La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que otorga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la facultad de revisar las causas del fuero nacional ordinario, ha desatado una tormenta en el ámbito judicial. Jueces nacionales, reunidos en la Asociación de Magistrados, han expresado su profunda preocupación por lo que consideran un “traspaso forzoso” de competencias y un golpe directo a la justicia y a los ciudadanos que buscan en ella una respuesta a sus conflictos. Este fallo, que modifica la estructura del Poder Judicial definida por ley, abre un nuevo capítulo en la histórica tensión entre la justicia nacional y la porteña, con la ciudadanía como principal afectada.
Un fallo con consecuencias para la ciudadanía
El fallo de la Corte, que se apoya en la necesidad de la Ciudad de Buenos Aires de tener un control total sobre su sistema judicial como cualquier otra provincia, implica que las apelaciones de las sentencias de la justicia nacional ya no irán directamente a la Corte Suprema, sino que deberán pasar primero por el TSJ porteño. Esto genera una nueva instancia de revisión que, en la práctica, dilata los procesos judiciales de manera considerable. Juicios laborales, litigios civiles y causas penales podrían extenderse indefinidamente, aumentando el riesgo de prescripción y dejando a los ciudadanos en un limbo jurídico.
Las consecuencias de esta dilación son alarmantes: las víctimas de delitos podrían ver cómo los responsables quedan impunes por la prescripción de las causas, los trabajadores podrían enfrentar demoras aún mayores en el cobro de indemnizaciones laborales, y los ciudadanos que buscan justicia en el fuero civil podrían desistir ante la perspectiva de un proceso interminable y costoso. “El que pierde es el litigante”, afirmó un magistrado en la reunión de la Asociación de Magistrados, reflejando el sentir generalizado de que este fallo beneficia a las grandes corporaciones y perjudica a la gente común.
Más allá de las implicancias prácticas, la decisión de la Corte ha sido interpretada por muchos jueces como un ataque directo a la justicia nacional. La sentencia utiliza términos como “jueces transitorios” para referirse a los magistrados nacionales, lo que ha generado un profundo malestar en la corporación judicial. La Asociación de Magistrados, en un comunicado, rechazó unánimemente el fallo, calificándolo de inconstitucional y advirtiendo sobre el impacto negativo en los derechos y garantías de los ciudadanos.
Estrategias de resistencia y la búsqueda de alternativas
Ante este panorama, los jueces nacionales no se quedan de brazos cruzados. Conscientes de que el margen para desobedecer el fallo de la Corte es limitado, buscan estrategias para minimizar su impacto. Una de las opciones que se baraja es la de acotar los alcances del fallo mediante acordadas que establezcan que la revisión del TSJ porteño no sea obligatoria en todos los casos, sino que se aplique solo en situaciones excepcionales.
Otra estrategia posible es la de apelar a la “creatividad jurídica” para encontrar resquicios legales que permitan evitar la revisión del TSJ. Se busca, por ejemplo, que el fallo no se convierta en una doctrina jurisprudencial estable, sino que se considere un “criterio” no mandatorio. La esperanza reside en que un futuro cambio en la composición de la Corte Suprema pueda revertir esta decisión y restablecer la autonomía de la justicia nacional.
Los jueces nacionales también buscan aliados en esta batalla. Se espera el apoyo de los gremios judiciales y de las asociaciones de abogados para presionar al poder político y a la opinión pública. La preocupación es que la creación de una nueva instancia judicial, con su correspondiente costo económico y burocrático, desaliente a los ciudadanos de buscar justicia, profundizando la crisis de legitimidad que ya atraviesa el Poder Judicial.
El futuro de la justicia nacional en juego
El fallo de la Corte Suprema abre un interrogante sobre el futuro de la justicia nacional en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se convertirá en una justicia “municipalizada”, subordinada al poder político local? ¿Perderá su autonomía e independencia? ¿O logrará resistir este embate y mantener su rol como garante de los derechos de los ciudadanos?
Las próximas semanas serán cruciales para definir el desenlace de este conflicto. La justicia nacional se encuentra en una encrucijada histórica, y su futuro dependerá de la capacidad de sus magistrados para defender su independencia y de la voluntad política para encontrar una solución que garantice el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Mientras tanto, la incertidumbre reina en los tribunales. La “implosión del sistema”, como la definió un camarista, es una posibilidad real. El fallo de la Corte no solo ha generado un conflicto institucional de envergadura, sino que ha sembrado la desconfianza en la justicia como institución. La batalla por el futuro de la justicia nacional recién comienza, y su resultado tendrá un impacto profundo en la vida de todos los argentinos.
