La intendenta de Enrique Urien, Chaco, Liliana Carmen Pascua, enfrenta un procesamiento por fraude a la administración pública. La jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén María López Macé, la considera autora del delito tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal argentino, por el cobro de una pensión no contributiva por invalidez mientras ejercía su cargo, incompatible con sus ingresos como funcionaria.
El Caso Pascua: Un Fraude a la Administración Pública
La investigación se centra en el período entre julio y diciembre de 2013. Pascua, luego de asumir la intendencia en julio de ese año, continuó percibiendo la pensión por invalidez. Los investigadores constataron que sus ingresos como intendenta, que ascendían a $7097,80 en julio y a $9258 entre agosto y noviembre, eran incompatibles con el cobro de la pensión, significativamente inferior a su salario. El Decreto 432/97 establece claramente que los beneficiarios de pensiones no contributivas no deben poseer ingresos o recursos que les permitan su subsistencia. La defensa de Pascua, que alegó haber solicitado la baja de la pensión en julio de 2013, fue desestimada por la evidencia que demuestra extracciones de fondos hasta diciembre de ese mismo año.
Si bien la jueza sobreseyó a Pascua por el delito de falsedad ideológica, el procesamiento por fraude se basa en la incompatibilidad entre la pensión y su salario como funcionaria. La evidencia, incluyendo el Oficio 715/2013 del Nuevo Banco del Chaco, demuestra la extracción de fondos de la pensión hasta diciembre de 2013, refutando la declaración de Pascua sobre la solicitud de baja en julio.
Un Problema Mayor: Irregularidades en las Pensiones
El caso de Pascua no es aislado. El Gobierno nacional encargó una auditoría a 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en Buenos Aires y otras 27.000 en CABA, detectando ‘graves irregularidades’ y un posible ‘esquema de corrupción’. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que solo el 7% de los pensionados cumplían los requisitos. Se hallaron casos con radiografías repetidas, descripciones médicas reemplazadas por poemas, e incluso una pensión solicitada con una radiografía de un perro. Las autoridades estiman que cerca de 500.000 pensiones podrían ser fraudulentas.
Esta auditoría detectó 212 presos y 331 prófugos cobrando pensiones de manera irregular. El 85% de estas irregularidades se atribuyen a las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, mientras que el 15% restante corresponde a la administración de Mauricio Macri. La ANDIS ya dio de baja estas pensiones, buscando recuperar fondos y mejorar la eficiencia del Estado. La posibilidad de un incremento en la cifra de beneficiarios irregulares es alta, a medida que cada provincia revise sus registros.
Implicancias Políticas y Consecuencias
El procesamiento de Pascua y la auditoría a nivel nacional exponen la gravedad de la corrupción en la administración de los fondos públicos. Esto no solo afecta la eficiencia del Estado, sino también erosiona la confianza pública en las instituciones. El caso Pascua tiene implicancias políticas importantes en Chaco y en todo el país, generando cuestionamientos a los mecanismos de control y la necesidad de fortalecerlos. Investigaciones como esta resaltan la importancia de transparentar la gestión de los recursos públicos, así como la urgente necesidad de auditorías exhaustivas para prevenir y detectar cualquier irregularidad. La fiscalización rigurosa de estos recursos sociales no es solo una necesidad administrativa, sino también una cuestión de justicia y transparencia para garantizar que los fondos públicos se destinen a los beneficiarios que realmente los necesitan.
La magnitud del problema, evidenciado por la cantidad de beneficiarios irregulares detectados, requiere la implementación de medidas más eficaces para prevenir el fraude y garantizar la correcta administración de las pensiones. El procesamiento de la intendenta Pascua sirve como un recordatorio de que la lucha contra la corrupción exige una vigilancia constante, incluyendo la colaboración interinstitucional y el uso efectivo de las herramientas disponibles para detectar y procesar a los responsables de estos actos de malversación.
Se espera que este caso sirva como precedente para futuras investigaciones y procesos judiciales similares, garantizando que se investiguen de manera completa y transparente todas las denuncias por fraude en la administración de recursos destinados a la asistencia social. El mensaje debe ser claro y contundente: el abuso de los fondos públicos tendrá consecuencias legales. La necesidad de implementar sistemas de control más robustos y eficaces para evitar estas irregularidades, y la importancia de exigir responsabilidad a los funcionarios que las cometan, se hace aún más palpable con este caso, instando a que los recursos públicos sean administrados con estricta honestidad y eficiencia.
