La inflación en Argentina ha experimentado una notable baja en los últimos meses, generando un debate entre quienes lo ven como un triunfo económico y quienes lo consideran un costo social. Analizaremos los datos, las perspectivas del gobierno y las críticas de la oposición para comprender mejor este complejo panorama.
Datos del INDEC: Una inflación en descenso
El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) registró en octubre una inflación del 2,7%, la tasa mensual más baja del año y la más baja en 35 meses. Esta disminución continúa la tendencia a la desaceleración iniciada a partir de abril, cuando se llegó al pico máximo de 289,4%. En el último año la inflación acumulada alcanza un 193%.
Esta cifra representa una significativa reducción en comparación con el 211,4% registrado en 2023. De mantenerse esta tendencia en los próximos meses, el gobierno proyecta cerrar el 2024 con una inflación anual cercana al 120%, una reducción significativa.
El optimismo gubernamental
El gobierno celebra estos datos como una victoria de sus políticas económicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la disminución de la inflación núcleo (2.9%), la baja en el incremento de precios de Alimentos y Bebidas (1.2%), y el aumento de la Canasta Básica Alimentaria (1.4%).
La comparación con la “hiperinflación proyectada del 15.000%” que el presidente Javier Milei previó antes de asumir, genera aún mayor optimismo en el oficialismo. Se atribuye la caída de precios a las anclas cambiarias y monetarias, y a lo que se describe como “el mayor ajuste en la historia de la humanidad”.
El Gobierno está en una racha ganadora tanto en lo que hace al riesgo país, a la brecha cambiaria y a la inflación. No hay duda de que el plan ha ganado credibilidad con el correr del tiempo y que la inflación ha venido bajando más rápido de lo que muchos esperábamos.
Las voces críticas: El costo social de la desaceleración
No todos comparten el optimismo gubernamental. Diversas fuentes señalan que la baja de la inflación se produce a costa de una drástica caída en el nivel de actividad económica y un retroceso significativo en los salarios reales de trabajadores formales e informales.
Según un informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la UMET y el CCD, la participación de los asalariados en el PIB bajó en el primer semestre del 2024 al 42.8%, una baja de 2.5 puntos respecto a 2023 y 10.4 puntos respecto al pico histórico del 2015. Nicolás Trotta, director ejecutivo del CCD, advierte que la euforia financiera del gobierno obnubila una realidad de salarios reales y niveles de actividad e inversión históricamente bajos.
La consultora EcoGo proyecta una inflación del 3% para noviembre, atribuyendo este leve incremento a los precios regulados y no a los alimentos. Desde el Centro de Almaceneros de Córdoba se corrobora esta información, indicando que no se han producido grandes aumentos en los precios de los alimentos en esa provincia.
El dilema: ¿crecimiento económico a corto plazo o bienestar social a largo plazo?
La baja en la inflación presenta una situación compleja, una disyuntiva entre una aparente recuperación económica, basada en datos macroeconómicos y la percepción de estabilidad por parte de los mercados, y una realidad social que enfrenta consecuencias como el descenso del empleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la incertidumbre económica.
La pregunta clave es si esta reducción en la inflación, aunque significativa en términos numéricos, es realmente sostenible en el tiempo y si su costo social es un precio aceptable a pagar por la estabilidad económica.
El análisis integral de esta situación requiere un seguimiento minucioso de los datos económicos y sociales en los próximos meses, así como una evaluación de las políticas públicas implementadas por el gobierno para mitigar las consecuencias negativas de las medidas tomadas. La discusión sobre la efectividad a largo plazo del plan y sobre cómo afecta a diferentes sectores de la población, es un debate que sin duda seguirá presente en los próximos meses.
