Las imágenes que circularon esta semana por redes sociales, mostrando la brutal golpiza propinada por una pareja a un joven en San Miguel, Buenos Aires, han generado una profunda conmoción e indignación en la sociedad argentina. El motivo de la agresión, aún más aberrante si cabe, fue la supuesta defensa de su hijo de ocho años, quien momentos antes había intentado robarle el celular a la víctima. La violencia desmedida de los padres, la actitud desafiante del niño y la pasividad policial que se desprende del relato de los hechos, nos obligan a reflexionar sobre la normalización de la violencia y la degradación de los valores sociales.
Justicia por mano propia: ¿hasta dónde?
El video del incidente, registrado por testigos y difundido masivamente, muestra al padre del menor agrediendo salvajemente al joven, mientras la madre lo increpa y justifica la violencia en defensa de su hijo. “Es un niño”, gritaba la mujer, como si la minoría de edad fuera un salvoconducto para delinquir y eximiera a los padres de la responsabilidad de educar en valores. La escena, además de violenta, resulta profundamente perturbadora por la actitud del niño, quien lejos de mostrar arrepentimiento, sonreía e intentaba sustraer el teléfono de la víctima mientras esta yacía en el suelo indefensa.
Este caso nos enfrenta a una realidad incómoda: la creciente naturalización de la violencia como método para resolver conflictos, incluso cuando se trata de proteger a un menor que ha cometido un delito. ¿Es acaso legítimo recurrir a la justicia por mano propia? ¿Dónde quedan los límites de la defensa propia cuando se transforma en una agresión desproporcionada e injustificada?
La respuesta, sin lugar a dudas, es que la violencia nunca puede ser la solución. La defensa propia es un derecho, pero debe ejercerse dentro de los marcos legales y con la proporcionalidad necesaria para evitar un daño mayor. En este caso, la reacción de los padres no solo fue excesiva, sino que además envió un mensaje peligroso: la impunidad ante la delincuencia juvenil y la validación de la violencia como respuesta.
La inacción policial: ¿cómplices silenciosos?
Según el relato de los hechos, un vecino alertó al sistema de seguridad municipal “Ojos en Alerta” sobre la situación. Sin embargo, la respuesta policial fue, cuanto menos, deficiente. Si bien se envió un móvil al lugar, la víctima ya se había retirado para evitar mayores problemas. Lo más grave es la denuncia de que un patrullero pasó por la zona después de la agresión sin detenerse, ignorando por completo la situación.
Esta inacción policial plantea serias dudas sobre el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección ciudadana. ¿Se debe a la desidia, a la falta de recursos o a una cultura corporativa que minimiza este tipo de delitos? Sea cual sea la respuesta, la pasividad policial contribuye a la sensación de impunidad que alimenta la violencia y la delincuencia.
La falta de una denuncia formal por parte de la víctima, comprensible dado el contexto de miedo e intimidación, no debe ser excusa para la inacción policial. Es deber de las fuerzas de seguridad investigar estos hechos de oficio, identificar a los agresores y garantizar que se aplique la ley. La justicia no puede ser selectiva ni depender de la voluntad de las víctimas para actuar.
Una sociedad que naturaliza la barbarie
Este caso, lamentablemente, no es un hecho aislado. Refleja una tendencia preocupante en nuestra sociedad: la naturalización de la violencia como forma de expresión y la pérdida de valores fundamentales como el respeto, la empatía y la solidaridad. La justificación de la agresión por parte de los padres, el silencio de los testigos que presenciaron la golpiza sin intervenir y la inacción policial, son síntomas de una sociedad que parece haber perdido la brújula moral.
Es hora de preguntarnos como sociedad qué estamos haciendo mal. ¿Cómo hemos llegado al punto de que la violencia sea la respuesta ante un intento de robo, incluso cuando es perpetrado por un niño? La responsabilidad no es solo de los agresores, sino también de una sociedad que tolera la impunidad y la injusticia. Debemos exigir a las autoridades que actúen con firmeza ante estos hechos, pero también debemos asumir nuestra responsabilidad individual de promover una cultura de paz y respeto.
Es fundamental que este caso no quede impune. La justicia debe investigar a fondo, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Pero más allá del castigo a los culpables, es necesario un debate profundo sobre los valores que rigen nuestra sociedad y las medidas que debemos tomar para prevenir este tipo de situaciones. La educación en valores, la promoción de la cultura de paz y el fortalecimiento de las instituciones son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y segura para todos.