El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, enfrenta una imputación con tres ejes centrales: presuntas maniobras dilatorias en causas de narcotráfico, irregularidades en el manejo de fondos de una cooperativa portuaria, y actuaciones cuestionadas en un caso de lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación, llevada a cabo por los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, ha desatado una fuerte conmoción en el sistema judicial argentino.
Demoras en Causas de Narcotráfico: El Caso Alvarado
La primera imputación contra Bailaque se centra en supuestas demoras deliberadas en las investigaciones contra el narcotraficante Esteban Alvarado y su entorno. Los fiscales destacan la llamativa coincidencia entre el contador personal de Bailaque, Gabriel Mizzau, y el contador de Alvarado. Mizzau también estaba a cargo de la contabilidad de las empresas vinculadas al capo narco, un hecho que plantea serios conflictos de interés y sospechas de complicidad.
Esta conexión, según los fiscales, habría permitido a Bailaque obstaculizar las investigaciones. La exesposa de Alvarado, Rosa Natalí Capuano, también forma parte de esta investigación debido a sus vínculos con el entramado societario que manejaba Alvarado. Los fiscales resaltan que a pesar de esta coincidencia, el juez denegó medidas clave como intervenciones telefónicas para Capuano, lo que resulta cuestionable.
Irregularidades en el Manejo de Fondos de la Cooperativa Portuaria
El segundo caso se refiere al manejo de fondos de una cooperativa de trabajadores portuarios. Bailaque autorizó la transferencia de aproximadamente mil millones de pesos a una mutual relacionada con su amigo personal, el financista Fernando Whpei, en lugar de hacerlo a una entidad bancaria.
Esta decisión ha generado fuertes cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez. La amistad entre Bailaque y Whpei, documentada con pruebas como viajes compartidos a Chile, refuerza las sospechas de falta de objetividad. Los fiscales también se refirieron a la falta de transparencia en las declaraciones del juez en relación a su amistad con Whpei, lo que se interpretó como una maniobra para esconder un conflicto de intereses.
Actuaciones Cuestionadas en Caso de Lavado de Dinero y Evasión Fiscal
La tercera imputación involucra una denuncia anónima contra empresarios acusados de lavado de dinero y evasión fiscal. Los fiscales resaltan que Bailaque actuó con celeridad inusual en este caso, ordenando allanamientos sin la intervención del Ministerio Público Fiscal y luego dictando faltas de mérito en poco tiempo.
Esta anomalía ha llevado a los fiscales a investigar posibles vínculos entre Bailaque y otros funcionarios involucrados en la causa. Se investiga si hubo una intencionalidad en perjudicar a los denunciados, lo que implicaría un acto de corrupción por parte del juez. Los allanamientos fueron realizados sin la intervención previa de la fiscalía y a posteriori se dictaminó la falta de mérito, un trámite judicial que se ha calificado como ‘planchado’ por la rapidez y la falta de procesos regulares.
Pedidos de los Fiscales y Recusación al Juez de Garantías
Durante la audiencia, los fiscales solicitaron una serie de medidas, incluyendo la apertura de dispositivos electrónicos incautados en la oficina del juez, el levantamiento del secreto fiscal y bancario para analizar la situación patrimonial del juez, y una investigación exhaustiva de los posibles nexos entre Bailaque y otros funcionarios involucrados. Esto sugiere una investigación exhaustiva para determinar el alcance de las posibles irregularidades.
El juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, deberá decidir sobre estos pedidos, pero enfrenta una recusación por su participación anterior en una causa relacionada con Alvarado. Este es un punto crítico en el desarrollo de la investigación, ya que la recusación puede afectar el rumbo del proceso y la imparcialidad de la investigación.
Implicaciones y Contexto
Este caso sin precedentes en la justicia federal de Rosario genera interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas para combatir la corrupción y los vínculos entre el poder judicial y el crimen organizado. La imputación de un juez federal por posibles conexiones con el narcotráfico constituye un hecho grave que merece un análisis exhaustivo por parte de las autoridades competentes.
Las implicaciones son profundas, afectando la confianza pública en la justicia y planteando la necesidad de reformas para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. La ciudadanía espera una resolución justa e imparcial en este caso que marque un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial argentino.
