La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está transformando diversos sectores, y el ámbito legal argentino no es la excepción. Su impacto en el sistema judicial se presenta como una revolución, con el potencial de optimizar procesos, mejorar el acceso a la justicia y aumentar la eficiencia. Sin embargo, la implementación de la IA en este campo también plantea desafíos éticos y regulatorios que necesitan ser abordados con cautela.
El Legaltech & Compliance Forum 2024: Un punto de encuentro clave
El reciente Legaltech & Compliance Forum 2024, organizado por la Asociación de Impulsores de Legaltech en Argentina (ALTA), congregó a figuras relevantes del sector legal y tecnológico. La cumbre sirvió como plataforma para el debate sobre el rol de la IA en el derecho, destacando la necesidad de una modernización del sistema judicial y una adaptación a las nuevas tecnologías.
Entre los panelistas, Juan Corvalán, director del UBA IALAB, destacó la velocidad del avance tecnológico. Señaló que el desarrollo de los últimos dos años es equivalente al progreso de las siete décadas anteriores, democratizando el acceso a herramientas innovadoras. Aunque esto genera grandes oportunidades, advierte sobre los riesgos éticos y regulatorios que emergen, destacando la necesidad de un marco normativo que promueva la innovación responsable.
Las oportunidades de la IA en la justicia
La IA ofrece herramientas que pueden mejorar significativamente el sistema de justicia. En la práctica, esto se traduce en un análisis más rápido y eficiente de la jurisprudencia, la automatización de tareas repetitivas y la gestión optimizada de recursos. Para los profesionales del derecho, herramientas como ChatGPT están simplificando tareas que antes requerían un gran esfuerzo manual, dando la posibilidad a los abogados de invertir más tiempo en el análisis profundo de los casos y en la estrategia legal.
En el ámbito judicial, el acceso a la información se facilita considerablemente. La IA permite buscar y analizar jurisprudencia relevante en segundos, identificando precedentes aplicables y ayudando a los jueces a tomar decisiones más consistentes. La posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos permite identificar patrones y tendencias que serían difíciles o imposibles de detectar por medios tradicionales. En el futuro, se espera que esto conduzca a una mayor transparencia y predictibilidad en el sistema.
Desafíos éticos y regulatorios
A pesar de las ventajas, la IA en el sistema judicial presenta desafíos significativos. El riesgo de sesgos algorítmicos es una preocupación principal. Si los sistemas de IA se entrenan con datos sesgados, pueden perpetuar y amplificar las desigualdades existentes. Es crucial asegurarse que los algoritmos sean justos e imparciales para evitar cualquier discriminación.
Otro desafío crucial es la privacidad y seguridad de los datos. El uso de la IA en el sistema judicial implica el manejo de información sensible, que debe ser protegida de forma rigurosa. Se deben implementar medidas robustas para prevenir cualquier violación de datos y garantizar la confidencialidad de la información personal.
El futuro de la IA en la justicia argentina
El camino hacia una justicia eficiente e imparcial en Argentina que aproveche los beneficios de la IA requiere un enfoque equilibrado que priorice tanto la innovación como la protección de los derechos humanos. Esto implica desarrollar regulaciones y protocolos adecuados para mitigar los riesgos y establecer un marco ético para la utilización de estas herramientas.
La capacitación y concientización de los operadores judiciales sobre la IA también es fundamental para la efectiva y justa implementación de la misma. Es importante que los profesionales del derecho entiendan el potencial, las limitaciones y los posibles riesgos de la IA, y puedan utilizarlo de manera responsable y con un pleno respeto por los derechos y garantías fundamentales.
El panorama legal argentino se encuentra en medio de una transformación. La implementación de la IA ofrece un enorme potencial para el sector judicial, pero también requiere una cuidadosa planificación y regulación. A través del trabajo conjunto entre desarrolladores, operadores judiciales y legisladores, se puede lograr el uso ético y efectivo de la IA, allanando el camino hacia una justicia más eficiente, accesible e imparcial.
