Andrés Vázquez, el recién nombrado jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) por el presidente Javier Milei, se encuentra en el centro de una controversia que pone en tela de juicio su idoneidad para el cargo. Una investigación conjunta de LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ha revelado que Vázquez adquirió tres propiedades en Miami por un valor superior a los 2 millones de dólares a través de sociedades offshore, sin declararlas ante la Oficina Anticorrupción (OA), tal como lo exige la Ley de Ética Pública.
El cazador cazado: la contradicción de combatir la evasión desde la opacidad
La designación de Vázquez, un funcionario con 35 años de trayectoria en la AFIP, había generado sorpresa en algunos sectores, especialmente por su nombramiento conjunto por Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin la participación del ministro de Economía ni del jefe de Gabinete. Ahora, esta revelación sobre sus propiedades no declaradas en Miami añade un nuevo capítulo a las dudas sobre su idoneidad ética y su compromiso con la transparencia, principios fundamentales para liderar la lucha contra la evasión fiscal.
Según la investigación, Vázquez administra dos de estas propiedades a través de un complejo entramado societario que incluye compañías en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. La tercera propiedad fue vendida, pero la operación no se registró en los documentos oficiales donde debería constar. Este entramado societario, activo desde hace 12 años, permite a Vázquez mantener el control de los inmuebles sin que su nombre aparezca directamente en los registros de propiedad.
La Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, obliga a funcionarios del nivel de Vázquez a declarar todos sus bienes, incluyendo propiedades y participaciones societarias, tanto en Argentina como en el extranjero. La omisión de esta información puede constituir el delito de “omisión maliciosa”, penado con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, e incluso podría dar lugar a una investigación por enriquecimiento ilícito.
Antecedentes que ensombrecen el presente
Este no es el primer encuentro de Vázquez con acusaciones relacionadas con paraísos fiscales. En 2011, fue denunciado por controlar una cuenta bancaria en Curazao con más de 400.000 dólares, fondos que luego habría transferido a Luxemburgo. En esa ocasión, Vázquez no informó sobre estos movimientos al fisco argentino, lo que dio inicio a una investigación penal. Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo lo sobreseyó en 2022 debido a la falta de cooperación de las autoridades de Luxemburgo, Países Bajos y Curazao para verificar la información.
La falta de respuesta de estos países impidió a la justicia argentina determinar la veracidad de las acusaciones. No obstante, este antecedente, sumado a las recientes revelaciones sobre las propiedades en Miami, dibuja un patrón de comportamiento que genera preocupación sobre la transparencia y la ética del funcionario encargado de perseguir la evasión fiscal en el país.
El silencio de Vázquez y la necesidad de transparencia
Ante las consultas de LA NACION, Vázquez ha optado por el silencio. No ha respondido a las preguntas sobre su situación patrimonial ni ha ofrecido explicaciones sobre la omisión de las propiedades en Miami en sus declaraciones juradas. Este silencio alimenta las sospechas y profundiza la controversia.
En un contexto de crisis económica y ajuste, la transparencia en la gestión pública es más crucial que nunca. La ciudadanía exige que los funcionarios, especialmente aquellos encargados de recaudar impuestos y combatir la evasión, sean ejemplares en su conducta y rindan cuentas de su patrimonio. El caso de Vázquez plantea interrogantes que deben ser respondidas para garantizar la confianza en las instituciones y la legitimidad del Estado.
La polémica en torno a la figura de Andrés Vázquez abre un debate fundamental sobre la ética pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la función pública. ¿Cómo puede un funcionario encargado de combatir la evasión fiscal no declarar sus propias inversiones en el extranjero? ¿Qué garantías existen para asegurar que la lucha contra la evasión se lleve a cabo con imparcialidad y rigor cuando el propio responsable tiene un historial cuestionable?
El caso de Vázquez no es un hecho aislado. A lo largo de las últimas décadas, numerosos funcionarios han enfrentado acusaciones similares, lo que evidencia la necesidad de una reforma profunda en el sistema de control patrimonial de los funcionarios públicos. La prescripción de la acción penal en muchos casos, como los del expresidente Carlos Menem y el exrector de la UBA Oscar Shuberoff, demuestra la ineficacia del sistema actual para sancionar a quienes incumplen la ley.
¿Un nuevo capítulo en la historia de la impunidad?
La designación de Vázquez al frente de la DGI plantea la pregunta de si este caso se convertirá en un nuevo capítulo en la larga historia de impunidad en Argentina. La falta de cooperación internacional en la investigación anterior sobre las cuentas en Curazao y Luxemburgo permitió que Vázquez fuera sobreseído, a pesar de las sospechas que lo rodeaban. ¿Sucederá lo mismo con la omisión de las propiedades en Miami?
La respuesta a estas preguntas dependerá de la actuación de la justicia y de la presión de la sociedad civil para exigir transparencia y rendición de cuentas. El caso de Andrés Vázquez se convierte así en una prueba de fuego para el sistema judicial y para el compromiso del gobierno de Milei con la lucha contra la corrupción.
La Oficina Anticorrupción, encargada de velar por la transparencia en la función pública, tiene la responsabilidad de investigar a fondo este caso y determinar si Vázquez incurrió en una omisión maliciosa al no declarar sus propiedades en Miami. La justicia, por su parte, debe actuar con celeridad e independencia para garantizar que se aplique la ley con todo su rigor, sin importar el cargo o las influencias del acusado.
Más allá de las consecuencias legales, el caso de Vázquez plantea una cuestión ética fundamental: ¿es admisible que un funcionario público encargado de combatir la evasión fiscal oculte su propio patrimonio en paraísos fiscales? La respuesta a esta pregunta debe ser un rotundo no. La sociedad argentina necesita funcionarios comprometidos con la transparencia y la ética, que actúen con integridad y honestidad en el ejercicio de sus funciones.
El caso de Andrés Vázquez se suma a una larga lista de escándalos que han erosionado la confianza de la ciudadanía en la clase política. Es hora de que la Argentina rompa con la cultura de la impunidad y comience a construir un sistema institucional basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública. Solo así se podrá recuperar la confianza de la sociedad y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos.
