabilidades del Estado en la protección de la salud de los menores, dejando un precedente clave para futuros casos similares.
