Una atmósfera de incertidumbre y malestar se cierne sobre miles de empleados públicos en Argentina. La razón: una serie de exámenes de idoneidad implementados por el gobierno nacional como requisito para la renovación de contratos laborales. La medida, que afecta a más de 40 mil trabajadores, ha generado controversia y preocupación, no solo por la presión que implica para los empleados, muchos de los cuales llevan años en sus puestos, sino también por la desconexión entre el contenido de las pruebas y las tareas que realizan a diario.
Evaluaciones que no evalúan: la disonancia entre la teoría y la práctica
Los exámenes, que comenzaron a tomarse en diciembre en la región del AMBA, evalúan comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos en leyes de administración pública. Si bien estas habilidades son importantes en cualquier ámbito laboral, la crítica central radica en que las pruebas no indagan sobre el conocimiento específico requerido para las funciones que desempeñan los empleados en sus respectivos puestos. Un veterinario del Senasa, por ejemplo, deberá demostrar su capacidad para resolver problemas matemáticos, pero no se evaluará su conocimiento sobre sanidad animal, su experiencia en el control de enfermedades o su manejo de normativas sanitarias específicas.
Gabriela Barbato, referente de la Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación (Apumag), gremio que representa a empleados del Senasa, ha expresado la preocupación de los trabajadores. “Los trabajadores están asustados”, afirma Barbato, señalando la angustia que genera la posibilidad de perder el empleo después de años de servicio. La dirigente gremial destaca la paradoja de que profesionales con amplia trayectoria deban someterse a exámenes genéricos que no reflejan su experiencia ni sus conocimientos específicos.
Esta situación genera un sinsentido que va más allá de la mera evaluación. ¿Cómo es posible que un ingeniero agrónomo con 15 años de experiencia en el control de plagas deba demostrar su idoneidad resolviendo ecuaciones matemáticas que no tienen ninguna aplicación en su trabajo diario? La incongruencia entre el examen y las tareas reales plantea serias dudas sobre el verdadero objetivo de la medida. ¿Se busca evaluar la idoneidad o simplemente se trata de una herramienta para reducir la planta de empleados públicos de manera encubierta?
El temor a la voz: el silencio de los empleados públicos
El temor a represalias ha silenciado a muchos empleados públicos. Contactar a trabajadores para obtener sus testimonios ha sido una tarea infructuosa. El miedo a perder sus empleos, en un contexto económico inestable, los ha llevado a optar por el silencio. Este silencio, sin embargo, es un grito ahogado que revela la profunda inseguridad y el malestar que la medida ha generado. Es comprensible que los trabajadores teman hablar abiertamente, ya que sus contratos penden de un hilo, sujetos a los resultados de un examen que consideran injusto e irrelevante.
La falta de transparencia en el proceso también alimenta la incertidumbre. La fecha de los exámenes en el interior del país aún se desconoce, lo que impide a los empleados planificar sus vacaciones o prepararse adecuadamente. Esta desorganización se suma a la angustia generada por la evaluación en sí misma. La falta de información clara y precisa por parte del gobierno solo profundiza el malestar y la desconfianza entre los trabajadores.
Solidaridad entre la incertidumbre: la respuesta de los gremios
Ante la angustia y la desorientación, los gremios han asumido un rol fundamental en el acompañamiento a los trabajadores. Apumag, por ejemplo, se encuentra brindando apoyo en la preparación para los exámenes, fomentando la solidaridad entre los empleados. Barbato destaca la colaboración entre diferentes profesionales para ayudarse mutuamente a estudiar, una muestra de unidad frente a la adversidad. Esta respuesta solidaria es un rayo de luz en medio de la incertidumbre, demostrando la capacidad de organización y la fuerza colectiva de los trabajadores.
Más allá de la asistencia en la preparación para las pruebas, los gremios también están ejerciendo presión para que se revise la medida. ATE Capital, por ejemplo, ha presentado un amparo judicial para suspender los exámenes, argumentando falta de transparencia, de garantías legales y de consulta previa. La acción legal busca no solo frenar la aplicación de los exámenes, sino también poner en debate la legitimidad del proceso y la necesidad de un diálogo entre el gobierno y los trabajadores.
Un llamado a la reflexión: ¿evaluación o ajuste?
La situación actual plantea interrogantes que trascienden la mera cuestión administrativa. La implementación de exámenes de idoneidad para la renovación de contratos laborales en el sector público debe ser un proceso transparente, justo y, sobre todo, relevante para las funciones que desempeñan los trabajadores. Evaluar la capacidad de un empleado para realizar su trabajo no se reduce a medir su habilidad para resolver problemas matemáticos o comprender textos. Implica considerar su experiencia, su formación específica y su desempeño a lo largo de su trayectoria laboral.
Es necesario preguntarse si el objetivo real de estos exámenes es evaluar la idoneidad o si se trata de una forma encubierta de reducir la planta de empleados públicos. La falta de relación entre el contenido de las pruebas y las tareas laborales, sumada al temor y la incertidumbre que ha generado entre los trabajadores, da lugar a sospechas y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. La falta de transparencia y de diálogo con los gremios solo agrava la situación. Es fundamental que el gobierno reconsidere la medida y abra un espacio de debate con los trabajadores y sus representantes para encontrar una solución justa y equitativa. La estabilidad laboral y la valoración de la experiencia deben ser pilares fundamentales en la gestión de los recursos humanos en el sector público.
