El Gobierno de Córdoba anunció un aumento en la jubilación mínima provincial, llevándola a $325.000, incluyendo el Fondo Complementario. Sin embargo, esta medida se ve contrarrestada por la decisión de flexibilizar el diferimiento en el pago de aumentos a los jubilados, lo que implica que un mayor número de beneficiarios cobrará con retrasos de uno o dos meses. Esta estrategia, si bien busca aliviar la presión sobre las arcas provinciales, genera preocupación por su impacto en el poder adquisitivo de los jubilados y profundiza el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Diferimiento escalonado: Un alivio para algunos, un retraso para otros
La modificación en el diferimiento implica que los jubilados con haberes brutos de hasta $900.000 cobrarán los aumentos con un mes de retraso, mientras que aquellos con ingresos superiores a ese monto seguirán percibiéndolos con dos meses de demora. A partir de noviembre, el límite para el diferimiento de un mes aumentará progresivamente hasta alcanzar $1.150.000 en febrero de 2025.
Según datos oficiales, esta medida afecta a 65.000 jubilados que cobrarán con un mes de retraso, un aumento de 11.000 personas respecto a la situación anterior. Los restantes 55.000 jubilados continuarán con el diferimiento de dos meses. Para compensar esta demora, el gobierno otorgará bonos de $20.000 y $30.000 en febrero y marzo, respectivamente, a quienes perciban entre $235.000 y $470.000, y bonos de $30.000 y $50.000 a quienes superen los $470.000.
Si bien el aumento del piso para el diferimiento busca focalizar el retraso en los jubilados con mayores ingresos, la realidad es que la inflación acumulada erosiona el poder adquisitivo de todos los beneficiarios, incluso de aquellos que perciben haberes superiores. El diferimiento, en la práctica, implica una pérdida real para los jubilados, quienes ven disminuido su poder de compra mes a mes.
Impacto en el déficit previsional: Una solución con costos a largo plazo
El ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, estimó que el déficit previsional para 2025 superará los $400.000 millones. La decisión de flexibilizar el diferimiento, junto con el aumento de la mínima, agravará esta situación. Si bien estas medidas buscan contener el gasto en el corto plazo, expertos advierten sobre la necesidad de una reforma estructural del sistema previsional para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
La falta de transferencias por parte de la ANSES, profundizada por los recortes del gobierno nacional, agudiza la crisis de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El ex gobernador Juan Schiaretti inició dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda acumulada, que asciende a más de $700.000 millones.
Ante este panorama, el gobernador Llaryora implementó medidas como el aumento del aporte de los trabajadores activos a la Caja y a la Apross. Sin embargo, estas acciones no resultan suficientes para cubrir el creciente déficit, lo que plantea un escenario de incertidumbre para el futuro del sistema previsional provincial.
El debate político detrás de la medida
La decisión del gobierno de Llaryora ha generado un intenso debate político en Córdoba. La oposición critica la medida por considerarla un ajuste encubierto que afecta a los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte, el oficialismo defiende la medida como necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en un contexto de crisis económica.
Los gremios estatales, que representan a los jubilados provinciales, expresaron su rechazo al diferimiento y exigen al gobierno que busca otras alternativas para solucionar el déficit previsional sin afectar el poder adquisitivo de los beneficiarios. Se espera que en los próximos días se realicen movilizaciones y protestas en contra de la medida.
El diferimiento en el pago de aumentos a jubilados se ha convertido en una herramienta recurrente de los gobiernos provinciales para afrontar las dificultades financieras. Sin embargo, esta práctica genera un fuerte impacto social y económico, profundizando la desigualdad y la precarización de la vida de los adultos mayores.
La situación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba refleja la crisis que atraviesan muchos sistemas previsionales en el país. La falta de financiamiento, el envejecimiento de la población y la informalidad laboral son algunos de los factores que contribuyen a este problema. Es crucial que se implementen políticas públicas a largo plazo que garanticen la sostenibilidad del sistema y el derecho a una jubilación digna para todos los ciudadanos.
