El reciente proceso de evaluación implementado para empleados estatales, bajo el eufemismo de “exámenes de idoneidad”, ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos. Más allá de la aparente intención de medir las capacidades de los trabajadores, este sistema se revela como una herramienta de hostigamiento, discriminación y control político, disfrazada con un manto de supuesta objetividad. Las irregularidades en su implementación, la falta de pertinencia de las preguntas y el contexto de despidos masivos que lo precede, lo convierten en una farsa que atenta contra la dignidad y los derechos laborales de los empleados públicos.
Un examen sin idoneidad: la incoherencia de las preguntas
El contenido de los exámenes ha sido uno de los puntos más criticados. Lejos de evaluar las habilidades y conocimientos específicos requeridos para cada puesto de trabajo, las preguntas se centran en áreas generales como pensamiento lógico-matemático y comprensión de texto, con ejercicios propios de la escuela secundaria. ¿De qué sirve a un trabajador social resolver una regla de tres simple, cuando su labor diaria implica lidiar con complejas problemáticas sociales y la aplicación de políticas públicas? La desconexión entre el contenido del examen y las responsabilidades laborales evidencia la falta de seriedad y el carácter meramente formal de la evaluación.
Camila, empleada del ex Ministerio de Desarrollo Social, relata su experiencia con una mezcla de ironía y frustración: “No evaluaron mi trabajo, sino mis conocimientos previos. Nada de lo que me preguntaron me sirve… lo sentí como una provocación”. Su testimonio, como el de muchos otros trabajadores, revela el sinsentido de un examen que no mide la idoneidad para el puesto, sino que se convierte en un instrumento de humillación y control.
La propia firma del diploma de “aprobado” por parte de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, agrega un componente de cinismo a la situación. Sturzenegger, figura polémica por sus políticas económicas y su responsabilidad en el endeudamiento del país, se erige ahora en juez de la idoneidad de los trabajadores estatales. La ironía no pasa desapercibida para Camila, quien planea usar su aguinaldo para enmarcar el diploma como un símbolo del absurdo.
Esta situación se agrava aún más al considerar las dificultades que muchos empleados enfrentaron para inscribirse en el examen. La página web de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública colapsó durante el período de inscripción, impidiendo a numerosos trabajadores acceder a un turno. A esto se suman reportes de fallas en las tablets que se utilizarían para la evaluación y errores en las respuestas del propio examen. La desprolijidad en la implementación del proceso no hace más que confirmar la improvisación y la falta de planificación que caracterizan a esta medida.
¿Un fracaso anunciado? El 96,3% de aprobados
Los resultados de la primera semana de exámenes arrojan un dato contundente: el 96,3% de los evaluados aprobaron. Esta cifra, lejos de validar la efectividad del proceso, lo expone como una farsa. Si la gran mayoría de los trabajadores estatales son “idóneos” según este cuestionario, ¿cuál era el objetivo real de su implementación? La respuesta parece obvia: generar un clima de miedo e incertidumbre, justificar despidos masivos y debilitar el poder de los sindicatos.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, lo resume con precisión: “Al Gobierno le salió el tiro por la culata. Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023”. El alto porcentaje de aprobados desmonta el argumento de la ineficiencia estatal y deja al descubierto la verdadera intención detrás de los exámenes: una purga política disfrazada de meritocracia.
Más allá de los resultados numéricos, las experiencias de los trabajadores que se sometieron al examen revelan un trasfondo de humillación y maltrato. Romina, empleada del ex Ministerio de Cultura, describe la situación como “humillante”, con “postas de chequeo” y un clima de tensión que nada tiene que ver con una evaluación seria y objetiva. El código QR del diploma de “aprobado”, que al escanearse lanza papelitos de colores como si fuera un festejo infantil, es la cereza del pastel en esta tragicomedia burocrática. La falta de respeto por la dignidad de los trabajadores es evidente.
El trasfondo político: despidos, ajuste y control
La implementación de estos exámenes no puede analizarse de forma aislada. Se enmarca en un contexto de ajuste, despidos masivos y precarización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. El temor a la no renovación de contratos, la amenaza latente de perder el empleo, sobrevuela la experiencia de los trabajadores que se ven obligados a someterse a este proceso humillante. Los exámenes de idoneidad, en este contexto, se convierten en una herramienta más para disciplinar a la fuerza laboral y acallar las voces disidentes.
La judicialización del proceso por parte de ATE Capital, que presentó un amparo para suspender los exámenes, es una muestra de la resistencia que esta medida ha generado en el sector público. El gremio denuncia la falta de transparencia, la violación de los convenios colectivos de trabajo y el carácter inconsulto de la iniciativa. La batalla legal recién comienza, pero la lucha de los trabajadores por defender sus derechos y su dignidad ya está en marcha.
Los “exámenes de idoneidad” no son más que una herramienta de ajuste encubierta, un intento de desmantelar el Estado y perseguir a los trabajadores. Ante esta farsa, la respuesta debe ser la organización, la movilización y la defensa colectiva de los derechos laborales. El futuro del Estado y de la sociedad argentina depende de ello.
